¿Si el valor de la UPC es suficiente para que las EPS presten un buen servicio a los usuarios, por qué dicho servicio es calificado de pésimo?

Nadie habla bien de las EPS, y todo lo que se escucha de ellas se refiere a corrupción y pésimo servicio. Si antes los usuarios del sistema se sentían inconformes con el ISS,  ahora no son pocos los que lo añoran.

Si uno se detiene por un momento a analizar el valor de UPC (Unidad de Pago por Capitación) que actualmente es de $ 52.497.79 para los afiliados y beneficiarios inscritos en el régimen contributivo, es muy probable que la primera idea que se le venga a la cabeza sea la de que se trata de una suma muy modesta, y eso lo puede llevar a concluir que esa es una de las razones por las cuales las EPS prestan un servicio de tan mala calidad.

Pero esa conclusión resulta equivocada, porque para asignarle el valor a la UPC el gobierno realiza previamente un estudio técnico en el cual entran en consideración todos los costos y variables que demanda la prestación de los servicios contratados y que están contenidos en el POS. Además, porque al valor de la UPC se le suma el de las cuotas moderadoras y  copagos que deben pagar los cotizantes y beneficiarios (en ese orden) cuando requieren de la prestación de dichos servicios.

La suficiencia de la UPC es tan cierta que luego de establecido el valor de ésta para el año 2015, Jaime Arias, presidente de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral - Acemi, organización que agrupa a las EPS, se declaró muy complacido con el nuevo valor, al tiempo que aseguró que en esas condiciones las EPS quedaban en posibilidad de prestarles a los usuarios servicios de muy buena calidad.
Pues bien, si ello es así, ¿entonces cuáles son las causas de que los servicios que prestan las EPS sean calificados por los usuarios como pésimos?

Para muchos analistas, el origen del desbarajuste y la ineficiencia de los servicios que ofrecen las empresas promotoras de salud, es multifactorial, y señalan los siguientes como los más importantes:

-El excesivo afán de lucro de las EPS, que las lleva a reducir costos al punto de poner en grave peligro la salud y la vida de los pacientes.

-La imposición a las IPS, por parte de las EPS, de tarifas absolutamente inaceptables, que las empuja a la iliquidez y al desastre, lo cual se traduce en la prestación de unos servicios deficientes y precarios.

-La exigencia de las EPS a las IPS del otorgamiento de plazos demasiado largos  para el pago de las cuentas de cobro.

-La implantación de sistemas de cobro y facturación excesivamente ventajosos para las EPS y  notoriamente perjudiciales para las IPS.

-La presión indebida que ejercen las EPS sobre las IPS para llevarlas a renegociar las glosas. Según el senador Jorge Robledo, las EPS les ponen todo tipo de trabas y obstáculos a las cuentas de cobro presentadas por las IPS, con el claro propósito de que éstas, acogotadas por la falta de recursos, finalmente acepten el pago de apenas un porcentaje del valor de dichas cuentas.

-La aplicación por parte de algunas EPS de cuantiosos recursos provenientes del Estado y destinados a la prestación de los servicios de salud, a  fines distintos, tales como la compra de lujosas fincas, clubes, etc.

-La no cancelación  oportuna a las IPS del valor de los servicios que éstas les prestan a los afiliados de las EPS., lo cual, hace que las primeras presten los servicios demandados por los usuarios, en condiciones científicas y logísticas inferiores a las requeridas. Se ha dicho, por parte de algunos medios de comunicación, que la mora en el pago de las cuentas de cobro de las IPS por parte de las EPS, ha permitido que la corrupción llene esos espacios, al punto que en algunos casos las IPS se vean obligadas a pagar a intermediarios conectados con funcionarios corruptos  de algunas EPS, un porcentaje del valor de las cuentas de cobro, para que se proceda al pago de éstas.

-El recobro al Fosyga por parte de algunas EPS de servicios no prestados, o por valores superiores a los debidos.

-El pago de salarios y honorarios miserables a médicos, enfermeras, instrumentadoras, odontólogos, y demás profesionales de la salud; la prohibición a los médicos de recetar medicamentos costosos y de ordenar exámenes de diagnóstico so pena de reproche y censura; programarle e imponerle a los médicos y odontólogos tiempos absolutamente insuficientes para la atención de los pacientes, etc.

-Obligar a los pacientes a trasladarse a otras ciudades (algunas ubicadas a  más de 100 kilómetros de distancia de la ciudad de origen) para la práctica de exámenes de laboratorio o a cumplir citas con especialistas, sin cubrirles los costos del transporte.

-Las demoras abusivas para el otorgamiento de citas médicas con especialistas, o para la práctica de procedimientos de fisioterapia.

-Obligar a los pacientes a trasladarse a ciudades alejadas de su sede para someterse a procedimientos quirúrgicos,   lugares en los cuales el paciente no tiene familia ni amigos, por lo que se ve obligado a regresarse a su ciudad de origen al día siguiente de su operación, o sea en condiciones de alto riesgo para su salud.

Si me propusiera agotar la lista de las situaciones que ocasionan la insatisfacción y el disgusto de los usuarios por los servicios que prestan las EPS, necesitaría dedicarle al tema por lo menos dos columnas más. De ahí que prefiera cederles la palabra a los lectores para que agreguen a este inventario las que consideren que faltan.

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