Notario público: qué es, funciones y quién lo nombra

El notario es el particular al que el Estado le encomienda la función de dar fe pública, es decir, de certificar con plena autenticidad las declaraciones, los documentos y los hechos que conoce en ejercicio de su cargo. El notariado es un servicio público regulado por el decreto ley 960 de 1970, conocido como estatuto notarial, y los notarios en propiedad se nombran mediante concurso de méritos, según el artículo 131 de la Constitución. ¿Qué hace un notario, quién lo nombra y quién lo vigila?

Qué es un notario.

El artículo 1 del decreto ley 960 de 1970 define el servicio notarial así:

«El notariado es un servicio público que se presta por los notarios e implica el ejercicio de la fe notarial.»

El notario es, entonces, la persona encargada de prestar ese servicio. Su función principal es dar fe pública, lo que significa que sus certificaciones se presumen ciertas y tienen plena validez ante cualquier autoridad o particular.

¿El notario es un funcionario público?

No en sentido estricto. La Corte Constitucional ha señalado que los notarios son particulares que ejercen una función pública por delegación del Estado. Prestan un servicio público, cumplen una función propia del Estado y están sujetos a su vigilancia, pero no son empleados públicos y su remuneración proviene de los derechos que cobran a los usuarios.

Así lo explicó la Corte en la sentencia C-1508 de 2000:

«La función fedante, como se denomina la facultad del notario de dar fe, es una atribución de interés general propia del Estado, que aquél ejerce en su nombre por asignación constitucional, en desarrollo de la cooperación que el sector privado ofrece al sector público en virtud del fenómeno de la descentralización por colaboración.»

La descentralización por colaboración es precisamente la figura por la cual el Estado confía a particulares el ejercicio de ciertas funciones públicas, como ocurre también con las cámaras de comercio en el registro mercantil.

La fe notarial.

La fe pública o notarial es la característica que hace valioso el servicio. La ley 29 de 1973 la define así en el segundo inciso del artículo 1:

«La fe pública o notarial otorga plena autenticidad a las declaraciones emitidas ante el notario y a lo que éste exprese respecto de los hechos percibidos por él en el ejercicio de sus funciones, en los casos y con los requisitos que la ley establece.»

En virtud de esa fe pública, lo que el notario certifica se presume cierto, y quien quiera desvirtuarlo debe probar lo contrario. Si un notario certifica que una persona firmó un documento en su presencia, no basta con que esa persona lo niegue: tendría que demostrar la falsedad.

Conviene precisar que el notario da fe de que una declaración se hizo ante él, no de que lo declarado sea verdad. Si una persona declara ante notario que vive en cierta dirección, el notario certifica que esa persona hizo esa declaración, no que efectivamente viva allí.

Funciones del notario.

El artículo 3 del decreto ley 960 de 1970 enumera las funciones de los notarios. Las más frecuentes en la vida cotidiana son estas:

• Recibir, extender y autorizar las escrituras públicas, como las de compraventa de inmuebles, hipotecas, constitución de patrimonio de familia y testamentos.
• Autenticar firmas y reconocer el contenido de documentos privados.
• Expedir copias autenticadas de documentos y escrituras.
• Dar testimonio escrito de hechos que presencie, como la supervivencia de una persona.
• Recibir declaraciones extraproceso o con fines extraprocesales.
• Llevar el registro del estado civil en los municipios donde lo tenga a su cargo.

Con el paso del tiempo, la ley ha ampliado las funciones de los notarios para descongestionar los juzgados. Hoy pueden tramitar, entre otros asuntos, el divorcio de mutuo acuerdo, la liquidación de la sociedad conyugal y patrimonial, la sucesión cuando todos los herederos están de acuerdo, la corrección del registro civil, el cambio de nombre y ciertas conciliaciones.

Estas actuaciones generan derechos notariales, cuyas tarifas fija cada año la Superintendencia de Notariado y Registro, como explicamos en el artículo sobre las tarifas notariales y registrales.

Quién nombra a los notarios en Colombia.

El artículo 131 de la Constitución Política establece que el nombramiento de los notarios en propiedad se hace mediante concurso. La ley 588 de 2000 reglamentó el concurso de méritos, que adelanta el Consejo Superior de la Carrera Notarial y que da lugar a una lista de elegibles.

Con base en esa lista, el nombramiento lo hace el Gobierno, que según el estatuto notarial nombra a los notarios de primera categoría, mientras que los de segunda y tercera categoría los nombran los gobernadores. Las notarías se clasifican en categorías según la población y el volumen de trabajo del círculo notarial.

Mientras se provee un cargo por concurso, pueden nombrarse notarios en interinidad o encargo, que ejercen las mismas funciones hasta que se nombre al titular.

Requisitos para ser notario.

Para ser notario se requiere, por regla general, ser colombiano de nacimiento, ciudadano en ejercicio, abogado y tener la experiencia que exige el estatuto notarial según la categoría de la notaría, además de superar el concurso.

Quién vigila a los notarios.

La Superintendencia de Notariado y Registro inspecciona, vigila y controla el servicio notarial. Ante ella se presentan las quejas por cobros indebidos, demoras injustificadas o malos tratos en una notaría.

Los notarios también responden disciplinariamente por las faltas en el ejercicio de su función, y civil y penalmente por los daños que causen, por ejemplo, al autorizar una escritura con suplantación de una de las partes por no haber verificado debidamente su identidad.

A continuación respondemos las preguntas frecuentes de nuestros lectores.