Fraude a resolución judicial

Por

El fraude a resolución judicial es una conducta tipificada como delito y quien incurra en ella se expone a una pena de hasta cuatro años y una multa de hasta 50  salarios mínimos mensuales.

El artículo 454 del código penal modificado por la ley 1453 de 2011 contempla el delito de fraude a resolución judicial de la siguiente manera:

«El que por cualquier medio se sustraiga al cumplimiento de obligación impuesta en resolución judicial o administrativa de policía, incurrirá en prisión de uno (1) a cuatro (4) años y multa de cinco (5) a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes.»

¿Qué es el fraude a resolución judicial?

El fraude a resolución judicial hace referencia a la práctica  ciertas argucias y artimañas para evitar el cumplimiento de una obligación impuesta mediante resolución judicial, como por ejemplo el señor que se insolventa mediante simulación de contratos de compraventa o traspaso de bienes a título gratuito bajo cualquier figura jurídica para desaparecer de su patrimonio cualquier bien que le  pudiera ser embargado para garantizar el pago de lo impuesto.

Quien comete fraude a resolución judicial busca crear un estado de imposibilidad de cumplir cualquier obligación: El juez lo condenó a pagar una deuda pero no puede hacerlo porque no tiene con qué pagar, pero ha llegado a ese nivel de incapacidad de pago recurriendo a maniobras fraudulentas.

Por supuesto que hay infinidad de conductas que configuran el fraude a una resolución judicial, tantas como casos particulares hay.

Contenido relacionado:
Gerencie.com en su correo.

Suscríbase y nosotros colocaremos en su bandeja de entrada la mejor información que generamos diariamente.


Déjenos su opinión

Una opinión
  1. johany Dice:

    Si me sellan el negocio la policía y yo rompo los sellos y abro de nuevo es delito?

    Responder
En Gerencie.com está permitido opinar, criticar, discutir, controvertir, disentir, etc., pero debe hacerlo con respeto, sin insultar y sin ofender a otros.

Información legal aplicable para Colombia.