Corte Constitucional dice que utilizar el contrato de prestación de servicios para esconder relaciones laborales es violatorio de la constitución Nacional

La Corporación le reprochó  a las entidades públicas hacer uso irregular de ese instrumento de contratación, siendo que su deber como parte del Estado es asegurar el respecto a la Constitución Nacional.

Al revisar una sentencia de tutela proferida por el juzgado ochenta y seis Civil Municipal de Bogotá, la Corte Constitucional fustigó severamente a las entidades públicas, por utilizar la figura del contrato de prestación de servicios para enmascarar relaciones laborales y evadir consistentemente el pago de prestaciones sociales, desconociendo así las garantías especiales de la relación laboral que la Constitución consagra, dejando de lado además, la excepcionalidad de este tipo de contratación.

Y agregó que en ese contexto, las garantías de los trabajadores deben ser protegidas por los órganos competentes, con independencia de las prácticas y artilugios estratégicos a los que acudan los distintos empleadores para evitar vinculaciones de tipo laboral y burlar los derechos laborales constitucionales de los trabajadores al servicio del Estado, sobre todo cuando es éste el principal encargado, a través de sus entidades, de garantizar el cumplimiento de la Carta Política.

Señaló así mismo que el uso indiscriminado de contratos de prestación de servicios constituye una violación sistemática de la Constitución, razón por la que la jurisprudencia ha establecido los casos en los que se configura una relación laboral, con independencia del nombre que le asignen las partes al contrato y ha sido enfática en sostener que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo  53 Superior, el principio de primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales debe aplicarse en las relaciones laborales entre particulares y en las celebradas por el Estado. Al respecto la Corte señaló que independientemente del nombre que las partes le asignen al contrato lo realmente relevante es el contenido de la relación de trabajo.

Así mismo,  precisó la Corte Constitucional que existirá una relación laboral cuando: i) se presten servicios personales, ii) se pacte una subordinación que imponga el cumplimiento de horarios o condiciones de dirección directa sobre el trabajador y, iii) se acuerde una contraprestación económica por el servicio u oficio prestado. Por el contrario, existirá una relación contractual regida por la Ley 80 de 1993 cuando: i) se acuerde la prestación de servicios relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad pública, ii) no se pacte subordinación porque el contratista es autónomo en el cumplimiento de la labor contratada, iii) se acuerde un valor por honorarios prestados y, iv) la labor contratada no pueda realizarse con personal de planta o se requieran conocimientos especializados.

Y explicó que la última condición señalada, o sea la iv), hace referencia a aquellos casos “en los que la entidad pública contratante requiere adelantar labores ocasionales, extraordinarias o que temporalmente exceden su capacidad organizativa y funcional, pues se desdibujaría la relación contractual cuando se contratan por prestación de servicios a personas que deben desempeñar exactamente las mismas funciones que, de manera permanente, se asignan a los empleados públicos.”

En conclusión, el contrato administrativo de prestación de servicios sólo procede en aquellos casos en que se trata de atender labores ocasionales, extraordinarias,   o que temporalmente excedan la capacidad organizativa y funcional de la entidad. O sea que el contrato administrativo de prestación de servicios no puede ser utilizado para la ejecución de labores permanentes de la entidad pública, o que a pesar de ser ocasionales, las mismas puedan ser realizadas por  personal de planta.

Finalmente, rememoró la Corte lo expresado por la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado en la Sentencia del 15 de junio de 2011 en la que manifestó “que el contrato de prestación de servicios no puede constituirse en un instrumento para desconocer los derechos laborales y conforme a ello, en aras de hacer triunfar la relación laboral sobre las formas que pretendan ocultarla, es dable acudir a los principios constitucionales del artículo 53 de la C.P. que contempla la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales y la irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en las normas, con la finalidad de exigir la especial protección en igualdad de condiciones a quienes realizan la misma función pero en calidad de servidores públicos”.

(Quien desee conocer más detalles puede consultar la Sentencia T- 723 del 16 de diciembre de 2016, M.P. Dr. Aquiles Arrieta Gómez)

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Una opinión
  1. JUAN RUA MARTINEZ dice:

    Muy buenos días Doctor Riobó. Muy oportuna su columna ya que recientemente una persona allegada mía empezó a trabajar en un ente territorial mediante un contrato de prestación de servicios. Ya que está asignada al departamento de hacienda de ese ente entre sus funciones están las de visitar a los deudores morosos para informarle beneficios si pagan y fechas en que deberán hacerlo y, de no funcionar esto, iniciar procesos de embargo. Generalmente va en compañía de otra persona, este sí funcionario con nombramiento. Adicionalmente realiza funciones en ventanillas de pago y atención de usuarios en su oficina. Exactamente igual a las funciones que realiza el resto de los trabajadores de la sección con nombramiento o sin él. No está de más decir que tiene estipulado un horarios de entrada y de salida (se cuidan de no comunicarlo por escrito). También rinde cuentas a un coordinador quien a su vez reporta al jefe de sección quien depende del gerente del departamento, todos ellos funcionarios con nombramientos. Lo curioso del caso es que dicho contrato de prestación de servicios no fue suscrito directamente con el ente territorial sino con un TERCERO, persona jurídica, este sí Contratista del susodicho ente territorial. ¿Será que con esa “vuelta” que le dan al proceso de contratación pueden eludir la posibilidad de verse envueltos en un proceso de demanda por contrato realidad?

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