Reintegro del trabajador – ¿Qué debe hacer el juez si al momento de dictar sentencia la empresa está en liquidación o ya fue liquidada?

Puede suceder, y de hecho sucede con relativa frecuencia, que al momento de presentarse la demanda judicial encaminada a lograr por esa vía el reintegro del trabajador, la empresa se encuentra funcionando en condiciones aparentemente normales, pero luego, durante el desarrollo del proceso ordinario laboral, ésta entra en liquidación.

Así se debe resolver la situación cuando el trabajador no logra probar con exactitud los extremos temporales del contrato de trabajo

Aunque el tema que nos proponemos desarrollar en la columna de hoy está relacionado con el principio de la carga de la prueba, no vamos a abundar en detalles sobre dicha figura, pues consideramos que podemos acercar a los lectores al tema seleccionado señalando simplemente que en materia procesal está establecido que al demandante le corresponde probar los hechos en que funda su acción, o sea que debe probar los hechos que le sirven de fundamento a sus pretensiones; que el demandado, cuando excepciona, debe probar los hechos en que sustenta su defensa; y que si el demandante no logra probar los hechos en que apoya su acción, el demandado debe ser absuelto.

Aplicación del principio de Non Reformatio In Pejus admite excepciones

Existe en el derecho procesal (incluido el laboral) un principio que se denomina Non Reformatio In Pejus (que literalmente podría traducir no reformar para empeorar), que consiste en que cuando solo una de las partes del proceso (demandante o demandado) apela una providencia, el juez de segunda instancia al resolver sobre el recurso interpuesto no puede hacer más gravosa la situación de ese apelante único, por cuanto se supone que el recurso lo interpuso respecto de lo desfavorable.

¿Si el trabajador laboró con un consorcio en varias ciudades del país, contra quién debe dirigir la demanda y ante cuál juez se tramita el proceso?

La señora Jenny Paulina Marín Feria demandó al Consorcio Grupo Bureau Veritas – Tecnicontrol S.A., con el fin de que se declarara la existencia de un contrato de trabajo a término indefinido, el cual según lo manifestó en la demanda, terminó el 28 de noviembre de 2014 «por causas imputable al empleador».

Carga de la prueba en la mala fe del de empleador a la luz del artículo 65 del código sustantivo del trabajo

El artículo 65 del código sustantivo del trabajo contempla una indemnización para el trabajador al que luego de haber terminado el contrato de trabajo no se le pagan los valores adeudados, pero la jurisprudencia laboral ha señalado que dicha indemnización procede sólo si el empleador actuó de mala fe al no pagar oportunamente lo que debía al trabajador.

Favorabilidad, In dubio pro operario y Condición más beneficiosa – Tres principios del Derecho laboral que con frecuencia algunas personas confunden

No vamos a hablar hoy en esta columna de la importancia y trascendencia de estos tres principios, pues dada la amplitud del tema se necesitaría un espacio superior al que se nos otorga,  pero sí vamos a ocuparnos en poner de presente la diferencia que existe entre ellos.

Sancionando apoderado que promovió conciliación laboral ante inspector de trabajo sin advertir que la competente era la Procuraduría

El Consejo Superior de la Judicatura recuerda que la competencia para adelantar la Conciliación Contencioso Administrativa radica en la Procuraduría General de la Nación y no en el inspector de trabajo. 

A la corte suprema no le corresponde fijar el alcance o sentido de las normas convencionales

Una relación laboral está gobernada en primera instancia por las normas legales como el código laboral y demás normas expedidas por el gobierno o por el congreso, pero también por las llamadas normas convencionales, es decir aquellas reglas acordadas entre las partes involucradas en la relación laboral, como puede ser una convención colectiva o incluso el mismo contrato de trabajo.

Inexequible norma que establecía sanción millonaria para el apoderado que no presentaba demanda de casación laboral durante el término legal

Tal como lo comentamos hace unos meses en este mismo espacio, el legislador estableció a través del inciso 3º del artículo 49 de la ley 1395 de 2010, una multa por valor hasta de 10 salarios mínimos legales mensuales ($ 6.894.550), por concepto de sanción para el abogado que interponga el recurso de casación y no presente la respectiva demanda  dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que se le concede o admite el recurso.

Audiencia de Conciliación laboral – Solo puede aplazarse por una sola vez a solicitud de cualquiera de las partes

No es posible un segundo aplazamiento así lo solicite la otra parte.

Tal como lo prevé el artículo 77 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, modificado por el artículo 11 de la ley 1149 de 2007, si antes de la hora señalada para llevar a cabo la audiencia obligatoria de conciliación, decisión de excepciones previas y saneamiento y fijación del litigio, alguna de las partes presenta prueba siquiera sumaria de una justa causa para no comparecer, el juez señalará nueva fecha para celebrarla, la cual será dentro de los 5 días siguientes a la fecha inicial, sin que en ningún caso pueda haber otro aplazamiento.