La emergencia económica: concepto y motivos de su declaración

En Colombia, la emergencia económica hace parte del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica contenida en el artículo 215 de la Constitución Política, y se entiende como una situación excepcional que se presenta cuando ocurren hechos graves, distintos de los estados de guerra o conmoción interior, que ameritan tomar decisiones y expedir normas con fuerza de ley sin pasar por el Congreso de la República, pero sí por el control posterior pero inmediato de la Corte Constitucional.

Puede ser declarada únicamente por el Presidente de la República, con la firma de todos los ministros, por períodos de hasta 30 días prorrogables sin exceder de los 90 días.

La declaratoria debe ser motivada, es decir, explicar claramente las causas que la justifican, y ese es un asunto controversial porque cada funcionario puede tener un criterio distinto.

El requisito principal es la excepcionalidad, la ocurrencia de hechos que causan gran perturbación o conmoción, y en el caso particular de la emergencia económica en respuesta a la no aprobación de la reforma tributaria, existe duda sobre el cumplimiento de ese requisito.

La declaratoria de la emergencia económica le otorga facultades al Ejecutivo para expedir decretos con fuerza de ley bajo los siguientes límites:

Exclusivamente para conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos.

Estos decretos deben cumplir límites estrictos:

• Tener relación directa y específica con la emergencia.
• Ser transitorios.
• No pueden usarse para fines ajenos a la crisis.

¿Puede el Gobierno crear o modificar impuestos?

• Sí, de manera excepcional y temporal:
• Puede crear nuevos tributos o modificar los existentes.
• Estas medidas dejan de regir al finalizar la siguiente vigencia fiscal,
• salvo que el Congreso les otorgue carácter permanente.

Básicamente, la emergencia económica que se decrete busca obtener los ingresos fiscales que el Gobierno esperaba obtener con la reforma tributaria, pero que al no aprobarse genera una desfinanciación de un presupuesto, presupuesto que se había aprobado sin contar con los recursos para financiarlo, lo que para algunos implica que no exista esa excepcionalidad porque en cierto modo fue una condición fabricada: se presenta un presupuesto sin fuentes suficientes de financiación para luego alegar la falta de financiación y decretar la emergencia económica, pasando por alto la función del Congreso, pero estos ya son conjeturas políticas y no técnicas.