Si una administración de impuestos contrata con terceros el cobro de tributos los gastos deben ser asumidos por dicha administración

En el derecho privado, cuando un acreedor demanda judicialmente al deudor, los honorarios del abogado o las costas del proceso por regla general deben ser asumidos por el deudor, pero tal caso no sucede cuando una administración de impuestos, sea municipal, departamental o nacional, decide contratar el cobro de una deuda tributaria a un abogado externo. Ni la administración de impuestos puede exigir tal pagos, ni mucho menos el abogado directamente al contribuyente.

Si la administración de impuestos contrata a un abogado para la recuperación de la cartera morosa en cuento a impuestos se refiere, los honorarios del abogado no los debe pagar el contribuyente ejecutado, sino la administración misma.

En ese sentido se manifestó al Consejo de estado, sección segunda,  en sentencia de octubre 14 de 1999, expediente Ac-8706,  en donde afirmó que la facultad coactiva de la administración tributaria debe entenderse referida exclusivamente al valor de los impuestos, sanciones e intereses a cargo del contribuyente, y que los gastos de administración de tales obligaciones deben ser asumidos enteramente por el ente estatal.

Es natural que al contribuyente sólo se le puede cobrar lo que la ley permite, y en efecto la ley sólo contempla el cobro de impuestos, sanciones e intereses, y no hay ley conocida que permita considerar que a las administraciones de impuestos les está permitido cobrar al contribuyente los costos de un proceso coactivo en procura de lograr el recaudo de los tributos adeudados, aun cuando estén plenamente determinados y el contribuyente deliberadamente haya optado por no pagarlos.

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