¿Si el trabajador laboró con un consorcio en varias ciudades del país, contra quién debe dirigir la demanda y ante cuál juez se tramita el proceso?

La señora Jenny Paulina Marín Feria demandó al Consorcio Grupo Bureau Veritas – Tecnicontrol S.A., con el fin de que se declarara la existencia de un contrato de trabajo a término indefinido, el cual según lo manifestó en la demanda, terminó el 28 de noviembre de 2014 «por causas imputable al empleador».

El apoderado de Jenny Paulina presentó la demanda ante el Juzgado 20 Laboral del Circuito de Medellín con el fin de obtener mediante el trámite de un proceso ordinario laboral que se declarara la existencia de un contrato de trabajo a término indefinido, y que como consecuencia de ello se le ordenara a la parte demandada cancelarle a la demandante el valor de los salarios y prestaciones sociales dejados de pagar a la terminación del contrato de trabajo, al igual que el valor de  la indemnización por despido sin justa causa, la indemnización moratoria,  la indemnización por la no consignación de las cesantías en un fondo, lo que resultara extra o ultra petita, los intereses moratorios y las costas procesales; así mismo pidió que se declarara como «salario realidad» la suma de $3.750.000 mensuales.

En auto del 25 de julio de 2016, el juzgado 20 Laboral del Circuito de Medellín rechazó la demanda y ordenó la remisión del expediente a los Juzgados Laborales del Circuito de Manizales, por considerar que como la actora no especificó el último lugar donde prestó sus servicios y, como quiera que su domicilio es en dicha ciudad, es a los jueces laborales de esa ciudad a quienes corresponde conocer del trámite, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 del Código de Procedimiento Laboral y de la Seguridad Social, modificado por el artículo 45 de la Ley 1395 de 2010.

Por reparto, el asunto le correspondió al Juzgado Primero Laboral del Circuito de Manizales, quien a través de providencia fechada el 19 de octubre de 2016, se declaró incompetente para conocer del proceso y provocó la colisión negativa de competencia. Para ello, adujo el operador judicial que de acuerdo con la ley el domicilio de la demandante no es el factor determinante para asignar la competencia, puesto que si bien el artículo 5 del Código de Procedimiento Laboral y de la Seguridad Social, que fue modificado por el artículo 45 de la Ley 1395 de 2010, contempló la posibilidad de que el conocimiento radicara en los jueces del domicilio de la demandante, lo cierto es que esta última opción fue declarada inexequible por la Corte Constitucional mediante sentencia C-470 de 2011, con lo cual quedó vigente la regla preexistente, esto es, que la «competencia se determina por el último lugar donde se haya prestado el servicio, o por el domicilio del demandado, a elección del demandante».

Encontró el funcionario judicial que en la demanda se podía advertir que el contrato fue suscrito por las partes en la ciudad de Medellín, lugar que igualmente coincide con el lugar donde la accionante prestó el servicio y con el domicilio de la demandada. 

Como de acuerdo con la ley (numeral 2 del artículo 16 de la Ley 270 de 1996, y numeral 4 del artículo 15 del C. S. del Trabajo y de la Seguridad Social), es a la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia a quien le corresponde dirimir el conflicto de competencia que se presente entre Juzgados de diferente Distrito Judicial, la Sala en comento asumió el conocimiento de la situación.

De entrada señaló la Corte que el artículo 5 del Código de Procedimiento del Trabajo y de la Seguridad Social, modificado por el artículo 3 de la Ley 712 de 2001, establece que “La competencia se determina por el último lugar donde se haya prestado el servicio, o por el domicilio del demandado, a elección del demandante."

Y precisó que del texto de la norma transcrita  se colige que la parte actora tiene la posibilidad de escoger, para fijar la competencia, entre el juez del domicilio del accionado o el último lugar donde haya prestado sus servicios, garantía de que disponen los trabajadores para demandar, que la jurisprudencia y la doctrina han denominado «fuero electivo».

En ese orden, indicó la Corporación que para la fijación de la competencia es determinante la escogencia que haga el interesado al presentar su demanda ante cualquiera de los jueces llamados por ley, “de modo que aquel ante quien se ejercite la acción, queda investido de la facultad suficiente para decidir lo que corresponda.”

Y agregó:

“Una vez revisados los documentos obrantes en el plenario se evidencia que no existe certeza del último lugar donde la actora prestó el servicio, pues si bien es cierto que de forma imprecisa indicó en el acápite de competencia que el conocimiento del asunto correspondía al juez del «domicilio del contrato» y en el hecho segundo de la demanda señaló que «el sitio donde fue firmado dicho contrato, fue la ciudad de Medellín, por tanto, el domicilio de este contrato es la ciudad de Medellín», lo cierto es que el domicilio por ser un atributo de la personalidad se predica únicamente de las personas jurídicas y naturales, más no, como lo afirma la actora «del contrato».

Seguidamente señaló la Corte que si la Sala entendiera que la demandante ahí quiso referirse al domicilio del demandado, se tiene que por tratarse de un consorcio este carece de personería jurídica y, en esa medida quienes tienen capacidad para ser parte son las personas naturales o jurídicas que lo conforman, en este caso, Bureau Veritas Colombia Ltda. y Tecnicontrol S.A.S., las cuales tienen su domicilio en Medellín y Bogotá, respectivamente, de conformidad con los certificados de existencia y representación legal que encontró la Sala en el expediente.

Y subrayó:

De ahí que si los integrantes de un consorcio deben comparecer al proceso, lo harán de manera individual, en condición de demandantes o demandados, según corresponda.

Adicional a lo anterior, observó ese alto Tribunal que en la demanda la actora advirtió que «en Colombia no se exige que los consorcios se inscriban en Cámara de Comercio, razón por la cual no fue posible aportar la dirección de la sede principal del consorcio “Grupo Bureau Veritas – Tecnicontrol S.A.”, pero se aporta la dirección que se conoció de la sede de Bogotá pero no se sabe si el local ya fue desocupado».

Al término de su estudio concluyó la Corte que el Juzgado 20 Laboral de del Circuito de Medellín se había equivocado de manera palmaria, “pues al no tener certeza del último lugar donde la actora prestó el servicio ni tampoco tener en cuenta que esta instauró la demanda contra un consorcio y no contra las personas jurídicas que lo integran, lo procedente -de conformidad con lo establecido en el artículo 28 del Código de Procedimiento Laboral y de la Seguridad Social-, era inadmitir la demanda con el fin de que dicha falencia fuera subsanada y de esta forma prever futuras nulidades o suscitar conflictos de competencias."

Y en tal virtud, ordenó remitir el expediente al Juzgado Veinte Laboral del Circuito de Medellín, para que, procediera de conformidad con lo explicado la providencia  y, “una vez ello ocurra, requiera a la parte accionante a fin de que determine el lugar de conocimiento del proceso, teniendo en cuenta para el efecto, que según los artículos 5 y 14 del Código Procesal Laboral y de la Seguridad Social, puede elegir entre el domicilio de las sociedades que integran el consorcio y el último lugar donde esta prestó el servicio, y una vez ello ocurra se disponga lo pertinente.

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