Acción de tutela: qué es, requisitos, características y procedimiento

La acción de tutela es el mecanismo judicial con el que cualquier persona, sin necesidad de abogado, puede pedir a un juez la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando una autoridad o, en ciertos casos, un particular los vulnera o amenaza. Está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y reglamentada por el decreto 2591 de 1991, y el juez debe resolverla en un plazo máximo de diez días. ¿Cuándo procede, qué requisitos debe cumplir y cómo es su trámite?

Qué es la acción de tutela.

La tutela es una acción judicial creada por la Constitución de 1991 para proteger los derechos fundamentales de forma expedita, preferente y sumaria. Expedita, porque se resuelve en días; preferente, porque el juez debe atenderla antes que los demás asuntos, salvo el habeas corpus; y sumaria, porque su trámite es breve y sin formalismos.

El artículo 86 de la Constitución Política la define así:

«Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública.»

Son derechos fundamentales, entre otros, la vida, la salud cuando está en juego la dignidad o la vida, el debido proceso, la igualdad, el derecho de petición, el mínimo vital, el habeas data y el trabajo en condiciones dignas. La tutela no sirve para reclamar derechos puramente económicos o legales, salvo que de ellos dependa un derecho fundamental.

• Calculadora de retención en la fuente por salarios
• Liquidador de intereses judiciales y comerciales
• Liquidador de intereses propiedad horizontal

Partes de la acción de tutela.

En toda tutela intervienen, por lo menos, dos partes:

• Accionante o tutelante. Es quien presenta la tutela para que le protejan un derecho.
• Accionado o tutelado. Es la autoridad o el particular contra quien se dirige, por ser el responsable de la vulneración.

El juez puede además vincular a otras personas o entidades que puedan resultar afectadas con la decisión, a las que se denomina vinculados o terceros con interés.

Quién puede presentar una acción de tutela.

Cualquier persona, natural o jurídica, nacional o extranjera, puede presentar una tutela. El artículo 10 del decreto 2591 de 1991 dispone:

«La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se presumirán auténticos.»

La misma norma permite agenciar derechos ajenos cuando el titular no está en condiciones de defenderse por sí mismo, como ocurre con una persona hospitalizada, y autoriza al Defensor del Pueblo y a los personeros municipales a presentarla.

No se requiere abogado.

La tutela puede presentarla directamente el afectado, sin abogado. Lo importante no es la argumentación jurídica, sino explicar con claridad qué está pasando y aportar las pruebas de la vulneración.

Quien no sepa redactarla puede acudir a los consultorios jurídicos de las universidades, a la Defensoría del Pueblo o a la personería municipal, que prestan orientación gratuita.

Contra quién procede la tutela.

Procede contra cualquier autoridad pública, incluidos los jueces cuando sus decisiones vulneran derechos fundamentales. Contra particulares, solo procede en los casos que señala el artículo 42 del decreto 2591 de 1991, que pueden resumirse así:

• Particulares que prestan servicios públicos, como educación, salud o servicios domiciliarios.
• Organizaciones privadas frente a quienes el accionante esté en situación de subordinación o indefensión, como el trabajador frente a su empleador.
• Particulares que violen o amenacen la prohibición de esclavitud, servidumbre y trata del artículo 17 de la Constitución.
• Entidades privadas frente a las que se ejerce el habeas data, como las centrales de riesgo.
• Quienes deban rectificar informaciones inexactas o erróneas publicadas.
• Particulares que ejerzan funciones públicas.

Fuera de esos casos, el conflicto con un particular se resuelve por las vías ordinarias, como una demanda civil o laboral.

Requisitos de procedencia de la acción de tutela.

Para que el juez estudie de fondo una tutela, deben cumplirse los llamados requisitos de procedencia o de procedibilidad, que la jurisprudencia constitucional ha decantado a partir del artículo 86 de la Constitución y del decreto 2591 de 1991:

1. Vulneración o amenaza de un derecho fundamental. Debe existir una acción u omisión concreta que afecte un derecho fundamental, no una simple inconformidad.
2. Legitimación. Quien presenta la tutela debe ser el titular del derecho, su representante o un agente oficioso, y debe dirigirse contra quien efectivamente causa la vulneración.
3. No debe existir otro medio de defensa judicial eficaz, salvo que la tutela se use como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
4. La tutela debe presentarse dentro de un tiempo razonable desde la vulneración. No hay un plazo legal fijo, pero si la persona deja pasar demasiado tiempo sin justificación, el juez puede declararla improcedente.

Cuando no se cumple alguno de estos requisitos, el juez declara la tutela improcedente sin estudiar si hubo o no vulneración, como explicamos en el artículo sobre la improcedencia de la acción de tutela.

La tutela como mecanismo transitorio.

Aunque exista otro medio de defensa, la tutela procede si se busca evitar un perjuicio irremediable. Así lo dispone el artículo 8 del decreto 2591 de 1991:

«Aun cuando el afectado disponga de otro medio de defensa judicial, la acción de tutela procederá cuando se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En el caso del inciso anterior, el juez señalará expresamente en la sentencia que su orden permanecerá vigente sólo durante el término que la autoridad judicial competente utilice para decidir de fondo sobre la acción instaurada por el afectado. En todo caso el afectado deberá ejercer dicha acción en un término máximo de cuatro (4) meses a partir del fallo de tutela. Si no la instaura, cesarán los efectos de éste.»

Por ejemplo, una persona puede pedir por tutela que se suspendan los efectos de un acto administrativo para evitar un daño grave e inminente, pero debe demandar ese acto ante la jurisdicción contencioso administrativa dentro de los cuatro meses siguientes al fallo. Si no lo hace, la protección transitoria se cae.

Tutela contra decisiones judiciales.

La tutela procede contra sentencias y autos de los jueces, pero de manera excepcional. La Corte Constitucional, en la sentencia C-590 de 2005, fijó unos requisitos generales, como haber agotado los recursos del proceso y que el asunto tenga relevancia constitucional, y unas causales específicas, como el defecto sustantivo, el defecto fáctico o la violación directa de la Constitución.

Así, un abogado puede presentar una tutela a favor de su cliente contra un fallo que considere violatorio del debido proceso, pero debe demostrar que el juez incurrió en uno de esos defectos y no simplemente que decidió de forma distinta a la esperada.

Cómo se presenta una tutela.

La tutela no exige formalidades especiales. El artículo 14 del decreto 2591 de 1991 señala lo que debe contener la solicitud:

• La acción o la omisión que la motiva.
• El derecho que se considera violado o amenazado.
• El nombre de la autoridad o del particular responsable, si se conoce.
• La descripción de las demás circunstancias relevantes.
• El nombre y el lugar de residencia del solicitante.

A la solicitud se deben adjuntar las pruebas que se tengan, y se debe manifestar bajo juramento que no se ha presentado otra tutela por los mismos hechos. Puede presentarse por escrito, por correo electrónico a través de la recepción de tutelas de la Rama Judicial, e incluso de forma verbal cuando el solicitante no sepa escribir o sea menor de edad.

Características de la acción de tutela.

En resumen, la acción de tutela se caracteriza por lo siguiente:

• Solo protege derechos fundamentales.
• Es subsidiaria: procede cuando no hay otro medio de defensa eficaz, o como mecanismo transitorio.
• Es preferente: el juez debe tramitarla antes que los demás asuntos.
• Es sumaria e informal: no requiere abogado ni fórmulas especiales, y puede ser verbal en ciertos casos.
• No exige reclamación previa ante la autoridad que vulnera el derecho, salvo en casos especiales como el habeas data, donde primero debe reclamarse a la fuente o al operador.
• Procede contra autoridades y, en los casos de ley, contra particulares.
• Permite pedir medidas provisionales para evitar que el daño se consume mientras se decide.
• Sus términos son cortos e improrrogables.

Procedimiento de la acción de tutela paso a paso.

El trámite de una tutela en primera instancia sigue estos pasos:

1. La tutela se asigna a un juez según las reglas de reparto, que dependen de la autoridad o el particular contra el que se dirige.
2. Admisión y medidas provisionales. El juez admite la tutela y, si lo considera urgente, decreta medidas provisionales según el artículo 7 del decreto 2591 de 1991. Si la solicitud está incompleta, pide corregirla en tres días.
3. Informe del accionado. El juez le pide al accionado que rinda un informe sobre los hechos, en un plazo que fija entre uno y tres días, según el artículo 19 del decreto 2591 de 1991.
4. El juez decide si concede o niega la tutela dentro de los diez días siguientes a la presentación de la solicitud.
5. Notificación. El fallo se notifica por el medio más expedito, a más tardar al día siguiente de proferido.
6. Si se concede, el accionado debe cumplir la orden en el plazo fijado en el fallo, que no puede exceder de 48 horas.
7. Impugnación. Cualquiera de las partes puede impugnar el fallo dentro de los tres días siguientes a su notificación.
8. Revisión. El expediente se envía a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Qué pasa si el accionado no contesta.

Si el accionado no rinde el informe en el plazo que le fijó el juez, opera la presunción de veracidad del artículo 20 del decreto 2591 de 1991:

«Si el informe no fuere rendido dentro del plazo correspondiente, se tendrán por ciertos los hechos y se entrará a resolver de plano, salvo que el juez estime necesaria otra averiguación previa.»

Por eso es un error de la entidad o la persona accionada no contestar a tiempo: el juez da por ciertos los hechos de la tutela y decide con base en ellos.

Términos de la acción de tutela.

Los términos de la tutela son perentorios e improrrogables, según el artículo 15 del decreto 2591 de 1991. Los principales son estos:

¿Los diez días son hábiles o calendario?

El artículo 86 de la Constitución dice que entre la solicitud y su resolución no pueden transcurrir más de diez días, y la práctica judicial los cuenta como días hábiles. Los términos de días de los demás trámites de la tutela también se cuentan en días hábiles.

¿Las 48 horas para cumplir el fallo son hábiles?

El plazo para cumplir lo fija el juez en el fallo, y no puede exceder de 48 horas según el numeral 5 del artículo 29 del decreto 2591 de 1991. De acuerdo con nuestro criterio, al tratarse de un término en horas y de una orden de protección urgente, lo prudente es cumplir dentro de las 48 horas corridas, salvo que el fallo disponga expresamente otra cosa.

Conviene no confundir este plazo con el que tiene el accionado para contestar la tutela: el primero es para cumplir el fallo; el segundo es el de uno a tres días para rendir el informe, que fija el juez al admitir la tutela.

Qué pasa si no se cumple el fallo de tutela.

Si el accionado no cumple, el tutelante puede pedir al juez de primera instancia que haga cumplir la orden y que abra un incidente de desacato. El artículo 52 del decreto 2591 de 1991 sanciona el desacato con arresto de hasta seis meses y multa de hasta 20 salarios mínimos mensuales, sin perjuicio de las sanciones penales.

El juez debe además adoptar las medidas necesarias para que el fallo se cumpla, y puede dirigirse al superior del responsable para que lo haga cumplir, según el artículo 27 del mismo decreto.

Impugnación del fallo de tutela.

El fallo de primera instancia puede ser impugnado por el accionante, el accionado o el Defensor del Pueblo dentro de los tres días siguientes a su notificación. La impugnación no suspende el cumplimiento del fallo, y la resuelve el superior jerárquico del juez en un plazo de 20 días. El trámite, quién la resuelve, qué hacer si el fallo es confuso y un modelo de escrito los explicamos en el artículo sobre la impugnación del fallo de tutela.

A continuación respondemos las preguntas frecuentes de nuestros lectores.

• Liquidador de renta personas naturales
• Liquidador de pensiones en Colpensiones
• Guía de arrendamiento sin riesgo
• Guía Laboral 2026
• Proyección y planeación pensional
• Guía de propiedad horizontal