Sociedades ya no podrán readquirir acciones cuyo propietario no haya ejercido los derechos durante los últimos 20 años

Las sociedades ya no podrán readquirir las acciones cuyo propietario, durante 20 años no haya ejercido los derechos que le confiere la posesión de las acciones.

Esta posibilidad estaba contemplada por el artículo 70 de la ley 510 de 1999:

A los poseedores de acciones inscritas en el Registro Nacional de Valores y en una o más bolsas de valores del país que durante un término de veinte (20) años no hayan ejercido ninguno de los derechos consagrados en la ley o en los estatutos sociales, la sociedad podrá, previa aprobación de la asamblea de accionistas, readquirir sus acciones consignando el precio que corresponda, de acuerdo con el valor patrimonial de la acción al último ejercicio contable anterior a la readquisición, en una partida a disposición del o los accionistas.

Esta facultad otorgada a la sociedad y a la asamblea de socios, permitía “expropiar” las acciones a quien no hubiera ejercido los derechos propios por un término de 20 años, lo cual naturalmente se hacía en contra de la voluntad del poseedor de las acciones.

Bien, la Corte constitucional, mediante sentencia C-133 de 2009, declaro inexequible este artículo, bajo los siguientes argumentos:

El análisis de la Corte parte de la consagración de la propiedad privada como derecho constitucional, pleno, exclusivo, autónomo e irrevocable, al tiempo que debe cumplir funciones sociales y ecológicas, dirigidas a asegurar el cumplimiento de varios deberes constitucionales, entre los cuales se destacan la protección del ambiente, la salvaguarda de los derechos ajenos y la promoción de la justicia, la equidad y el interés general. De este modo, el derecho de propiedad está limitado por la prevalencia del interés público y social, la función social y la función ecológica, pero igualmente puede ser objeto de expropiación (art. 58 C.P.) y extinción del dominio (art. 34), por los motivos establecidos en la Constitución.

La corporación reiteró que de acuerdo con la normatividad constitucional, la privación de la titularidad del derecho de propiedad privada contra la voluntad de su titular, requiere del cumplimiento de ciertos requisitos: (i) que existan motivos de utilidad pública o de interés social definidos por el legislador; (ii) que exista decisión judicial o administrativa, esta última sujeta a posterior acción contencioso administrativa, incluso respecto del precio; (iii) que se pague previamente una indemnización por el traspaso del derecho de propiedad a la Administración, la cual debe ser justa, según lo previsto en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Situación distinta es la de la extinción del dominio, que implica la pérdida de la propiedad a favor del Estado por causa de la ilicitud del título de adquisición de los bienes, sin que haya en este caso indemnización alguna. Así mismo, la confiscación configura una pena que afecta el patrimonio de la persona que ha sido condenada como responsable de un delito, que implica la pérdida de sus bienes a favor del Estado, pena que está prohibida en el artículo 34 de la Constitución. Así mismo, está prohibida la apropiación oficial indebida sin causa y procedimiento legal, por vía de simple aprehensión del patrimonio de una persona.

En el caso concreto del artículo 70 de la Ley 510 de 1999, la Corte determinó que resulta violatorio del derecho de propiedad y del debido proceso. En efecto, la norma acusada establece una serie de prerrogativas para la sociedad y la asamblea de accionistas con el propósito de decretar la pérdida de la propiedad de unas acciones a su favor, pero no determina ni dice nada en relación con los derechos de reconocimiento constitucional en cabeza de quien no desea dar por perdida su propiedad. Al despojarse de su dominio a los poseedores de acciones inscritas en el registro nacional y en una o más bolsas de valores del país, por no haber ejercido ninguno de los derechos consagrados en la ley o en los estatutos sociales por un término de 20 años, se está violentando la Constitución, por cuanto dicha dejación forzosa del dominio accionario no deviene ni de motivación señalada por la ley ni de sentencia judicial que la reconozca. Por el contrario, es un órgano particular como la asamblea de accionistas quien decide despojar de su dominio al propietario de las acciones, desconociendo entonces las exigencias constitucionales de ley previa y de sentencia judicial como limitantes de la propiedad. Además, bien puede ocurrir que un propietario de acciones no ejerza por un período largo aquellos derechos, pero se limite a gozar y disfrutar de los dividendos que éstas le proporcionan (ius fructus), sin que ello implique un “hacer” de su parte. Con fundamento en lo expuesto, la Corte procedió a declarar inexequible el artículo 70 de la Ley 510 de 1999.

Lo anterior es lo que anuncio la Corte constitucional en de prensa numero 09 de febrero 25 de 2009.

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