Prejudicialidad en los procesos civiles

La prejudicialidad es la causal de suspensión del proceso civil que procede cuando la sentencia que debe dictarse depende necesariamente de lo que se decida en otro proceso judicial, sobre una cuestión que no puede ventilarse como excepción ni como demanda de reconvención, según el numeral 1 del artículo 161 del Código General del Proceso (CGP). Solo se decreta a solicitud de parte, cuando el proceso está en estado de dictar sentencia de segunda o única instancia, y la suspensión no puede exceder de dos años.

Qué es la prejudicialidad.

Hay prejudicialidad cuando un juez no puede decidir el asunto sometido a su conocimiento sin conocer antes lo que otro juez decida en un proceso distinto. El caso típico es el del proceso civil que depende de un proceso penal: por ejemplo, la demanda que se funda en un documento que en el proceso penal se investiga como falso.

La figura busca evitar sentencias contradictorias: si el juez civil fallara antes, podría dar por cierto un hecho que el juez penal luego declare inexistente.

Suspensión del proceso civil por prejudicialidad.

Dice el numeral 1 del artículo 161 del CGP que el juez decretará la suspensión:

«Cuando la sentencia que deba dictarse dependa necesariamente de lo que se decida en otro proceso judicial que verse sobre cuestión que sea imposible de ventilar en aquel como excepción o mediante demanda de reconvención. El proceso ejecutivo no se suspenderá porque exista un proceso declarativo iniciado antes o después de aquel, que verse sobre la validez o la autenticidad del título ejecutivo, si en este es procedente alegar los mismos hechos como excepción.»

La suspensión la decreta el juez que conoce del proceso que debe suspenderse, a solicitud de parte, y procede tanto en procesos declarativos como ejecutivos, con la salvedad señalada para el ejecutivo.

Requisitos para la suspensión por prejudicialidad.

Del artículo 162 del CGP y de la jurisprudencia de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, recogida, entre otros, en el auto AC1564-2023, se desprenden los siguientes requisitos:

1. Que la solicitud se presente antes de dictarse la sentencia.
2. Que la sentencia que deba dictarse dependa necesariamente de lo que se decida en el otro proceso.
3. Que la cuestión no pueda ventilarse en el mismo proceso como excepción o mediante reconvención.
4. Que se pruebe la existencia del otro proceso judicial.
5. Que el proceso que debe suspenderse se halle en estado de dictar sentencia de segunda o única instancia.

El último requisito explica por qué la suspensión no se decreta apenas se presenta la solicitud: el proceso sigue avanzando, y solo se detiene cuando llega el momento de fallar.

El otro proceso debe ser verdaderamente judicial.

No basta una denuncia penal en etapa de indagación. La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia lo precisó en el auto AC2497-2021:

«Al contrastar la información que arroja el expediente con las consideraciones expuestas en precedencia, se advierte improcedente la solicitud de suspensión de que aquí se trata, comoquiera que, de acuerdo con el informe rendido por la Fiscalía 89 Seccional de Cali, las denuncias penales formuladas por los recurrentes radicadas con el No. (…) y (…), se encuentran en fase de "indagación", pero aún no tienen la connotación de proceso judicial, por lo que no se satisface dicho requisito para la aludida suspensión.»

En consecuencia, quien pida la suspensión debe acreditar que el otro asunto superó la etapa preliminar y tiene ya la naturaleza de proceso judicial.

Efectos de la suspensión por prejudicialidad.

La suspensión produce los mismos efectos de la interrupción desde la ejecutoria del auto que la decreta: no corren los términos ni pueden ejecutarse actos procesales, aunque los incidentes pueden seguir su curso cuando la suspensión recae solo sobre el trámite principal (artículo 162 del CGP).

Reanudación del proceso.

El proceso suspendido por prejudicialidad se reanuda conforme al primer inciso del artículo 163 del CGP:

«La suspensión del proceso por prejudicialidad durará hasta que el juez decrete su reanudación, para lo cual deberá presentarse copia de la providencia ejecutoriada que puso fin al proceso que le dio origen; con todo, si dicha prueba no se aduce dentro de dos (2) años siguientes a la fecha en que empezó la suspensión, el juez de oficio o a petición de parte, decretará la reanudación del proceso, por auto que se notificará por aviso.»

Es decir, la suspensión no puede prolongarse más de dos años: si el otro proceso no ha terminado en ese plazo, el juez civil reanuda y falla con lo que obre en el expediente.

Las demás causales de suspensión, y la interrupción del proceso, se explican en el artículo sobre la suspensión e interrupción del proceso en el CGP.

A continuación respondemos las preguntas frecuentes de nuestros lectores.