Impugnación del fallo de tutela: término, trámite y aclaración

El fallo de tutela, ya sea que conceda o niegue la protección del derecho fundamental, puede ser impugnado dentro de los tres días siguientes a su notificación, según el artículo 31 del decreto 2591 de 1991, para que lo revise el superior jerárquico del juez que lo dictó. La impugnación no suspende el cumplimiento del fallo, procede una sola vez y, después de ella, solo queda la eventual revisión de la Corte Constitucional. ¿Cómo se impugna, quién la resuelve y qué hacer si el fallo es confuso o dejó algo sin resolver?

Qué es la impugnación del fallo de tutela.

La impugnación es el mecanismo para que un juez de mayor jerarquía revise el fallo de primera instancia de una acción de tutela. Funciona de manera muy similar al recurso de apelación: el expediente se envía al superior, que decide si confirma, modifica o revoca la decisión.

La palabra «impugnar» significa controvertir o refutar. Impugnar una tutela es, entonces, manifestar el desacuerdo con lo que decidió el juez para que otro juez lo estudie.

Recordemos que la tutela es un mecanismo preferente y sumario para proteger derechos fundamentales, cuyas características y procedimiento explicamos en el artículo sobre la acción de tutela. La impugnación es la única vía de controversia que el decreto 2591 de 1991 previó contra el fallo.

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Quién puede impugnar el fallo de tutela.

El artículo 31 del decreto 2591 de 1991 señala quiénes pueden impugnar:

«Dentro de los tres días siguientes a su notificación el fallo podrá ser impugnado por el Defensor del Pueblo, el solicitante, la autoridad pública o el representante del órgano correspondiente, sin perjuicio de su cumplimiento inmediato.»

Es decir que pueden impugnar tanto quien presentó la tutela, si se la negaron, como la entidad o el particular contra quien se dirigió, si se la concedieron, además del Defensor del Pueblo. La jurisprudencia ha reconocido también esa facultad a los terceros vinculados al trámite que resulten afectados con la decisión.

Término para impugnar el fallo de tutela.

El fallo puede impugnarse dentro de los tres días hábiles siguientes a su notificación. No se cuentan los sábados, domingos ni festivos, ni los días en que el juzgado permanezca cerrado.

Ejemplo. Supongamos que el fallo se notifica el lunes. Los tres días corren el martes, el miércoles y el jueves, de modo que la impugnación debe presentarse a más tardar el jueves, dentro del horario del despacho. Si el miércoles es festivo, el plazo se extiende hasta el viernes.

Hoy la mayoría de los fallos se notifican por correo electrónico. El artículo 30 del decreto 2591 de 1991 ordena notificar el fallo por el medio más expedito, y se discute si aplica la regla del artículo 8 de la ley 2213 de 2022, según la cual la notificación personal por mensaje de datos se entiende hecha dos días hábiles después del envío.

De acuerdo con nuestro criterio, lo prudente es contar los tres días desde el día siguiente a la recepción del correo, sin sumar los dos días adicionales, salvo que el juzgado indique expresamente otra cosa. Una impugnación anticipada nunca es extemporánea; una presentada confiando en esos dos días puede serlo.

Cómo se presenta la impugnación.

La impugnación no exige formalidades especiales ni abogado. Basta un escrito, que puede enviarse al correo del juzgado, en el que la persona identifique el proceso y manifieste que impugna el fallo.

La norma no obliga a sustentar las razones de la inconformidad, pero hacerlo es muy conveniente, porque el juez de segunda instancia estudia el caso a partir de lo que se le plantea. Un buen escrito de impugnación incluye:

• El número de radicado de la tutela y el juzgado que dictó el fallo.
• La manifestación expresa de que se impugna el fallo y la fecha en que fue notificado.
• Las razones por las que se considera que el juez se equivocó: hechos que no valoró, pruebas que no tuvo en cuenta o normas mal aplicadas.
• Lo que se pide al superior: que revoque el fallo y conceda la tutela, o que lo revoque y la niegue, según quién impugne.
• Los documentos que respalden la impugnación, en especial los que demuestren hechos nuevos o que el juez no tuvo a la vista.

No hay una lista cerrada de anexos: deben adjuntarse los documentos necesarios para demostrar lo que se alega en la impugnación.

Ante quién se impugna y quién la resuelve.

La impugnación se presenta ante el mismo juez que dictó el fallo de primera instancia, y él la remite a su superior jerárquico, que es quien la resuelve. El superior depende de quién conoció la tutela en primera instancia:

Cuál juzgado conoce de la tutela en primera instancia depende de las reglas de reparto, que asignan los asuntos según la entidad o persona contra la que se dirige, y de ello depende a su vez el superior que resolverá la impugnación.

Trámite y término para resolver la impugnación.

El artículo 32 del decreto 2591 de 1991 regula el trámite en segunda instancia:

«Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días siguientes al superior jerárquico correspondiente. El juez que conozca de la impugnación, estudiará el contenido de la misma, cotejándola con el acervo probatorio y con el fallo. El juez, de oficio o a petición de parte, podrá solicitar informes y ordenar la práctica de pruebas y proferirá el fallo dentro de los 20 días siguientes a la recepción del expediente. Si a su juicio, el fallo carece de fundamento, procederá a revocarlo, lo cual comunicará de inmediato. Si encuentra el fallo ajustado a derecho, lo confirmará.»

El trámite tiene entonces tres momentos: el juez de primera instancia remite el expediente en dos días, el superior puede pedir informes y practicar pruebas, y decide dentro de los 20 días siguientes a la recepción del expediente.

Una vez resuelta la impugnación, el expediente se envía a la Corte Constitucional para su eventual revisión, como explicamos más adelante.

Qué significa «conceder la impugnación».

Cuando el juez de primera instancia dicta un auto que «concede la impugnación», significa que la aceptó por haberse presentado a tiempo y por quien estaba facultado, y que remitirá el expediente al superior. No significa que el impugnante haya ganado: el superior todavía debe estudiar el caso y decidir si confirma o revoca el fallo.

Si la impugnación se presenta por fuera del término, el juez la rechaza por extemporánea y el fallo de primera instancia queda en firme.

Efectos de la impugnación: el fallo se cumple de inmediato.

La impugnación no suspende el fallo. El artículo 31 del decreto 2591 de 1991 lo dice expresamente cuando permite impugnar el fallo «sin perjuicio de su cumplimiento inmediato».

Esto significa que la entidad o el particular condenado debe cumplir la orden dentro del plazo fijado en el fallo, aunque la haya impugnado, y no puede esperar a que se resuelva la segunda instancia. Si el superior revoca el fallo, la orden pierde efecto desde ese momento.

Quien no cumple incurre en desacato, que el artículo 52 del mismo decreto sanciona así:

«La persona que incumpliere una orden de un juez proferido con base en el presente decreto incurrirá en desacato sancionable con arresto hasta de seis meses y multa hasta de 20 salarios mínimos mensuales, salvo que en este decreto ya se hubiere señalado una consecuencia jurídica distinta y sin perjuicio de las sanciones penales a que hubo lugar.»

El incidente de desacato lo tramita el juez de primera instancia, y la sanción que imponga se consulta con el superior. Es la herramienta con la que cuenta el tutelante cuando la orden no se cumple, haya o no impugnación de por medio.

Cuántas veces se puede impugnar una tutela.

Una sola vez. El fallo que resuelve la impugnación no admite ningún recurso, y no se puede impugnar un fallo de tutela de segunda instancia.

Tampoco procede, por regla general, una nueva tutela contra el fallo de tutela. La Corte Constitucional, en la sentencia SU-627 de 2015, reiteró esa improcedencia y solo admitió excepciones muy estrechas, como la existencia de fraude en el trámite de la primera tutela.

Lo que sigue después de la segunda instancia es la eventual revisión por parte de la Corte Constitucional.

Aclaración y adición del fallo de tutela.

El decreto 2591 de 1991 no menciona la aclaración del fallo, pero tampoco la prohíbe. El artículo 4 del decreto 306 de 1992 dispone que en lo no regulado se apliquen los principios generales del procedimiento civil, hoy contenido en el Código General del Proceso, y con base en ello la jurisprudencia ha admitido la aclaración y la adición de los fallos de tutela.

Aclaración del fallo.

El artículo 285 del Código General del Proceso regula la aclaración:

«La sentencia no es revocable ni reformable por el juez que la pronunció. Sin embargo, podrá ser aclarada, de oficio o a solicitud de parte, cuando contenga conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda, siempre que estén contenidas en la parte resolutiva de la sentencia o influyan en ella.»

De esa norma se desprenden los requisitos para que la aclaración proceda en una tutela:

• Que la pida una de las partes o un vinculado al trámite, o que el juez la haga de oficio.
• Que se pida dentro del término de ejecutoria del fallo, que en la tutela es de tres días desde la notificación.
• Que se refiera a conceptos o frases que generen verdadera duda.
• Que esas frases estén en la parte resolutiva del fallo o influyan en ella.

La aclaración no sirve para cambiar la decisión ni para reabrir la discusión: su único objeto es precisar lo que el fallo quiso decir. Si lo que se busca es que el fallo cambie, el camino es la impugnación.

La providencia que resuelve la aclaración no admite recursos. De acuerdo con nuestro criterio, como la aclaración y la impugnación tienen el mismo término de tres días, quien no esté conforme con el fondo del fallo debe impugnarlo dentro de ese término, aunque al mismo tiempo pida la aclaración.

Adición del fallo.

La adición, regulada en el artículo 287 del Código General del Proceso, procede cuando el fallo omitió resolver alguno de los puntos planteados en la tutela. También se pide dentro del término de ejecutoria, y su propósito es que el juez se pronuncie sobre lo que dejó pendiente.

Corrección de errores aritméticos.

Distinta es la corrección de errores puramente aritméticos, de digitación o de cambio de palabras, prevista en el artículo 286 del Código General del Proceso, que puede hacerse en cualquier tiempo, de oficio o a solicitud de parte.

Aclaración de las sentencias de la Corte Constitucional.

La aclaración también puede pedirse frente al fallo de segunda instancia y frente a la sentencia que dicte la Corte Constitucional cuando selecciona el caso para revisión. No procede, en cambio, frente al auto que excluye una tutela de revisión, porque no es una sentencia que resuelva el fondo del asunto.

Revisión del fallo de tutela por la Corte Constitucional.

Todos los fallos de tutela se envían a la Corte Constitucional. Los que no fueron impugnados se remiten al día siguiente de quedar en firme, según el artículo 31 del decreto 2591 de 1991, y los de segunda instancia dentro de los diez días siguientes a su ejecutoria, según el artículo 32.

La revisión es eventual: la Corte, a través de sus salas de selección, escoge los casos que considera relevantes para unificar o aclarar la jurisprudencia, y excluye los demás. No es una tercera instancia ni un recurso, de modo que nadie tiene derecho a que su caso sea seleccionado.

Lo anterior no significa que las partes no puedan hacer nada. El artículo 33 del decreto 2591 de 1991 permite a cualquier magistrado de la Corte y al Defensor del Pueblo insistir en la selección de un fallo excluido, y el reglamento interno de la Corte permite a cualquier persona radicar un escrito solicitando que se seleccione un caso, solicitud que la Corte puede tener en cuenta pero que no la obliga.

Si la Corte selecciona el caso, puede confirmar, modificar o revocar los fallos de instancia. Si lo excluye, el fallo de segunda instancia queda definitivamente en firme.

Modelo de escrito de impugnación de tutela.

El siguiente modelo puede adaptarse a cada caso. Recuerde ajustar los datos del proceso y explicar con claridad las razones de la inconformidad:

El escrito puede enviarse al correo electrónico del juzgado. Conserve la constancia del envío, porque es la prueba de que la impugnación se presentó a tiempo.

A continuación respondemos las preguntas frecuentes de nuestros lectores.

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