Las entidades sin ánimo de lucro deben responder por los derechos de sus trabajadores en la misma forma en que lo haría cualquier empleador privado

Curiosamente existe en el imaginario colectivo la idea equivocada de que las entidades sin ánimo de lucro disfrutan de ciertos privilegios frente a los derechos laborales de sus trabajadores.

La confusión de quienes así piensan obedece posiblemente a que no tienen claro el concepto de “sin ánimo de lucro” y  ese desconocimiento los lleva a considerar que se trata de entidades que no obtienen utilidades en el desarrollo de sus actividades y por tanto  carecen de recursos suficientes para asumir la carga laboral en forma completa.

En absoluto. Si bien es cierto las entidades sin ánimo de lucro no tienen como propósito central la consecución de beneficios económicos sino el logro de objetivos sociales, altruistas y humanitarios, sí perciben ingresos  merced a las actividades que desarrollan y/o a través de las ayudas y donaciones que reciben  de parte de personas naturales, empresas privadas, y en algunas ocasiones del Estado bajo la forma de subsidios, exenciones tributarias, al igual que de parte  de organizaciones internacionales, etc.

Lo que distingue básicamente (pues son varias las diferencias) a las entidades sin ánimo de lucro de las sociedades comerciales, es que mientras en éstas opera la figura de la distribución o reparto de utilidades entre sus socios, en las entidades sin ánimo de lucro los rendimientos o utilidades obtenidas se invierten en  las actividades sociales, humanitarias, o altruistas que las mismas desarrollan.

Ahora bien, el hecho de que los propósitos que animan a tales organizaciones sean de carácter humanitario y altruista, no les representa ningún privilegio de cara a las obligaciones que la ley laboral contempla para los trabajadores dependientes en general. Y es que sería injusto, además de inconstitucional por violatorio del derecho a la igualdad), que para quienes ponen al servicio de estas instituciones su esfuerzo, su tiempo y su capacidad laboral, sus derechos resultaran afectados por cuenta de una especie de capitis diminutio  (disminución de su categoría), articulada a partir de la clase  de objetivos que aquellas organizaciones persiguen.

Mientras escribo esta nota me viene a la memoria una frase lapidaria con la que mi profesor de derecho laboral individual remató la explicación de este tema: “Si las fundaciones, corporaciones, asociaciones y demás entidades sin ánimo de lucro quieren hacer caridad, que la hagan, pero no a expensas del bolsillo de sus trabajadores”

Ahora bien, cuando se dice aquí que a tales organizaciones les corresponde atender sus obligaciones laborales en la misma  forma que lo deben hacer los demás empleadores privados, se están incluyendo todos los beneficios y garantías que estipula la ley laboral.

Así por ejemplo, recientemente la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia se ocupó del siguiente caso:

Un ciudadano demandó a la Federación Nacional de Comerciantes (en adelante FENALCO)  y al Instituto de Seguros Sociales (en adelante ISS),  con el fin de que fueran condenados al reconocimiento y pago de la pensión de jubilación a que él creía tener derecho por haber laborado durante más de 20 años en FENALCO,   haber sido despedido sin justa causa y tener la edad requerida para ello. Las dos entidades demandadas se opusieron a las pretensiones del demandante aduciendo básicamente que el éste no tenía derecho a la pensión.

El ISS alegó que el actor no reunía el número de semanas necesarias para acceder a la pensión. Y FENALCO, por su parte, se defendió diciendo que la pensión contemplada en el artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo no era aplicable a «…una empresa, empleador, o entidad sin ánimo de lucro como en el caso de FENALCO cuyo capital en ese momento era inferior a $800.000.oo…» y propuso las excepciones de inexistencia de las obligaciones y prescripción.

El juez de primera instancia absolvió a las demandadas de las pretensiones de la demanda.  El demandante apeló y el Tribunal  revocó la decisión  apelada y, en su lugar, condenó a FENALCO a reconocer y pagar al actor la pensión de jubilación, y absolvió al ISS.  El Tribunal encontró que el trabajador tenía derecho a que su empleador le otorgara la pensión prevista en el artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo.

Así discurrió la Sala: «…la controversia surge en que la demandada considera que por ser una entidad sin ánimo de lucro no tiene patrimonio gravable y que en consecuencia está exonerada de la pensión de jubilación deprecada.»

Para condenar a FENALCO el Tribunal no encontró atendibles las razones esgrimidas por la Federación y dedujo que ésta estaba en la obligación de pagarle al actor la pensión de jubilación solicitada, habida cuenta además de que después del despido no había continuado con el pago de las cotizaciones al ISS.  Las dos partes interpusieron sendos recursos de Casación

FENALCO argumentó que «…cuando se alude al capital en el artículo 260 del C.S.T., se entiende referido al del empleador que tiene la condición de empresa, lo cual significa que si ese empleador no corresponde a tal noción jurídica de empresa ya no podrá quedar obligado a reconocer la pensión de jubilación y, por tanto, no importa ni incide para nada el monto de sus recursos, llámese capital o simplemente patrimonio o haberes.»  Y precisó que FENALCO era una entidad sin ánimo de lucro, de manera que no encuadraba dentro del concepto de «empresa»,

La Sala de Casación Laboral de la Corte señaló “…en el marco del Derecho del Trabajo, el ánimo de lucro no es un elemento de la esencia de la noción de «empresa» y agregó que, “…por lo mismo, las entidades que no lo tienen sí pueden ser identificadas como empresas que, a la postre, están llamadas a reconocer la pensión de jubilación prevista en el artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo, cuando se reúnan los requisitos establecidos para tales efectos”. 

Más adelante precisó que “el artículo 259 del Código Sustantivo del Trabajo no restringe el pago de las prestaciones especiales a las «empresas», sino que lo extiende a todos los «empleadores», pues, prevé que  «…los empleadores o empresas que se determinan en el presente Título deben pagar a los trabajadores, además de las prestaciones comunes, las especiales que aquí se establecen y conforme a la reglamentación de cada una de ellas en su respectivo capítulo.»

Así mismo señaló que el artículo 338 del Código Sustantivo del Trabajo, (…) establece diáfanamente que «…los empleadores que ejecutan actividades sin ánimo de lucro quedan sujetos a las normas del presente Código…», sin hacer distinción alguna frente a las prestaciones patronales comunes, o especiales como la pensión de jubilación”.

Con base en las anteriores consideraciones y en otras que por limitaciones de espacio no es posible traer aquí, la Corte mantuvo la decisión del Tribunal de condenar a FENALCO a pagar la pensión de jubilación solicitada por el demandante.

Ver sentencia SL 3305-2014 – Rad. No. 42504 - Acta 08, del 12 de marzo de 2014. M. P. Dr. Rigoberto Echeverri Bueno.

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