Un repaso a la legislación sobre el auxilio de cesantías

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El origen del auxilio de cesantía (o las cesantías como también se llama a esta prestación social), se remonta a la ley 10 de 1934 que lo estableció con carácter indemnizatorio para los casos en que el trabajador particular fuera despedido sin justa causa. El valor de este auxilio era equivalente a un mes de sueldo por cada año de servicio y proporcionalmente por fracción.  Para su liquidación se tomaba en cuenta el sueldo promedio que había  devengado el trabajador en los últimos tres años de servicio, y si su antigüedad era inferior a los tres años, se tomaba entonces el sueldo promedio  de todo el tiempo laborado.

Más tarde, la Ley 6ª de 1945 le introdujo algunas modificaciones al mencionado auxilio, al que pasó a considerar como una prestación social. Dispuso esta ley que cada tres años de trabajo continuo o discontinuo el trabajador adquiría el derecho al auxilio correspondiente a ese período, y que no lo perdía aunque en los tres años subsiguientes se retirara voluntariamente o incurriera en mala conducta que ocasionara su despido, caso en el cual el trabajador sólo perdía el auxilio correspondiente al último lapso inferior a tres años.

Sin embargo, la ley moduló el valor del auxilio, pues estableció que las empresas de capital inferior a $ 10.000, solamente quedaban  obligadas a pagar por auxilio de cesantía el equivalente a 3 días de salario por cada año de servicio, sin bajar en ningún caso de 6 días de salario. 

Consagró así mismo la ley 6ª de 1945  que la pensión de invalidez y la de jubilación excluían el auxilio de cesantía, salvo en cuanto a los anticipos, liquidaciones parciales, o préstamos que se le hubieran hecho lícitamente al trabajador, cuya cuantía se iría deduciendo de la pensión de jubilación en cuotas que no excedieran del 20% de cada mesada. 

De la misma manera, consagró que los empleados y obreros nacionales de carácter permanente gozarían  del auxilio de cesantía a razón de un mes de sueldo o jornal por cada año de servicio, y precisó que para la liquidación de este auxilio solamente se tendría en cuenta el tiempo de servicios prestados con posterioridad al 1o. de enero de 1942.

Posteriormente se expidió la Ley 65 de 1946 que extendió dicho derecho a los empleados oficiales, señalando que el auxilio de cesantía se causaría para ellos a partir del 1º de enero de 1942 y dispuso que la cesantía fuera pagada cualquiera que fuera la causa del retiró, ampliando esta previsión a los trabajadores de los departamentos, intendencias, comisarías y municipios, y a los trabajadores  particulares. De esa manera quedó así unificado el régimen de liquidación de pago del auxilio de cesantía para todos los trabajadores.

Así se mantuvo la situación hasta el año 1950 en que se expidió el Código Sustantivo del Trabajo, el cual, en sus artículos 249 y siguientes, se ocupó de regular el auxilio de cesantía, pero de manera exclusiva para los trabajadores particulares, pues, como todos sabemos, dicho Código en su parte individual rige únicamente para los trabajadores del sector privado. Las relaciones laborales de derecho individual entre el Estado y sus servidores siguieron rigiéndose por la ley 6ª de 1945 y las normas que la modificaron.

Finalmente, en 1990 se expide la ley 50 de 1990 con la cual se reforma profundamente el régimen de cesantías que venía vigente. La eliminación de la retroactividad de las mismas y su consignación en los fondos privados significó un  duro golpe para los trabajadores, pues de ahí en adelante prácticamente desapareció para éstos  la posibilidad real de adquirir vivienda para pagarla con el producto de las cesantías. En vigencia del régimen anterior, cada vez que se le liquidaban las cesantías al trabajador se tomaba para tales efectos el salario promedio mensual del último año de servicios y se multiplicaba por todo el tiempo que llevara laborando en la empresa, y el resultado era el valor de la cesantía que le correspondía al trabajador. Claro está que si con anterioridad a la fecha de la liquidación se le habían hecho a éste otras entregas parciales, el valor de las mismas se le restaba a la nueva liquidación.  Así por ejemplo, si el trabajador llevaba 15 años laborando y su último salario era $ 2.000.000, el monto de las cesantías era $ 30.000.000, y si las entregas anteriores sumaban $ 2.000.000, la suma a pagar al asalariado era $ 28.000.000.  Con el sistema actual sólo se tiene en cuenta el año a liquidar y por tanto la antigüedad anterior no aplica.

Se entiende que para las pequeñas empresas la retroactividad de las cesantías significaba una carga bastante pesada, pero la solución no estaba en eliminarla para todos los empleadores, sino en modularla.

Con la expedición de la ley 50 de 1990 hubo varios ganadores y un solo perdedor. Ganaron los empleadores, ganó el sector financiero que se hizo al manejo de las cesantías,  y ganó también el gobierno, y sólo hubo un perdedor: los trabajadores. ¿Raro, no?

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  1. Ernesto Piedrahita Dice:

    Ernesto Piedrahita. Teléfono: 313-8830983. Correo: abogadoernesto@hotmail.com. Abogado especialista en derecho laboral. Calle 116 No. 18 B- 67 Oficina 501. Bogotá D.C. Nota: Eventualmente doy respuesta de manera gratuita frente a máximo dos preguntas, aclaraciones o inquietudes en el tema laboral que me hagan a mi correo electrónico. Asesorías en liquidaciones e indemnizaciones laborales.

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