El fraude a resolución judicial es una conducta tipificada como delito y quien incurra en ella se expone a una pena de hasta cuatro años y una multa de hasta 50 salarios mínimos mensuales.
¿Qué es el fraude a resolución judicial?
El fraude a resolución judicial hace referencia a la práctica de ciertas maniobras, argucias o artimañas para evitar el cumplimiento de una obligación impuesta mediante resolución judicial, como por ejemplo el señor que se insolventa mediante simulación de contratos de compraventa o traspaso de bienes a título gratuito bajo cualquier figura jurídica para desaparecer de su patrimonio cualquier bien que le pudiera ser embargado para garantizar el pago de lo impuesto.
Quien comete fraude a resolución judicial busca crear un estado de imposibilidad de cumplir cualquier obligación: el juez lo condenó a pagar una deuda, pero no puede hacerlo porque no tiene con qué pagar, pero ha llegado a ese nivel de incapacidad de pago recurriendo a maniobras fraudulentas.
Por supuesto, hay infinidad de conductas que configuran el fraude a una resolución judicial, tantas como casos particulares hay.
Consecuencias del fraude a resolución judicial.
El artículo 454 del código penal, modificado por la ley 1453 de 2011, contempla el delito de fraude a resolución judicial de la siguiente manera:
«El que por cualquier medio se sustraiga al cumplimiento de obligación impuesta en resolución judicial o administrativa de policía, incurrirá en prisión de uno (1) a cuatro (4) años y multa de cinco (5) a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes.»
Por el monto de la pena privativa de la libertad, por lo general, no se paga cárcel efectiva, sino prisión domiciliaria al ser excarcelable la pena.
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Si en una de las cláusulas de la resolución judicial de la comisaría de familia se prohíbe vender bienes de la sociedad conyugal durante el proceso de divorcio y uno de los cónyuges vende un lote, esto se consideraría un fraude al proceso judicial. La condena que podría enfrentar la persona que realizó la venta podría incluir sanciones civiles, como la nulidad de la venta y una posible indemnización a la otra parte. Además, dependiendo de la legislación aplicable, podría haber consecuencias penales, como el delito de fraude procesal.
Gracias por el aporte.