Interpuesta persona o interpósita persona: qué significa

Actuar por interpuesta persona, o por interpósita persona, significa realizar un acto o un negocio a través de un tercero que aparece como si actuara por cuenta propia, cuando en realidad lo hace por cuenta de otro que permanece oculto. La expresión aparece en la Constitución, en las normas de contratación estatal y en el Estatuto Tributario, casi siempre para impedir que alguien eluda una prohibición poniendo a otra persona en su lugar. ¿Qué significa exactamente, en qué se diferencia de un representante y qué riesgos corre quien presta su nombre?

Qué significa interpuesta persona.

Interpuesto viene del latín interpositus, que significa «puesto en medio». La interpuesta persona es, entonces, alguien que se pone en medio entre el verdadero interesado y el negocio o la actuación.

Interpósita persona es la forma latinizada de la misma expresión, y ambas significan lo mismo. En los textos jurídicos colombianos se usan indistintamente, aunque «interpuesta persona» es la que aparece en la mayoría de normas.

Lo característico de la figura es la ocultación: el tercero figura ante los demás como titular del negocio, pero el beneficio o el interés real pertenecen a otra persona que no aparece.

Ejemplo. Un servidor público que no puede contratar con el Estado hace que su cuñado se presente a una licitación, gane el contrato y le entregue a él las utilidades. El cuñado es la interpuesta persona: formalmente contrata en su propio nombre, pero en realidad lo hace por cuenta del servidor público.

Diferencia entre interpuesta persona y representante.

Es una confusión frecuente que conviene aclarar. El representante o apoderado actúa abiertamente en nombre de otro: todos saben que el negocio es del representado, y los efectos recaen directamente sobre él. No hay nada oculto.

La interpuesta persona, en cambio, actúa en su propio nombre, aunque por cuenta de otro, y la vinculación con el verdadero interesado no se revela.

La propia Constitución distingue las dos figuras. El artículo 127 dispone:

«Los servidores públicos no podrán celebrar, por sí o por interpuesta persona, o en representación de otro, contrato alguno con entidades públicas o con personas privadas que manejen o administren recursos públicos, salvo las excepciones legales.»

Nótese que la norma menciona por separado la «interpuesta persona» y la actuación «en representación de otro», precisamente porque son cosas distintas: la primera oculta al interesado; la segunda lo hace visible.

Interpuesta persona y testaferro.

En el lenguaje común, la interpuesta persona que se presta para ocultar bienes o negocios ilícitos se llama testaferro. El término no es jurídico, salvo en el Código Penal, que tipifica el testaferrato en su artículo 326 como el delito de prestar el nombre para adquirir bienes con dineros provenientes de ciertos delitos.

Toda persona que presta su nombre para un negocio ajeno es, en sentido amplio, una interpuesta persona; pero solo cuando lo hace para ocultar bienes de origen ilícito incurre en testaferrato.

Para qué usa la ley la expresión «interpuesta persona».

La ley usa la expresión casi siempre para cerrar el paso a quien pretende evadir una prohibición o una inhabilidad poniendo a otro en su lugar. Si la prohibición solo alcanzara a la persona directamente, bastaría con usar a un familiar o un amigo para burlarla.

Estos son algunos de los casos más frecuentes:

• Contratación estatal. Los servidores públicos y las personas inhabilitadas no pueden contratar con el Estado ni por sí ni por interpuesta persona, según el artículo 127 de la Constitución y el régimen de inhabilidades de la ley 80 de 1993.
• Congresistas y otros servidores. La Constitución y las leyes les prohíben gestionar negocios o celebrar contratos con entidades públicas, directamente o por interpuesta persona.
• Derecho tributario. El Estatuto Tributario exige identificar al beneficiario final de las personas jurídicas y otras estructuras, definido en el artículo 631-5, precisamente para saber quién está realmente detrás de una sociedad que puede estar a nombre de terceros.
• Derecho penal. Varios delitos contra la administración pública se configuran cuando el servidor obtiene un beneficio para sí o para un tercero, aunque lo haga a través de otra persona.

El régimen de las prohibiciones que se intentan burlar de esta manera lo explicamos en el artículo sobre la diferencia entre inhabilidades e incompatibilidades.

Interpuesta persona en los contratos: la simulación.

En el derecho civil, cuando un negocio se celebra a nombre de una persona pero en realidad es de otra, se habla de simulación por interposición de persona. Es un tipo de simulación relativa: el negocio existe, pero una de las partes que aparece no es la verdadera.

La parte afectada, como un acreedor al que el deudor le ocultó bienes poniéndolos a nombre de un familiar, puede pedir al juez que declare la realidad del negocio mediante la acción de simulación. Si prospera, los bienes vuelven a figurar a nombre de su verdadero dueño y pueden ser embargados.

Riesgos de prestar el nombre o la cuenta bancaria.

En Colombia es frecuente que una persona, por hacerle un favor a un familiar o a un amigo, preste su nombre para firmar un contrato, comprar un bien o recibir dinero en su cuenta. Las consecuencias de ese favor pueden ser serias, porque ante la ley el titular es quien figura.

Consecuencias tributarias.

Uno de los topes que obligan a declarar renta es el de las consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras superiores a 1.400 UVT en el año, según el artículo 594-3 del Estatuto Tributario. Quien presta su cuenta para que un tercero reciba dinero puede superar ese tope y quedar obligado a declarar ingresos que no son suyos.

Además, la Dian puede requerirlo para que explique el origen de esos depósitos, y si no logra demostrar que el dinero era de otra persona, puede terminar respondiendo por el impuesto, las sanciones y los intereses.

Consecuencias contractuales y patrimoniales.

Quien firma un contrato como interpuesta persona queda obligado frente a la otra parte como si el negocio fuera suyo. Si el verdadero interesado incumple o desaparece, el que firmó responde con su propio patrimonio.

Lo mismo ocurre con los bienes: un inmueble o un vehículo a su nombre puede ser embargado por sus propias deudas, y el verdadero dueño tendría que demostrar en un proceso que era suyo.

Consecuencias penales.

Si el dinero o los bienes provienen de actividades ilícitas, quien presta su nombre o su cuenta puede verse involucrado en delitos como el testaferrato o el lavado de activos, aunque alegue que solo hizo un favor. La buena fe tendría que demostrarla en el proceso.

De acuerdo con nuestro criterio, la recomendación es sencilla: no prestar el nombre ni la cuenta bancaria para negocios ajenos, y si se hace por una razón legítima, dejar constancia escrita del acuerdo y del origen de los recursos.

Diferencia con figuras legítimas.

No toda actuación por cuenta de otro es irregular. La ley permite que una persona actúe en su propio nombre pero por cuenta ajena en figuras como el mandato sin representación o el contrato de comisión del Código de Comercio, en las que el mandatario o comisionista celebra el negocio a su nombre y luego transfiere los efectos al mandante.

La diferencia está en el propósito: estas figuras son legítimas porque no buscan burlar una prohibición ni perjudicar a terceros. La interpuesta persona se vuelve problemática cuando se usa para evadir una inhabilidad, ocultar bienes a los acreedores, eludir impuestos o encubrir dinero ilícito.

A continuación respondemos las preguntas frecuentes de nuestros lectores.