Las facturas pueden ser del año siguiente para efectos de la deducción, pero no del año anterior
El artículo 135 de la reforma tributario (ley 1819 de 2016) presentó un avance respecto del régimen probatorio, en el sentido de avalar la deducciones aun cuando la factura no coincide con el año gravable de la deducción, siempre que la misma sea del periodo gravable siguiente.
El tiempo de vinculación de los trabajadores no debe tener incidencia en la retención por rentas laborales
En principio los honorarios en general son considerados rentas laborales, toda vez que la definición de la renta según el artículo 335 ET hace una remisión al artículo 103 ET, el cual los señala de forma inequívoca como rentas de trabajo.
La DIAN cree no tener competencia para dilucidar vigencia del decreto 2548 de 2014
Esa parece ser la conclusión a la que desea llegar la DIAN. Toda vez que considera que no es de su competencia informar respecto de la vigencia del decreto 2548 de 2014, es decir, el decreto reglamentario que nos puso a elegir entre sistema de registros obligatorios y libro tributario, temas que por cierto ha sido muy neurálgico estos últimos días en el país.
Régimen de entidades controladas del exterior
La ley 1819 de 2016 mediante su artículo 139, adicionó el “libro séptimo” al Estatuto Tributario (arts. 882 y S.S.) el cual consagra y regula una figura denominada “Entidades Controladas Del Exterior Sin Residencia Fiscal En Colombia” (en adelante ECE)
Requisitos que debe cumplir la corrección provocada
Las declaraciones privadas pueden ser corregidas por el contribuyente de forma voluntaria o en ocasión a la actuación de la Dian, caso en el cual se denominan correcciones provocadas, declaraciones que deben cumplir una serie de requisitos para que sean aceptadas y el contribuyente pueda acogerse a los beneficios correspondientes.
Ley 1819 de 2016 unifica criterio de exoneración de aportes: Menos de 10 smmlv
Antes de la ley 1819 de 2016, recordemos que estaba operando el impuesto sobre la renta para la equidad CREE aparejado con una exoneración de aportes que se encontraba consagrada en la ley 1607 de 2012.
Dicha exoneración creó múltiples problemas interpretativos, al punto que fue el Consejo de Estado quien terminó por definir como operaba el tema de exoneración de aportes. Dijo que para las personas jurídicas la exoneración operaba para empleados que devenguen “hasta” 10 smmlv, mientras que para las personas naturales opera para los empleados que devenguen “menos” de 10 smmlv.
Gastos de representación están incluidos en el límite del 40% de la cédula de rentas laborales
Recordemos que el artículo 206 del Estatuto Tributario contempla las rentas de trabajo que se consideran exentas para efectos del impuesto sobre la renta y complementarios. Ahora bien, en el numeral 7 ibídem señala que en el caso de los magistrados de tribunales y sus fiscales, el 50% de sus salario se considerará gastos de representación exentos. Igual suerte se predica de los rectores y profesores de universidades públicas.
Entidades sin ánimo de lucro podrían quedar exoneradas de hacer aportes
Ambientemos el tema. Las entidades sin ánimo de lucro en principio pertenecen al régimen tributario especial, para ello deben estar plenamente calificadas en los términos de la ley 1819 de 2016 y en todo caso cumplir con la reglamentación que expida el gobierno nacional.
La decisión 578 de la comunidad Andina
Actualmente la CAN (Comunidad Andina) se encuentra integrada por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú; y su finalidad es lograr una “integración integral” por parte de los países miembros. Y como parte de esa integración en el 2004 fue adoptada por la CAN la Decisión No. 578[1], mediante la cual se expide el “Régimen para evitar la Doble Tributación y Prevenir la Evasión Fiscal”.
Proyecto de decreto de personas naturales ¿Cuenta y riesgo propio?
Suficiente discusión generó el antiguo régimen de tributación de personas naturales basado en las categorías de empleados, trabajadores por cuenta propia y otros. Gran parte de esa discusión tiene que ver con el concepto de cuenta y riesgo propio que trajo el decreto 3032 de 2013.