¿Alcalde o secretario de hacienda pueden decretar amnistía de intereses en el impuesto predial?

No, los alcaldes ni el secretario de hacienda pueden decretar beneficios tributarios. Es algo que le compete única y exclusivamente al Concejo municipal.

Pero el Concejo municipal tiene facultades para crear beneficios tributarios como descuentos por pronto pago más no amnistía o condonación de obligaciones ya causadas.

Las amnistías solo pueden ser establecidas por el congreso de la república; es quien tiene la facultad constitucional para establecerlas tanto a nivel nacional como territorial.

Es así como la Sección cuarta del Consejo de estado en sentencia 18865 del 10 de julio de 2014, con ponencia del magistrado José Heli Torres Varón señaló en esencia que aunque el artículo 294 de la Carta Política faculta a los entes territoriales para crear beneficios tributarios sobre impuestos de su competencia, esa misma norma les prohíbe ―y aun al Congreso de la República le impone condiciones muy estrictas― dictar amnistías tributarias.

La clave de esa facultad está en la distinción entre amnistía tributaria y beneficio tributario:

1. Amnistía tributaria
   • Es un acto extintivo de la obligación fiscal ya nacida: perdona sanciones, intereses o incluso parte del principal después de que el tributo se hizo exigible.
   • Requiere que se cumplan ciertos requisitos posteriores por parte del deudor para acceder a esa condonación.
2. Beneficio tributario
   • Incide antes de que nazca la obligación: exenciones, deducciones, regímenes especiales, incentivos, etc., diseñados con fines extrafiscales para influir en conductas o apoyar actividades específicas.
   • No se limita a aplicar los principios de equidad o progresividad del sistema, sino que busca colocar a ciertos sujetos o sectores en un privilegio fiscal.

Como la amnistía no es un incentivo preventivo (fijada con anticipación como el descuento de intereses por pronto pago) sino una condonación posterior, no puede equipararse a un beneficio tributario. Por ello, ni los entes territoriales ni el legislador ordinario pueden dictar amnistías al amparo del artículo 294: esa regulación está expresamente vedada, salvo que se cumplan las condiciones mínimas que la misma Constitución exige para todo perdón de obligaciones ya vencidas.