Derecho de petición contra particulares

El derecho de petición, por excelencia es una figura que opera para entidades de derecho público, para empresas estatales; pero excepcionalmente puede operar contra entidades particulares, contra empresas privadas.

Debido a esta situación, sólo de forma excepcional, y en la medida en que se violen derechos fundamentales, el derecho de petición obliga a los particulares.

La Corte Constitucional en varias de sus sentencias [Sentencias C-134/94, T-105/96, T-738/98, T-789/98, T-131/98, T-131/98], ha considerado que el derecho de petición vincula a los particulares en la medida en que ese particular preste servicios públicos o de interés general, o que aunque no se trate de ningún servicio de los anteriores, se viole algún derecho fundamental por la no atención del derecho de petición.

Para el caso de las empresas privadas que prestan servicios públicos o de interés general, para que el derecho de petición las vincule, además de la naturaleza de los servicios prestados, debe existir una afectación del algún derecho fundamental de quien invoca el derecho de petición.

La corte ha considerado que en estos casos, procede la acción de tutela para exigir al particular la atención del derecho de petición, en la medida en que se presenten los supuestos de que trata el artículo 86 de la constitución nacional.

Precisamente el artículo 86 de la constitución es quien concibió la acción de tutela, y en cuanto a la procedencia de la tutela contra particulares, dice este artículo:

(…)

La ley establecerá los casos en los que la acción de tutela procede contra particulares encargados de la prestación de un servicio público o cuya conducta afecte grave y directamente el interés colectivo, o respecto de quienes el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión.

(…)

La vinculación de los particulares frente al derecho de petición, está sujeto al marco contemplado en el artículo 86 de la constitución nacional, y en este se pueden identificar claramente las siguientes situaciones:

  1. El particular presta un servicio público o de interés general
  2. Que se afecte gravemente el interés general o colectivo, y
  3. Que se afecte gravemente algún derecho fundamental como consecuencia del estado de subordinación o indefensión.

Es así como por ejemplo se puede recurrir a la acción de tutela cuando un empleador no certifica a un ex empleado suyo, lo que le afecta su derecho al trabajo; por lo que se colige que en el derecho de petición vincula al empleador particular respecto a la expedición de certificados o documentos que garanticen el derecho del trabajador al trabajo, a la salud o a la pensión.

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2 Opiniones
  1. Elizabeth Buitrago dice:

    Buenas tardes

    Que entidades de control pueden sancionar a las empresas del sector privado en Colombia por la inobservancia del derecho de peticion? y que clases de sanciones se les impone?

  2. carlos dice:

    Buenas tardes
    Ante todo agradeciendo el espacio propiciado por ustedes en su pagina muy ilustrativa.
    Sobre lo anterior quisiera preguntar :
    1. Los contratos de obra que están siendo ejecutados por consorcios y a estos se les radica un derecho de petición sin ser contestado estarían incurriendo en falta disciplinaria? en que normatividad podría basarme ya que hace poco un consorcio afectó a nuestra comunidad, sus casas, ambiente sano al ejecutar una obra civil pasandole a estos un derecho de petición el cual hasta la fecha nunca fue respondido.
    Agradeceríamos enormemente esa pequeña indicación de parte de ustedes.
    De antemano muchas gracias.
    Comunidad de Rio de Oro, Cesar. Vereda Sumare

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