¿Si una empresa se declara en quiebra qué pasa con los trabajadores?

Cuando una empresa entra en liquidación por insolvencia, los contratos de trabajo terminan y las deudas laborales pasan a cobrarse dentro del proceso concursal. El artículo 157 del Código Sustantivo del Trabajo les da prelación sobre todas las demás, pero esa preferencia solo sirve si el trabajador presenta su crédito a tiempo. ¿Cuál es ese plazo y qué ocurre si se deja vencer?

Los contratos terminan, pero las deudas no desaparecen.

Cuando la empresa se liquida, todos los contratos de trabajo terminan, porque desaparece una de las partes del vínculo.

Es una causa legal de terminación, no una justa causa, de modo que hay que indemnizar a todos los trabajadores. El artículo 61 del Código Sustantivo del Trabajo contempla la liquidación entre las formas de terminación del contrato, pero el artículo 62, que enumera las justas causas, no la incluye.

La consecuencia práctica es que a la deuda por prestaciones sociales se suma la indemnización por despido injusto, y todo ello entra al proceso de liquidación como un crédito más a cargo de la empresa.

Si el cierre no obedece a una insolvencia sino a una decisión del empleador, el tratamiento es distinto y lo abordamos en el artículo sobre qué pasa con los trabajadores cuando cierra la empresa.

• Proyección y planeación pensional
• Liquidador de intereses propiedad horizontal
• Liquidador de intereses judiciales y comerciales

Las deudas laborales se pagan primero.

Es la garantía más importante que tiene el trabajador en este escenario, y conviene entender su alcance exacto.

Dice el inciso primero del artículo 157 del Código Sustantivo del Trabajo:

«Los créditos causados o exigibles de los trabajadores por concepto de salarios, las cesantías y demás prestaciones sociales e indemnizaciones laborales pertenecen a la primera clase que establece el artículo 2495 del Código Civil y tienen privilegio excluyente sobre todo los demás.»

La expresión privilegio excluyente es la clave. Dentro de los créditos de primera clase, que ya son los primeros en la fila, los laborales van adelante.

Y el inciso segundo de la misma norma impone un deber al juez:

«El juez civil que conozca del proceso de concurso de acreedores o de quiebra dispondrá el pago privilegiado y pronto de los créditos a los trabajadores afectados por la quiebra o insolvencia del empleador.»

De modo que las obligaciones laborales se pagan antes que los impuestos, antes que los proveedores y antes que los bancos. La única deuda que las antecede es la de alimentos, que en la práctica solo aparece cuando el empleador es una persona natural.

El régimen completo de la prelación está en el artículo sobre prelación y clases de créditos.

La prelación garantiza el orden, no el monto.

Conviene decirlo con franqueza, porque genera falsas expectativas. Ser el primero en la fila no significa que alcance para todos.

Si el patrimonio de la empresa liquidada no cubre la totalidad de los créditos laborales, estos se pagan a prorrata entre los trabajadores. La preferencia asegura que se les pague antes que a los demás acreedores, no que se les pague completo.

El plazo para presentar el crédito: veinte días.

Aquí está el punto que más trabajadores pierde, y es de una severidad que sorprende: quien no presenta su crédito a tiempo no cobra, por indiscutible que sea la deuda.

Cuando se abre un proceso de liquidación judicial, los acreedores deben presentar sus créditos ante el liquidador. Señala el numeral 5 del artículo 48 de la Ley 1116 de 2006:

«Un plazo de veinte (20) días, a partir de la fecha de desfijación del aviso que informa sobre la apertura del proceso de liquidación judicial, para que los acreedores presenten su crédito al liquidador, allegando prueba de la existencia y cuantía del mismo.»

Tres precisiones sobre ese plazo:

• Corre desde la desfijación del aviso, no desde que el trabajador se entera. Es una carga de diligencia que pesa sobre él.
• Hay que allegar prueba, no basta con afirmar la deuda. Sirven el contrato, los desprendibles de pago, la liquidación no pagada y cualquier documento que acredite la existencia y la cuantía.
• Es perentorio. Vencido el plazo, el liquidador no reconoce el crédito y el trabajador queda fuera del proceso.

Ni siquiera la tutela lo revive.

La Corte Constitucional lo resolvió en la sentencia T-513 de 2009, en el caso de un trabajador que presentó su crédito fuera de plazo:

«las entidades accionadas no incurrieron en defecto procedimental ni vulneraron derecho fundamental alguno al actor, porque la presentación del crédito por parte del accionante fue extemporánea. De aceptar lo pretendido por éste en la acción de tutela, se rompería con el procedimiento establecido para este tipo de procesos concursales y supondría de paso el menoscabo del derecho a la igualdad de los demás acreedores.»

La Corte explica que los procesos concursales se rigen por el principio de igualdad de los acreedores, y que revivir términos vencidos por vía de tutela perjudicaría a quienes sí cumplieron.

De acuerdo con nuestro criterio, esta es la información más útil que puede darse a un trabajador cuya empresa entra en liquidación. Ninguna de las garantías anteriores sirve de nada si se deja vencer el plazo, y la extemporaneidad no es subsanable por ninguna vía.

Qué debe hacer el trabajador en concreto.

1. Estar atento al aviso de apertura del proceso de liquidación y anotar la fecha de su desfijación.
2. Reunir la prueba de lo adeudado: contrato, desprendibles, liquidación, comunicaciones.
3. Cuantificar el crédito, incluyendo salarios, prestaciones, vacaciones e indemnización.
4. Presentarlo al liquidador dentro de los veinte días, con constancia de radicación.
5. Hacer seguimiento al proyecto de graduación y calificación de créditos, y objetar si su crédito quedó mal clasificado.

Tras el plazo de veinte días, el liquidador dispone de un término fijado por el juez, que no puede ser inferior a un mes ni superior a tres, para remitir los documentos y el proyecto de calificación de créditos. El juez cuenta luego con quince días para reconocerlos si no hay objeciones.

Demandar a una empresa en liquidación.

Es posible, y conviene aclararlo porque muchos trabajadores creen que la liquidación cierra esa puerta.

La empresa en liquidación sigue siendo una persona jurídica y debe responder por sus obligaciones. El trabajador puede demandarla ante la justicia laboral.

El matiz está en el cobro: las reclamaciones deben someterse al trámite del proceso concursal, de modo que la sentencia laboral no le permite cobrar por fuera de la liquidación. Por eso presentar el crédito ante el liquidador no es alternativo a demandar, sino previo e indispensable.

Y si una autoridad administrativa o un juez desconoce o limita un derecho laboral con el argumento de que la empresa está en reorganización, en liquidación judicial o intervenida, procede la acción de tutela contra ese acto o esa decisión.

A continuación respondemos las preguntas frecuentes de nuestros lectores.

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