Acción de simulación

La acción de simulación es la demanda con la que una persona afectada por un negocio jurídico fingido, como una compraventa que oculta una donación o una venta que nunca existió, pide al juez que declare la verdadera naturaleza del acto, o su inexistencia, para que los bienes regresen al patrimonio del deudor. Se fundamenta en el artículo 1766 del Código Civil y prescribe en diez años, contados desde que nace el interés jurídico para demandar.

¿Qué es la simulación?

La simulación es una maniobra concertada entre las partes de un negocio jurídico para ocultar su verdadera voluntad: se declara públicamente un negocio que no se quiere, o que se quiere en condiciones distintas de las declaradas.

Es el caso de quien «vende» un vehículo o un inmueble sin que haya transferencia real ni intención de hacerla, generalmente para aparentar insolvencia frente a sus acreedores, o para hacer creer a terceros una situación patrimonial que no existe.

La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en la sentencia SC3729-2020, la describe así:

«La simulación de los negocios jurídicos, en esencia, comporta un problema de discrepancia entre el propósito real de los contratantes y lo ostensible. Se suscita por voluntad de los agentes quienes bajo la apariencia de un pacto descartan la producción de sus efectos o los concretan en unos diferentes. Es una convención aparente, ya por no existir, bien por diferir de la declarada.»

La simulación puede ser absoluta, cuando no se quiso ningún negocio, o relativa, cuando el negocio aparente esconde otro realmente querido; las diferencias entre una y otra, y lo que debe pedirse en cada caso, se explican en el artículo sobre la simulación absoluta y relativa.

• Liquidador de renta personas naturales
• Guía de arrendamiento sin riesgo
• Liquidador de intereses propiedad horizontal

Fundamento legal de la acción de simulación.

La acción de simulación tiene su fundamento esencial en el artículo 1766 del Código Civil:

«Las escrituras privadas hechas por los contratantes para alterar lo pactado en escritura pública, no producirán efecto contra terceros.  Tampoco lo producirán las contraescrituras públicas, cuando no se ha tomado razón de su contenido al margen de la escritura matriz, cuyas disposiciones se alteran en la contraescritura, y del traslado en cuya virtud ha obrado el tercero.»

Sobre su naturaleza, ha precisado la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 9 de julio de 2002, expediente 6411:

«(…) Como es sabido, cuando se habla de simulación no se alude a un vicio en los negocios jurídicos, sino a una forma especial de concertarlos conforme a la cual las partes consciente y deliberadamente disfrazan la voluntad real de lo acordado, (…).»

El contrato simulado cumple todos los requisitos formales (la escritura es real, el contrato está firmado), pero no representa la voluntad de las partes, y eso es lo que el juez debe desentrañar en el proceso.

Finalidad del proceso de simulación.

Con la demanda de simulación el interesado busca que el juez declare que el negocio fue simulado y, en consecuencia:

• Si la simulación es absoluta, que el acto es inexistente y que el bien nunca salió del patrimonio del simulador, donde podrá ser perseguido por sus acreedores.
• Si la simulación es relativa, que prevalezca el negocio realmente celebrado, con los efectos que le correspondan.

El demandante típico es el acreedor defraudado por un deudor que traspasó sus bienes para no pagar, situación explicada en el artículo sobre cómo el acreedor puede perseguir los bienes del deudor que se insolventa, pero también pueden demandar los herederos afectados por traspasos fingidos del causante, el cónyuge perjudicado en la sociedad conyugal, y aun una de las partes del negocio simulado contra la otra.

Requisitos de la simulación.

Para que un negocio se considere simulado, la jurisprudencia, recogida por la Corte Constitucional en la sentencia C-741 de 2004, exige tres condiciones:

1. Acuerdo simulatorio: ambas partes deben conocer y consentir tanto el negocio público como el secreto; si una sola finge, no hay simulación sino otra figura, como el dolo.
2. Simultaneidad: el acto secreto debe ser contemporáneo del aparente, pues un acuerdo posterior que modifica un negocio real no es simulación.
3. Reserva: el negocio verdadero no debe ser revelado por el acto aparente.

Por ejemplo: Juan hace una compraventa con Pedro, pero el negocio que en verdad celebran es una donación; o Camila vende su casa a Lucía por veinte millones de pesos en la escritura, cuando el precio real pactado fue de treinta millones.

Hechos que se consideran indicios de simulación.

Como los acuerdos simulatorios suelen ser verbales y secretos, la prueba reina de la simulación es la indiciaria. La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 8 de mayo de 2001, expediente 5692, recogió el catálogo de indicios decantado por la doctrina y la jurisprudencia:

«…el parentesco, la amistad íntima de los contratantes, la falta de capacidad económica de los compradores, la falta de necesidad de enajenar o gravar, la documentación sospechosa, la ignorancia del cómplice, la falta de contradocumento, el ocultamiento del negocio, el no pago del precio, la ausencia de movimientos bancarios, el pago en dinero efectivo, la no entrega de la cosa, la continuidad en la posesión y explotación por el vendedor, etc.»

Ninguno de esos hechos prueba por sí solo la simulación, pero su concurrencia permite al juez inferirla: el vendedor que sigue viviendo en la casa «vendida» a su hijo, sin que exista rastro del pago del precio, es el cuadro típico.

La simulación no afecta a terceros de buena fe.

La declaración de simulación no produce efectos contra el tercero que adquirió el bien de buena fe, es decir, ignorando el carácter fingido del negocio anterior. Así lo ha sostenido la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, entre otras en sentencia del 5 de agosto de 2013, radicación 2004-00103-01:

«La apreciación de la buena o la mala fe del tercero dependerá, respectivamente, de si ignoraba o conocía la voluntad real de las partes para cuando adquirió el derecho que resulta incompatible con la simulación. Así, los terceros protegidos son los que creyeron en la plena eficacia vinculante del negocio porque no sabían que era simulado…»

Esto deja un margen de maniobra a quien pretende defraudar: si el adquirente simulado enajena a su vez el bien a un tercero de buena fe, la restitución material se frustra, y al demandante le quedará la reclamación de perjuicios contra los simuladores.

Competencia para conocer la acción de simulación.

Para determinar el juez territorialmente competente concurren, a elección del demandante, el fuero general del domicilio del demandado y el fuero del lugar de cumplimiento del contrato, conforme al artículo 28 del Código General del Proceso. No aplica el fuero real del lugar de ubicación del inmueble, porque la acción de simulación no versa sobre un derecho real, como lo precisó la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia en el auto AC7788-2024. Elegido un fuero por el demandante, el juez no puede desconocer esa elección.

Acción de simulación y acción pauliana.

Ambas son herramientas del acreedor defraudado y persiguen reconstruir el patrimonio del deudor, pero proceden en supuestos distintos: la simulación ataca los negocios fingidos, y la acción pauliana ataca los negocios reales celebrados en fraude de los acreedores.

Lo resume la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia 00307 del 20 de agosto de 2014:

«El interés jurídico del acreedor se halla representado en la necesidad de defender la prenda común que puede ser menoscabada por conductas del deudor en connivencia con terceros, sea mediante actos reales o ficticios, pudiendo ejercitar, respecto de los primeros, la acción pauliana y, con relación a los últimos, la de simulación…»

Si la venta fue real y empobreció al deudor, procede la pauliana, que prescribe en un año; si la venta fue fingida, procede la simulación, que prescribe en diez.

Prescripción de la acción de simulación.

La acción de simulación prescribe en diez (10) años, que es el término de la acción ordinaria del artículo 2536 del Código Civil, como lo ha reiterado la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, entre otras en la sentencia SC21801-2017.

El término es el mismo para la simulación absoluta y para la relativa, pues la ley no distinguió entre ellas.

¿Desde cuándo se cuenta el término de prescripción?

Los diez años no se cuentan necesariamente desde la fecha del negocio simulado, sino desde que nace el interés jurídico del demandante para atacarlo.

Así, en el caso resuelto por la sentencia SC21801-2017, la Corte precisó que el interés del hermano demandante no surgió al suscribirse el negocio fingido, sino al morir la causante, momento en que su derecho se vio comprometido:

«…no era desde ese instante que podía hablarse de surgimiento del interés, teniendo en cuenta, que el mismo nace a partir del momento en que se le desconoció al promotor la existencia del pacto simulatorio.»

Por ejemplo, si el padre simuló la venta de su mejor inmueble al hijo preferido, los demás herederos solo adquieren interés para demandar la simulación cuando el padre fallece, y desde esa fecha se cuenta su término de prescripción. Para el acreedor, en cambio, el interés suele nacer cuando el negocio simulado compromete la prenda general de su crédito.

Efecto de la prescripción.

Vencido el término, el interesado ya no puede demandar la simulación, y si lo hace, el demandado podrá alegar la prescripción, que el juez declarará probada. La prescripción castiga la inacción del titular del derecho en aras de la seguridad jurídica, de modo que el negocio simulado queda consolidado frente a quien dejó pasar la oportunidad.

A continuación respondemos las preguntas frecuentes de nuestros lectores.

• Calculadora de retención en la fuente por salarios
• Guía de propiedad horizontal
• Liquidador de intereses judiciales y comerciales
• Guía Laboral 2026
• Liquidador de pensiones en Colpensiones
• Proyección y planeación pensional