Testimonio de terceros no afecta valor probatorio de la contabilidad

El testimonio de terceros no afecta el valor probatorio de la contabilidad, siempre y cuando esta se lleva en debida forma y no haya sido desvirtuada por la administración de impuestos.

En los procesos tributarios el testimonio de terceros a menudo obran como prueba, pero esta prueba por sí sola no es suficiente para desvirtuar los hechos y valores contenidos en la contabilidad, cuando está se ajusta a la ley, y además no ha sido controvertida por la administración de impuestos.

Así lo ha considerado el consejo de estado, sección cuarta en sentencia  julio 17 de 2008, expediente 16156:

De las pruebas recaudadas por la Administración se observa que la adición de ingresos se fundamenta principalmente en testimonios de ex trabajadores de la sociedad actora. Al respecto esta Sala observa que el artículo 752 del E.T. prevé:

“La prueba testimonial no es admisible para demostrar hechos que de acuerdo con normas generales o especiales no sean susceptibles de probarse por dicho medio, ni para establecer situaciones que por su naturaleza suponen la existencia de documentos o registros escritos, salvo que en este último caso y en las circunstancias en que otras disposiciones lo permitan exista un indicio escrito”

De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta que las glosas propuestas por la Administración se contraen a la adición de ingresos, esta Corporación advierte que el respaldo probatorio debe estar conformado por facturas, soportes y documentos contables, extractos bancarios, etc., de la compañía investigada, lo que hace inconducente la prueba testimonial, máxime cuando en el presente caso, no estuvo acompañada de medios probatorios que soportaran lo expresado por los testigos pues estos allegaron facturas expedidas por terceros (XXX) a la sociedad XXX y extractos bancarios (XXX) (fl. 445 c.a.) que no vinculan a la sociedad actora, lo cual tampoco permite demostrar que la real beneficiaria de los pagos bien sea directa o indirectamente, por concepto del contrato de prestación de servicios de carga haya sido la demandante y ni siquiera puede tenerse como indicio escrito como exige el precepto.

Ahora bien, la Administración partió de la existencia de un contrato celebrado entre la contribuyente y XXX, en el que se consagró la exclusividad de la demandante para prestar el servicio de carga a la sociedad extranjera. No obstante como lo alega la parte recurrente, la sola suscripción del contrato no constituye hecho generador del impuesto de renta, pues para ello se requiere que se ejecuten las obligaciones y se obtenga la contraprestación pactada, es decir la percepción de ingresos.

En efecto, la Sala observa que la recurrente tanto en vía gubernativa como ante esta jurisdicción ha sostenido que a pesar de haber celebrado el mencionado contrato a partir del segundo semestre del 2001 no pudo cumplir con las obligaciones pactadas y por ello desde ese momento no aparecen registros contables de ingresos por tal concepto.

Del análisis de la información contable que obra en el expediente como son los estados financieros, las notas a los mismos, el libro mayor y balances, así como la certificación del revisor fiscal (fls. 493 y ss c.a.) se establece que el argumento de la actora no fue desvirtuado por la Administración, toda vez que ni los mencionados documentos ni las demás pruebas recaudadas y que resultarían idóneas para demostrar la percepción de ingresos bien sea directa o indirectamente por la actora como contraprestación del contrato de exclusividad, permiten inferir que aquélla recibió pagos en virtud de éste. De otro lado, la existencia de un contrato de exclusividad y otro con XXX no demuestra necesariamente la percepción de ingresos por concepto de este último, cuya ejecución no aparece demostrada en el expediente.

Por lo anterior esta Corporación estima que la contabilidad de la demandante constituye plena prueba de conformidad con el artículo 774 del E.T. al no haber sido desvirtuada por la Administración. Por su parte los testimonios, como se explicó, no son pruebas idóneas y suficientes para despojar a los asientos contables de la eficacia probatoria que la ley le ha otorgado cuando se llevan en debida forma (art. 772 E.T.), como ocurre en el presente caso.

Ahora bien, el hecho de que no se haya probado mediante escrito, como lo exige el Tribunal, que las partes dieron por terminado el contrato o que lo suspendieron, tampoco permite inferir que aquél se haya continuado ejecutando, porque la manifestación escrita de las partes en tal sentido no es requisito legal o indispensable para la terminación o suspensión del acuerdo, máxime cuando de conformidad con el artículo 1566 del C.C. todo contrato envuelve una condición resolutoria tácita.

Por lo expuesto, en el caso concreto, no puede la Administración tomar como fundamento de la adición de ingresos pruebas testimoniales, amén de que las normas tributarias le otorgan amplias facultades de investigación y fiscalización (art. 684 E.T.) para desvirtuar la contabilidad del contribuyente y para obtener medios probatorios directos y contundentes que le permitan tener la certeza y veracidad requerida en la determinación de los tributos.

El testimonio aunque puede ser considerado como prueba,  servirá para restar valor probatorio a al contabilidad sólo si está acompañado de otro tipo de pruebas que lleven al convencimiento que la contabilidad no representa fielmente la realidad económica de la empresa.

Es evidente que un simple testimonio sin documentos que soporten y respalden las aseveraciones hechas, no puede ser suficiente para desvirtuar el valor probatorio que la ley ha otorgado a la contabilidad.

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