Qué hacer si no responden un derecho de petición

Presentar un derecho de petición da lugar a que la entidad responda; sin embargo, no siempre lo hace. Vencido el término (15, 10 o 30 días hábiles, según artículo 14 de la Ley 1755 de 2015), el ciudadano dispone de dos herramientas: la queja disciplinaria y, de forma excepcional, la acción de tutela (artículos 23 y 86 de la Constitución). Veamos cómo usar cada una.

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¿Qué pasa si no responden un derecho de petición?

Cuando la entidad guarda silencio dentro del término legal, se vulnera el derecho fundamental de petición. A partir de ese momento el ciudadano puede activar los mecanismos para hacerlo efectivo.

Conviene tener presente que el ciudadano no cuenta con muchas herramientas frente al silencio de la administración: básicamente, la queja disciplinaria contra el funcionario y, cuando se cumplen ciertos requisitos, la acción de tutela.

Primero, verifique el término e insista.

Antes de reclamar, confirme que el término ya venció. Recuerde que los días son hábiles y que puede existir una prórroga válida (que no supere el doble del término inicial). Los plazos y su cómputo los explicamos en tiempo para responder un derecho de petición.

Si el término venció, puede insistir por escrito ante la entidad dejando constancia del radicado inicial. Esa insistencia sirve, además, como soporte para la queja y la tutela.

Queja disciplinaria por no responder.

No atender un derecho de petición dentro del término es una falta disciplinaria, según el artículo 31 de la Ley 1755 de 2015:

«La falta de atención a las peticiones y a los términos para resolver, la contravención a las prohibiciones y el desconocimiento de los derechos de las personas de que trata esta Parte Primera del Código, constituirán falta para el servidor público y darán lugar a las sanciones correspondientes de acuerdo con el régimen disciplinario.»

El texto original calificaba la conducta como falta «gravísima», pero esa expresión fue declarada inexequible por la Sentencia C-951 de 2014; hoy la falta se gradúa conforme al régimen disciplinario vigente (Ley 1952 de 2019, Código General Disciplinario).

En consecuencia, la persona a la que no le respondieron puede presentar la queja ante la propia entidad (oficina de control interno disciplinario) o ante la Procuraduría General de la Nación.

Acción de tutela para proteger el derecho de petición.

La acción de tutela procede para amparar el derecho de petición cuando la entidad o el particular obligado no responde dentro del término o responde de forma incompleta o evasiva, de conformidad con el artículo 86 de la Constitución. No requiere abogado y el juez debe resolverla en un término breve.

La Corte Constitucional ha protegido de forma reiterada este derecho, y ha sido especialmente enfática cuando de la respuesta depende otro derecho fundamental. Por ejemplo, tratándose de una solicitud de reconocimiento pensional, la falta de respuesta no solo vulnera el derecho de petición, sino que puede comprometer el derecho a la seguridad social del solicitante.

En la tutela conviene solicitar dos cosas: que se ordene responder de fondo dentro de un plazo perentorio y, cuando corresponda, que se proteja el derecho fundamental adicional afectado por la demora.

¿Y si me responden con evasivas o no resuelven de fondo?

Una respuesta que no resuelve lo pedido, que es evasiva o que responde algo distinto equivale a no responder. La respuesta debe ser oportuna, clara, precisa, congruente con lo solicitado y notificada al interesado.

En estos casos también procede la tutela para exigir una respuesta de fondo. Los requisitos que debe cumplir una respuesta correcta los detallamos en cómo responder un derecho de petición.

¿Opera el silencio administrativo cuando no responden?

Por regla general, el silencio de la administración se entiende como silencio administrativo negativo: la petición se entiende negada, lo que habilita los recursos y las acciones judiciales que correspondan.

La excepción está en las peticiones de documentos e información: si no se responden dentro de los 10 días, la solicitud se entiende aceptada (silencio positivo), según el numeral 1 del artículo 14 de la Ley 1755 de 2015. En todo caso, el silencio no reemplaza la obligación de dar una respuesta de fondo.

¿Y si quien no responde es un particular?

Los particulares, por regla general, no están obligados a responder un derecho de petición, porque este es una figura propia del derecho administrativo. La obligación existe solo para las entidades del artículo 33 (bancos, EPS, cajas de compensación, empresas de servicios públicos) y para las organizaciones privadas cuando esté de por medio un derecho fundamental o una situación de indefensión, subordinación o posición dominante.

Si el particular no está obligado, insistir en el derecho de petición no será eficaz; conviene usar el mecanismo idóneo (comité de convivencia, querella de policía, queja ante la superintendencia respectiva o acción de responsabilidad civil). Todo esto lo desarrollamos en derecho de petición contra particulares.

¿Hay responsabilidad patrimonial por no responder?

Cuando la falta de respuesta causa un daño concreto al peticionario, puede resultar viable reclamar la reparación del perjuicio a la entidad responsable. En ese caso corresponde al afectado probar la existencia del daño y cuantificar su monto.

De acuerdo con nuestro criterio, esta vía es complementaria: primero se busca la respuesta con la tutela y la queja, y en paralelo, si ya se causó un perjuicio económico, puede evaluarse la acción de reparación.

A continuación respondemos las preguntas frecuentes de nuestros lectores sobre qué hacer cuando no responden un derecho de petición.