Acción de lesividad – En qué consiste?

Esta acción no se encuentra consagrada como tal en la legislación. Sin embargo, la doctrina ha llamado así al ejercicio de los medios de control de nulidad y restablecimiento del derecho por parte de una entidad pública cuando esta demanda su propio acto. Esta acción se ejerce cuando no es posible ejercer la revocatoria directa de los actos por parte de la entidad que lo expidió.

Concepto o definición de acción de lesividad.

El Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo, sección tercera, en sentencia de 22 de junio de 2001, expediente 13172, se refirió al tema de la siguiente manera:

«La administración cuando advierte que expidió un acto administrativo particular que otorgó derechos a particulares puede discutir su legalidad ante el juez administrativo; se constituye pues en demandante de su propio acto, posición procesal que la doctrina española ha calificado como la acción de lesividad, la cual conforma un proceso administrativo especial, entablada por la propia Administración en demanda de que se anule un acto administrativo que declaró derechos a favor de una particular, por que es, además de ilegal, lesivo a los intereses de la Administración, vía en que la carga de la prueba de la invalidez del acto está a cargo de la demandante.»

Entonces, la denominada acción de lesividad no es más que el ejercicio por parte de la administración del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Por ejemplo, cuando se otorga una pensión a una persona, pero la administración se percata de que se otorgó la pensión sin que se llenaran los requisitos de ley, la administración puede optar por revocar directamente el acto administrativo o demandar en acción de lesividad.

Para que la administración pueda revocar directamente un acto administrativo de carácter particular y concreto, aunque este sea expreso o ficto, donde se reconoce un derecho a un particular, se debe obtener el consentimiento de dicho particular. El consentimiento dado por el particular debe ser:

• Previo a la revocatoria directa.
• Expreso y por escrito.

Cuando no se obtiene el consentimiento del particular al que se le reconoce un derecho y no es posible que la administración pueda revocar directamente el acto, se debe acudir a demandarlo por medio de la pretensión de nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicción contenciosa.