Pensión de sobrevivientes para hermanos – Requisitos de que debe cumplir quien pretenda que se le reconozca

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, la señora Emérita Ramos de W., obrando a través de apoderado judicial, demandó las Resoluciones por medio de las cuales el Liquidador de la Caja Nacional de Previsión Social le negó el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a que consideraba tener derecho por el fallecimiento de su hermano Norberto Ramos Ballesteros.

Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho solicitó, el reconocimiento del beneficio pensional con efectos desde el 11 de mayo de 2007, con la correspondiente indexación.

En la demanda indicó lo siguiente:

  1. Que a su hermano Norberto Ramos le fue reconocida una pensión de jubilación por parte de la Caja Nacional de Previsión Social E.I.C.E. mediante Resolución del 10 de abril de 1986;
  2. Que el mencionado señor falleció el 11 de mayo de 2007 en la ciudad de Barranquilla.
  3. Que durante la vida laboral y pensional del señor Norberto Ramos Ballesteros convivió y dependió económicamente de él, debido a su situación de debilidad manifiesta en la que se encuentra, dado que es una mujer de la tercera edad en estado de discapacidad que no cuenta con ningún otro medio de sostenimiento, ni descendencia alguna o familiar que pueda sufragar los costos de su subsistencia en las condiciones acordes con la dignidad humana.
  4. Que el 15 de abril de 2008 solicitó a la Caja Nacional de Previsión Social el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, en calidad de beneficiaria de su hermano fallecido, pero que su petición le fue negada aduciendo que no había probado la dependencia económica con el causante. 
  5. Que en vista de lo anterior interpuso recurso de reposición, el cual fue resuelto de manera negativa.

Señaló la demandante que los actos acusados estaban viciados de nulidad, por cuanto en su reclamación sí había acreditado debidamente que dependía económicamente de su hermano, y que se encontraba en un estado de debilidad manifiesta por ser una mujer de más de 80 años de edad,  discapacitada que no cuenta con otro medio de subsistencia que garantice su sostenimiento en condiciones de vida digna.

La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –UGPP- se opuso a la prosperidad de las pretensiones incoadas por la parte actora alegando que no era posible reconocer la pensión de sobrevivientes puesto que no se cumplían con los requisitos legales para ello, específicamente, porque se debía probar todo lo relacionado al estado de discapacidad de la demandante.

El Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante sentencia de 14 de noviembre de 2014 declaró la nulidad de los actos acusados y ordenó el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a partir del 11 de mayo de 2007, tras considerar lo siguiente:

-Que la Ley 100 de 1993 es la normatividad que resultaba aplicable en ese caso concreto, dado que el señor Norberto Ramos Ballesteros murió el 11 de mayo de 2007,  y que el literal e) del artículo 47 de dicha ley reconoció que los hermanos del causante tendrían derecho a la pensión de sobrevivientes siempre y cuando acreditaran la dependencia económica, el estado de invalidez y la no sobrevivencia del cónyuge, compañero permanente o padres e hijos con derecho.

-Que se encontraban acreditados todos los supuestos que hacen procedente el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes a favor de la demandante, por cuanto además de que cuenta con un grado de invalidez superior al 68%, de las declaraciones de los testigos se pudo concluir que dependía económicamente de su hermano, y que además que no existía concurrencia alguna con cualquier otro posible beneficiario.

El apoderado de la entidad demandada interpuso recurso de apelación señalando:

-Que no se encontraba  acreditada la dependencia económica, pues la demandante atendiendo su estado de invalidez debió demostrar que el finado fuera su curador, y que  tampoco se probó que éste era el encargado de asumir sus gastos médicos.

-Que no existía prueba dentro del proceso que indicara que el causante o sus familiares eran los encargados de atender las necesidades de la demandante. 

Al resolver el recurso de apelación interpuesto por la demandada contra la sentencia del Tribunal, el Consejo de Estado hizo, entre otras, las siguientes consideraciones

-Que de conformidad con los términos de los artículos 46 y 47 de la ley 100 de 1993 se advierte que “existen tres grupos de beneficiarios de la pensión de sobrevivientes excluyentes  entre sí, toda vez que a falta de uno lo sucederá el otro, así: i) cónyuge o compañera permanente e hijos con derecho; ii) padres con derecho; y iii) hermanos con derecho.

- Que para que un hermano sea beneficiario de la pensión de sobrevivientes se requiere que cumpla los siguientes requisitos:

i) Ausencia de otros beneficiarios;

ii) Parentesco con el causante;

iii)  Calidad jurídica de inválido y

iv) Dependencia económica respecto del fallecido.

-Sobre el primer requisito (Ausencia de otros beneficiarios) indicó que se debe verificar que no existan beneficiarios pertenecientes al primer o segundo grupo, esto es, cónyuge o compañera permanente e hijos con derecho; y padres con derecho, pues en caso de existir, estos desplazarán a los hermanos con derecho.

-Sobre el segundo requisito (Parentesco con el causante) precisó que quien pretenda la pensión de sobrevivientes, deberá acreditar el parentesco que lo une con el causante, en este caso, demostrar su calidad de hermano de la fallecida, lo cual se prueba con el registro civil de nacimiento.

-Con respecto al tercer requisito (Calidad jurídica de inválido del solicitante) expresó que de acuerdo con el artículo 38 de la Ley 100 de 1993 se considera inválida la persona que por cualquier causa de origen no profesional, no provocada intencionalmente, hubiere perdido el 50% o más de su capacidad laboral.  Y puntualizó que la invalidez se encuentra determinada por la incapacidad física o psíquica de la persona con ocasión de su estado de salud, la cual deberá ser igual o superior al 50% de su capacidad laboral. Agregó que la invalidez debe ser calificada por la Junta Regional de Calificación, entidad que determinará el origen, porcentaje de la pérdida de la capacidad y fecha de estructuración de la invalidez.

-Frente al cuarto requisito (Dependencia económica) recordó que esa Sección definió la dependencia económica “(…) como aquella situación de subordinación a que se halla sujeta una persona respecto de otra en relación con su ´modus vivendi´. Relación de dependencia dentro de la cual deberá observarse, por parte del beneficiado o amparado, una conducta sensata, eso sí, acorde con la dignidad humana pero desprendida de ostentación o suntuosidad alguna. (…)”

Y rememoró que la Corte Constitucional en sentencia C-066 de 2016 señaló que “(…) (i) la falta de condiciones materiales mínimas en cabeza de los beneficiarios del causante de la pensión de sobrevivientes, para auto-proporcionarse o mantener su subsistencia; (ii) la presencia de ciertos ingresos no constituye la falta de la misma, ya que tan solo se es independiente cuando el solicitante puede por sus propios medios mantener su mínimo existencial en condiciones dignas.”

Seguidamente añadió que “En estos términos, es claro que la dependencia económica no puede asumirse desde la óptica de la carencia de recursos económicos, sino en la falta de condiciones materiales mínimas para la subsistencia. Es de anotar que dicho concepto debe ser analizado en armonía con los postulados constitucionales y legales que enmarcan la seguridad social, tales como la protección especial a las personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta.” 

Al término de su estudio el Consejo de Estado concluyó que la demandante, en su condición de hermana del señor Norberto Ramos Ballesteros (q.e.p.d.),  cumplía los requisitos previstos en la Ley 100 de 1993 para ser beneficiario de la pensión de sobrevivientes, y como consecuencia de ello confirmó la sentencia del A – quo mediante la cual se había accedido a las súplicas de la demanda.

Fuente: Sentencia Rad. No. 080012333000201300660 02 del 17 de nov. / 2016 - Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Segunda – Subsección B  - C. P. Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez.

Conozca nuestra Guía Laboral 2017

Contenido relacionado:
Compartirlo
Gerencie.com en su correo.

Suscríbase y nosotros colocaremos en su bandeja de entrada la mejor información que generamos diariamente.


Déjenos su opinión

3 Opiniones
  1. Alonso Riobó Rubio dice:

    En el comentario editorial se lee:

    “El apoderado de la entidad demandada interpuso recurso de apelación señalando:

    “-Que no se encontraba acreditada la dependencia económica, pues la demandante atendiendo su estado de invalidez debió demostrar que el finado fuera su curador, (…)”

    Es evidente que la expresión “fuera” está mal empleada, razón por la cual ruego a los lectores reemplazarla por el término era.

    Presento excusas por el error y por escribir frases mías entre comillas.

    Saludos,

  2. JUAN RUA M. dice:

    No se preocupe doctor Riobó. Errar es de humanos.

  3. Viviana dice:

    Gracias por el artículo, me fue de gran utilidad.

En Gerencie.com está permitido opinar, criticar, discutir, controvertir, disentir, etc., pero debe hacerlo con respeto, sin insultar y sin ofender a otros.

Información legal aplicable para Colombia.