Improcedencia de la acción de tutela respecto de derechos inciertos y discutibles

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En el universo del derecho laboral y de la seguridad social existen dos tipos de derechos: los inciertos y discutibles, y los ciertos e indiscutibles.

Y para saber cuáles son los elementos que distinguen a estos últimos, podemos acudir a la Sentencia del 8 de junio de 2011 (radicado 3515) de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en la que esa Corporación  señaló lo siguiente:   

«el carácter de cierto e indiscutible de un derecho laboral, (…) surge del cumplimiento de los supuestos de hecho o de las condiciones establecidas en la norma jurídica que lo consagra, un derecho será cierto, real e innegable, cuando no haya duda sobre la existencia de los hechos que le dan origen y exista certeza de que no hay ningún elemento que impida su configuración o su exigibilidad»

Dicho en forma sencilla, un derecho es cierto e indiscutible cuando se han cumplido en debida forma  los requisitos o condiciones que exige la norma jurídica que consagra ese derecho, y hay certeza de que no existen elementos o situaciones que obstaculicen su exigibilidad.

Así por ejemplo, si un afiliado a Colpensiones cumplió los 62 años de edad y reunió las 1300 semanas cotizadas, su derecho a la pensión de vejez es cierto e indiscutible.

«En este orden de ideas, un derecho es cierto e indiscutible cuando está incorporado al patrimonio de un sujeto y haya certeza sobre su dimensión, es decir, cuando hayan operado los supuestos de hecho de la norma que consagra el derecho, así no se haya configurado aún la consecuencia jurídica de la misma.»

Ejemplo.

El afiliado cumplió la edad y completó las semanas requeridas pero no se ha pensionado.

«Por el contrario, un derecho es incierto y discutible cuando los hechos no son claros, cuando la norma que lo consagra es ambigua o admite varias interpretaciones, o cuando el nacimiento del derecho está supeditado al cumplimiento de un plazo o condición y existe una circunstancia que impide su nacimiento o exigibilidad.»

Ejemplo.

La indemnización por despido cuando el trabajador alega que fue injusto y el empleador niega el despido o el carácter de injusto.

Ahora bien, al igual que ocurre con la transacción y la conciliación laboral, que no pueden darse con respecto a derechos ciertos e indiscutibles, la acción de tutela también se torna improcedente cuando se invoca con el fin de superar la presunta violación de derechos de ese mismo tipo.

A ese respecto dice la Corte:

«Teniendo en cuenta que la acción de tutela se invoca con el objetivo de superar en forma pronta y eficaz la vulneración incoada, para que el juez constitucional pueda impartir órdenes de protección dirigidas a materializar las garantías fundamentales involucradas, resulta primordial la certeza y carácter indiscutible de las acreencias laborales o prestaciones sociales con las que se lograría la realización efectiva de dichos derechos.»

Recordó la Corte que en la Sentencia T-194 de 2003, esa Corporación conoció el caso de varios trabajadores que acudieron a la acción de tutela con el fin de que se les pagaran salarios convencionales, indemnizaciones y prestaciones sociales adeudadas por las entidades accionadas como medida transitoria mientras se definía en la jurisdicción laboral si tenían derecho al pago completo e indexado de sus salarios.

En esa ocasión la Corte sostuvo que:

«la procedencia de la acción de tutela respecto del pago de acreencias laborales inciertas y discutibles es más restringida, toda vez que éstos se encuentran en discusión, y en esa medida quien debe pronunciarse sobre este asunto es el juez laboral. Por lo tanto, en estos eventos, cuando se alegue la transgresión del derecho al mínimo vital, derivada de la ausencia o tardanza en el pago de prestaciones laborales esta debe ser probada. Con base en lo anterior, este Tribunal concluyó que al tratarse de una controversia que se encuentra en tela de juicio, y ante la ausencia de prueba de la afectación al mínimo vital, los recursos de amparo resultaban improcedentes, pues la vía idónea para perseguir el pago salarios convencionales, indemnizaciones y prestaciones sociales era el proceso ordinario laboral.»

Y puntualizó:

«En síntesis, la jurisprudencia constitucional ha establecido que mientras las controversias que recaen sobre derechos ciertos e indiscutibles pueden ser tramitadas ante la jurisdicción constitucional, bajo la condición de que se cumplan los requisitos de inmediatez y subsidiariedad, las que giran en torno a la declaración de derechos inciertos y discutibles deben dirimirse en la  jurisdicción ordinaria, pues lo que se busca es precisamente que todas aquellas controversias carentes de incidencia constitucional, debido a su ausencia de definición plena, quedan sometidas al escrutinio del juez laboral.»

De ese modo, si, por ejemplo,  se promueve la acción de amparo con la finalidad de que el juez ordene el reconocimiento y pago de: a) la pensión de sobrevivientes, b) la indexación de las mesadas causadas y c) el retroactivo, el juez constitucional podrá acceder, si se da el caso, a la primera pretensión, pero no a las otras dos, dado que no se trata de derechos ciertos e indiscutibles.

(Ver Sentencia T-087/18  del 8 de marzo de 2018 – M.P. Dra. Gloria Stella Ortiz Delgado).

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