Territorialidad en el impuesto de industria y comercio

El principio de territorialidad en el Impuesto de industria y comercio, supone que un determinado municipio sólo puede cobrar el respectivo impuesto sobre los ingresos obtenidos en su jurisdicción, lo que lleva a que el contribuyente para determinar la base gravable deba restar del total los ingresos, los ingresos obtenidos o generados en otros municipios.

Se considera que el sujeto pasivo o contribuyentes ha obtenido ingresos en un municipio cuando ha desarrollado actividades comerciales, industriales o de servicios en su jurisdicción, utilizando o no un establecimiento comercial.

El sólo hecho de llevar a cabo la operación gravada en predios del municipio ya lo convierte en responsable del impuesto.

La ley 14 de 1983 ya no exige que la realización del ingreso se haga mediante Establecimientos de comercio, Sucursales comerciales o Agencias comerciales; es suficiente con que se haga uso de las instalaciones e infraestructura de un municipio para generar el ingreso, para que se deba tributar en el respectivo municipio.

En principio no debe existir dificultad alguna para determinar cuando un ingreso es generado en uno o en otro municipio, pero hay casos en que el hecho generador sucede en varios municipios al tiempo, o se requiere que en cada municipio se desarrolle un proceso diferente, por lo que en estos casos resulta complicado determinar en cual de todos se deben pagar los Impuestos.

Para tratar de aclarar el concepto de territorialidad que mejor que remitirnos a la doctrina y jurisprudencia existente sobre este tema:

Consejo de Estado. - Sala de lo Contencioso Administrativo. - Sección Cuarta. - Santafé de Bogotá, D.C., siete (7) de junio de mil novecientos noventa y seis (1996). Consejero Ponente: Doctor Delio Gómez Leyva:

El punto fundamental que se debate en la demanda consiste en considerar si los ingresos obtenidos por ventas efectuadas en Barranquilla pueden ser gravadas en el Municipio de Medellín.

La Sala comparte los argumentos del Tribunal a quo, y habrá de confirmar la providencia apelada, porque conforme a la Ley 14 de 1983, Artículo 31, el impuesto de industria y comercio es un tributo de carácter municipal cuyo hecho generador es la actividad comercial, industrial o de servicios que debe tener ocurrencia dentro de la respectiva jurisdicción municipal y cuya base gravable, consecuencialmente está constituida por los ingresos generados por tal actividad, también dentro del municipio respectivo.

Estos elementos del tributo, hecho generador y base gravable tienen, a su vez, el elemento territorial que contrae la ocurrencia de aquellos al ámbito de cada municipio, todo lo cual ha sido fijado por la ley y no puede ser modificado por los acuerdos o normas locales que lo regulan en cada jurisdicción, y menos por los funcionarios administrativos encargados de aplicarlas.

Ya en reiteradas oportunidades la Sala ha precisado que una de las características del impuesto de industria, comercio y avisos en su carácter local, que restringe su ámbito de aplicación y sus alcances a los límites territoriales del respectivo municipio. No se pueden gravar así las actividades realizadas en un determinado municipio, sujetas allí a gravamen, en cualquiera otra localidad aduciendo que es en esta última a donde se destina, o consume el producto, pues por una parte el hecho generador no es el consumo de bienes y servicios sino la prestación de actividades industriales, comerciales y de servicios y por la otra, el sujeto pasivo del gravamen no se sitúa en el lugar de consumo sino en el lugar en donde se realice la actividad gravada.

De aceptar la tesis de la apoderada de Medellín implicaría gravar absolutamente en este Municipio la totalidad de las empresas cuyos productos se consumen en este Municipio incluidas las ventas efectuadas por sociedad en el extranjero, que escapan obviamente a la actividad impositiva del Estado Colombiano.

Así las cosas, no podía la Administración de Medellín imponer gravámenes sobre ventas efectuadas en otros municipios, distintos a su jurisdicción pues la Ley 14 de 1983 compilada en el Decreto ley 1333 de 1986, lo que señala es el hecho generador y la base gravable y no puede un municipio incluir en ésta ingresos percibidos por la comercialización de los bienes producidos, cuanto ésta se efectúa en otros municipios.

Por último, observa la Sala, que la sentencia apelada coincida con el criterio del Consejo de Estado expresado desde la sentencia del 2 de marzo de 1992 (Expediente No. 3581, Actor: Aluminio Reynolds Santo Domingo S.A., Ponente Doctor Carmelo Martínez Conn), oportunidad en la cual consideró con fundamento en el Artículo 31 de la Ley 14 de 1983 que el ejercicio de la actividad industrial en la ciudad de Barranquilla (sede principal) le da derecho a esta ciudad a liquidar el impuesto sobre el valor de la comercialización de la producción realizada en ella en su condición de industrial. Por lo tanto, los ingresos por venta realizadas en dicha ciudad forman parte de la base gravable, aunque su destino sea clientes de otras ciudades, porque es Barranquilla en donde se reputa realizada la venta en desarrollo de la actividad industrial.

Distinto es el caso de las empresas que mediante un establecimiento de comercio realizan actividades comerciales en municipio distinto al de su sede fabril, evento en el cual el Municipio en cuyo territorio se realice tal actividad, puede imponer el gravamen conforme con las previsiones de las Leyes 14 de 1983 Artículos 31 a 33 y 49 de 1990 Artículo 77”

 

Retención en la fuente en el Impuesto de industria y comercio.

Así como un municipio no puede cobrar Ica sobre los ingresos de otros municipios, obviamente tampoco se puede aplicar retención en la fuente sobre ingresos que no tributan en el municipio.

Teniendo en cuenta que la retención en la fuente es un recaudo anticipado del Impuesto de industria y comercio, no es posible afectar con dicha retención a los ingresos originados en otros municipios, debido a que estos no deben tributar, y si no deben pagar impuesto alguno, no debe haber razón para aplicar retención en la fuente por Ica.

Sobre el respecto el Consejo de estado se pronunció de la siguiente forma:

Consejo de Estado.- Sala de lo Contencioso Administrativo.- Sección Cuarta.- Santafé de Bogotá, D.C., noviembre veintidós (22) de mil novecientos noventa y seis (1996).

“CONSIDERACIONES DE LA SALAPrevio a decidir, llama la atención de la Sala que la sustentación de fondo del fallo materia del recurso, corresponda íntegramente a la transcripción de las consideraciones expuestas en el proveído que decretó la suspensión provisional de los efectos de las normas acusadas, proceder que desatiende la naturaleza, requisitos y finalidades de la medida, (art. 152 del C.C.A.), pues en la providencia que decide la solicitud de suspensión, la actividad del juez se limita a una simple verificación directa y valoración prima facie de legalidad, que no constituye prejuzgamiento alguno, cuestión que excluye el examen y análisis de fondo de la juridicidad del acto, estudio que debe efectuarse en oportunidad diferente, esto es, en la sentencia, providencia en la que debe atenderse lo previsto en artículo 170 lb.Precisado lo anterior, se observa que las disposiciones materia de demanda, corresponden a los apartes destacados del artículo 2º y su parágrafo del Acuerdo Nº 055 de 1995, que disponen:

“Artículo Segundo. Modifíquese el artículo 46 del Código de Rentas, el cual quedará así:

«Artículo 46. Base gravable de contribuyentes con ingresos fuera de Valledupar.

»El contribuyente que perciba ingresos por actividades industriales, Comerciales o de Servicio realizados en lugares distintos al Municipio de Valledupar, podrá descontar de la base gravable, los ingresos obtenidos en esos Municipios siempre y cuando hayan declarado y pagado el Impuesto de Industria y Comercio, Avisos y Tableros en los Municipios donde asegura haber obtenido los ingresos y se encuentren debidamente registrados en los libros de contabilidad.

» Se entiende que una actividad Industrial, Comercial o de Servicios se realiza fuera de Valledupar, cuando el acto de venta de los productos o de Servicios o la suscripción del contrato respectivo se cumple fuera del Municipio.

»Retención del Impuesto de Industria y Comercio.»Los establecimientos Industriales, Comerciales o de Servicios, incluidos los establecimientos públicos, las Sociedades de Economía Mixta y las Empresas Industriales y Comerciales del Estado del orden Nacional, Departamental y/o Municipal, que realicen el hecho generador de la obligación Tributaria, deben retener a título de Impuesto de Industria y Comercio, un milaje igual al que deberán tributar en la actividad Industrial, Comercial o de Servicios, según las tarifas establecidas en el artículo 49 del Código de Rentas, por aquellos pagos o abonos en cuentas susceptibles de constituir Ingresos gravables de Industria y Comercio, por quienes lo reciban y no estén registrados en la sección de Industria y Comercio, del Municipio; valor que deben consignar en la Tesorería Municipal o en las Entidades Bancarias que indique la Secretaría de Hacienda Municipal, dentro de los primeros quince (15) días calendario del mes siguiente al recaudo.Parágrafo: Los recaudos (sic) de la retención del Impuesto de Industria y Comercio, deben presentar ante la División de Impuesto de la Secretaría de Hacienda Municipal o ante la Entidad Bancaria Financiera encargada de la Administración y vigilancia del recaudo de la retención, una declaración mensual de retención sobre la compra de productos o servicios en los formatos diseñados para tal fin, junto con los recibos de consignación de los valores recaudados por tal concepto; en caso contrario la persona Natural o Jurídica encargada de efectuar la retención, pagará de su propio peculio las sumas dejadas de recaudar.

»Cuando los recaudadores responsables de efectuar la retención del Impuesto de Industria y Comercio no consignen dentro de los primeros quince (15) días del mes siguiente, serán sancionados con multas sucesivas de quince salarios mínimos legales diarios, hasta la fecha que consigne el dinero recaudado.

»Las sanciones a los recaudadores de la retención del Impuesto de Industria y Comercio, serán impuestas por el Jefe de la División de Impuestos, previo visto bueno del Secretario de Hacienda, y éstas dependerán del monto de la evasión o inexactitud y para sus efectos se harán acreedores al régimen de sanciones contemplados en el capítulo 4 del Código de Rentas de Valledupar»”.

Respecto del acto demandado, se observa que mediante la disposición transcrita, se modificó el artículo 46 del Código de Rentas del municipio de Valledupar, según su título, relativo a la “Base Gravable de contribuyentes con ingresos fuera de Valledupar” y específicamente, las normas materia de acción, corresponden al inciso 3º, que estableció la “Retención del Impuesto de Industria y Comercio” y su parágrafo, que introdujo al ordenamiento municipal la declaración mensual de retención, así como las obligaciones y sanciones a los responsables.

Antes de emprender el análisis de fondo de dicho acto, estima la Sección Pertinente, efectuar brevemente algunas consideraciones, de carácter general, acerca de la competencia de las entidades territoriales en el campo impositivo y especialmente en materia de administración y cobro de tributos.

Facultades de Administración y Recaudo de los Tributos Territoriales.

Como es sabido, existen claras diferencias entre la función de crear o establecer tributos y la de administrar y recaudar los ya adoptados. La primera de dichas funciones, vale decir, la de crear tributos, debe ser ejercida directamente por el Congreso, dado que respecto de ella existe la reserva de ley que consagra el artículo 150-12 de la Carta, que le atribuye al legislador la función de autorizar la creación de los tributos.

En este campo se cumple la principal actividad tributaria de señalar las bases para el nacimiento de la obligación, la indicación de los sujetos, el hecho generador, las tarifas, periodos, etc.

Así mismo, si el tributo ha sido creado para regir en el ámbito local, la decisión sobre su adopción o establecimiento en la respectiva jurisdicción corresponde a la respectiva entidad territorial, decisión política que debe ser tomada mediante acto del concejo (arts. 313-4 y 287-3 de la Carta) y en todo caso, con sujeción a lo dispuesto en la Constitución y la ley.

Respecto de la segunda, cabe observar que administrar y recaudar un tributo es otra función diferente a la de creación de los impuestos, que corresponde a la tarea de cobrar y permitir que se materialice y ejecute lo establecido en la ley, para arbitrar recursos propios del nivel territorial, a cuyo efecto, compete a la entidad respectiva incorporar a su presupuesto la correspondiente renta, así como disponer la reglamentación pertinente a la regulación del procedimiento para el exacto recaudo, fiscalización, control y ejecución coactiva del tributo y en general, todos los aspectos que conlleva el establecimiento de los medios para su determinación individual.

En este orden de ideas y en la forma como se desprende, entre otros, del artículo 287-3 de la Carta, las entidades territoriales a través de sus concejos municipales tienen competencia para “Administrar los recursos...”, vale decir, regular lo atinente a la administración, recaudo y control de los tributos establecidos para regir en el ámbito local, con la autonomía que a éstos entes les reconoce la Constitución, atribución que desde luego, debe ser ejercida “dentro de los límites de la Constitución y la ley”, como allí se advierte perentoriamente. Consecuencialmente en su desarrollo no pueden ser modificados los elementos estructurales de los tributos, ni variar lo dispuesto en la ley.

A nivel legal, el artículo 62 de la Ley 55 de 1985, (203 del Decreto 1333 de 1986) previó en materia de reglamentos que, “para efectos de la correcta liquidación y pago del Impuesto de Industria y Comercio, los concejos municipales expedirán los acuerdos que garanticen el efectivo control y recaudo del mencionado impuesto”.

Así mismo, la Ley 43 de 1987 en su artículo 47, autorizó a los conceptos para establecer a título de anticipo del Impuesto de Industria y Comercio, una suma hasta del 40% del impuesto determinado privadamente por los contribuyentes, la cual será abonada al impuesto a cargo en el año o periodo siguiente.

Por regla general, los mecanismos de cobro anticipado de los tributos, tales como las retenciones en la fuente o los anticipos, son instrumentos de captación eficiente de recursos, tendientes a obtener abonos a buena cuenta de la obligación tributaria, que facilitan el ingreso permanente de fondos a las arcas públicas, y constituyen además medio de control a la evasión.

Dichas herramientas de aceleración de la captación de los tributos unilateralmente impuestos por el Estado, son instrumentos esenciales de los que dependen la capacidad de gestión y ejecución y forman parte de las diferentes medidas que pueden dictar los concejos municipales para “reglamentar su recaudo”. No obstante, se repite, el ejercicio de esta facultad, así como de las demás que la Carta confiere a los concejos, encuentra su límite propio en la Constitución y la ley”.

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3 Opiniones
  1. Javier lopez Giraldo dice:

    Buenos dias, tengo la siguientes pregunta.

    La empresa que asesoro esta ubicada en la ciudad de palmira, alquilo una cadera a una empresa ubicada en el municipio de montelibano-Cordoba en el año 2011, dicho alquiler fue por cuatro meses y la empresa a quien se le alquilo le efectuo rte ica, el cual fue cancelado en ese respectivo municipio. Cuatro años despues el municipio de montelibano le envia emplazamiento para declarar. pregunto se debe de presentar dicha declaracion habiendose pagado el impuesto por el sistema de rte ica o si me pueden ayudar con una sentecia del consejo de estado.

    • Rubiela Meneses Zuñiga dice:

      Somos uns empresa de Bogotà quien contratò con Mindefensa, en el año 2011, Recibimos un emplazamiento de la alcaldia del municipio de Nilo donde dice: que tenemos que liquidar impuestos por ese contrato ya que se ejecutò en Tolemaida, del mencionado municipio. Pero nosotros pagamos los impuestos respectivos en Bogotà. Que debemos hacer en este caso?
      Agradeciendo de antemano su atenciòn y colaboraciòn

  2. Albeiro Agudelo dice:

    Si un municipio pretende cobrar el impuesto de industria y comercio a empresas ubicadas fuera de su territorio porque estas empresas realizan ventas a empresas de su territorio, entonces deberían tambien aceptar que las empresas ubicadas en su territorio tributen en otros municipios donde estas efectuen sus ventas.

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