Carga de la prueba en el CGP: quién debe probar y cuándo se invierte

La carga de la prueba es la regla que indica a cuál de las partes le corresponde demostrar cada hecho en un proceso. En materia civil, la regla general está en el artículo 167 del Código General del Proceso, según el cual incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas cuyo efecto jurídico persiguen, y en el artículo 1757 del Código Civil, que atribuye la prueba de las obligaciones o de su extinción a quien las alega. ¿Qué significa esto en la práctica, qué es la carga dinámica de la prueba y cuándo se invierte?

Qué es la carga de la prueba.

La carga de la prueba no es una obligación que pueda exigirse, sino una necesidad: la parte que no prueba los hechos en que funda su pretensión o su defensa corre el riesgo de perder el proceso. Por eso se habla de «carga» y no de «deber».

La regla responde a una idea sencilla: el juez no puede fallar con base en lo que las partes afirman, sino en lo que demuestran. La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, en sentencia 00467 del 25 de mayo de 2010, lo explicó así:

«Al Juez no le basta la mera enunciación de las partes para sentenciar la controversia, porque ello sería tanto como permitirles sacar beneficio del discurso persuasivo que presentan; por ende, la ley impone a cada extremo del litigio la tarea de traer al juicio de manera oportuna y conforme a las ritualidades del caso, los elementos probatorios destinado a verificar que los hechos alegados efectivamente sucedieron, o que son del modo como se presentaron, todo con miras a que se surta la consecuencia jurídica de las normas sustanciales que se invocan»

Si al final del proceso un hecho no quedó probado, el juez decide en contra de quien tenía la carga de probarlo. De ahí la importancia de saber a quién le corresponde.

Quien alega un hecho debe probarlo.

La regla general se resume en la frase «quien alega un hecho debe probarlo». El artículo 1757 del Código Civil la establece para las obligaciones:

«Incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquéllas o ésta.»

Y el primer inciso del artículo 167 del Código General del Proceso la generaliza para todo tipo de hechos:

«Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.»

En la práctica, esto significa que cada parte debe probar los hechos que le favorecen. El demandante prueba los hechos en que funda su pretensión, y el demandado prueba los hechos en que funda sus excepciones.

Supongamos que Juan demanda a Ramón para que le pague un préstamo de $10.000.000. A Juan le corresponde probar que el préstamo existió, por ejemplo, con un pagaré o una transferencia. Si Ramón se defiende alegando que ya pagó, ahora es Ramón quien debe probar el pago, por ejemplo, con un recibo o una consignación, porque el pago es la extinción de la obligación que él alega. Si Ramón no prueba el pago, el juez lo condenará, aunque afirme haber pagado.

Otros ejemplos de la regla son los siguientes:

• Quien inicia una sucesión como heredero debe probar su parentesco con el causante, con el registro civil.
• Quien alega la prescripción de una deuda debe probar que transcurrió el término legal.
• Quien alega el incumplimiento de un contrato debe probar el contrato, y quien se defiende alegando que cumplió debe probar el cumplimiento.

Hechos que no requieren prueba.

No todos los hechos deben probarse. El último inciso del artículo 167 del Código General del Proceso dispone que los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren prueba.

• Los hechos notorios son los que conoce la generalidad de las personas en un lugar y tiempo determinados, como que en cierta fecha hubo una pandemia o que una vía estuvo cerrada por un deslizamiento ampliamente conocido.
• Las afirmaciones o negaciones indefinidas son las que no pueden probarse por no estar limitadas en el tiempo ni en el espacio, como afirmar que «nunca» se ha recibido un pago. En ese caso, corresponde a la otra parte probar el hecho concreto contrario, por ejemplo, que el pago sí se hizo en una fecha determinada.

Tampoco requieren prueba los hechos que la ley presume, como se explica más adelante.

La carga dinámica de la prueba.

El Código General del Proceso introdujo una regla que flexibiliza la carga de la prueba, conocida como carga dinámica. El segundo inciso del artículo 167 dispone:

«No obstante, según las particularidades del caso, el juez podrá, de oficio o a petición de parte, distribuir la carga al decretar las pruebas, durante su práctica o en cualquier momento del proceso antes de fallar, exigiendo probar determinado hecho a la parte que se encuentre en una situación más favorable para aportar las evidencias o esclarecer los hechos controvertidos. La parte se considerará en mejor posición para probar en virtud de su cercanía con el material probatorio, por tener en su poder el objeto de prueba, por circunstancias técnicas especiales, por haber intervenido directamente en los hechos que dieron lugar al litigio, o por estado de indefensión o de incapacidad en la cual se encuentre la contraparte, entre otras circunstancias similares.»

Esto significa que, en ciertos casos, el juez puede exigir la prueba de un hecho a la parte que está en mejor posición para aportarla, aunque según la regla general no le correspondería. Por ejemplo, en un proceso por responsabilidad médica, el juez puede exigir a la clínica que aporte la historia clínica y explique el procedimiento, porque es ella quien tiene la información y los conocimientos técnicos.

El mismo artículo establece garantías para la parte a la que se le traslada la carga: la decisión es susceptible de recurso, y el juez debe darle el término necesario para aportar o solicitar la prueba, que se somete a las reglas de contradicción.

Inversión de la carga de la prueba.

La inversión de la carga de la prueba ocurre cuando la ley libera a una parte de probar un hecho y traslada a la otra la carga de demostrar lo contrario. Su principal fuente son las presunciones legales.

Las presunciones legales.

Una presunción es la consecuencia que la ley deduce de ciertos hechos conocidos. Según el artículo 66 del Código Civil, la presunción legal admite prueba en contrario, salvo que la ley la declare de derecho. Y según el artículo 166 del Código General del Proceso, el hecho legalmente presumido se tiene por cierto cuando se prueban los hechos en que se funda, y corresponde a la contraparte desvirtuarlo.

Son ejemplos de inversión de la carga de la prueba:

• En la responsabilidad contractual. El artículo 1604 del Código Civil dispone que la prueba de la diligencia o cuidado incumbe al que ha debido emplearlo, y la prueba del caso fortuito al que lo alega. Es decir, si el deudor no cumplió, no es el acreedor quien debe probar la culpa del deudor, sino el deudor quien debe probar que fue diligente o que hubo caso fortuito.
• En las actividades peligrosas. Según la jurisprudencia sobre el artículo 2356 del Código Civil, quien causa un daño en ejercicio de una actividad peligrosa, como conducir un vehículo, responde sin que la víctima deba probar su culpa, y solo se libera probando una causa extraña.
• En el contrato de trabajo. El artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo presume que toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo. El trabajador solo debe probar la prestación personal del servicio, y el empleador debe desvirtuar la presunción.
• En la filiación. El hijo concebido durante el matrimonio o la unión marital se presume hijo del cónyuge o compañero, según el artículo 213 del Código Civil, y quien la impugne debe probar lo contrario, por lo general con la prueba de ADN, regulada por la ley 721 de 2001.

En todos estos casos, la ley no exime de toda prueba a quien se beneficia de la presunción: debe probar los hechos en que se funda. Lo que se invierte es la prueba del hecho presumido.

¿Se puede invertir la carga de la prueba en una sucesión?

Un lector nos preguntó si en un proceso de sucesión puede invertirse la carga de la prueba. La regla general se mantiene: quien alega ser heredero o reclama un bien para la masa sucesoral debe probarlo. Sin embargo, de acuerdo con nuestro criterio, la carga dinámica del artículo 167 puede aplicarse en casos concretos, por ejemplo, cuando se discute si un heredero ocultó bienes o dineros del causante que estaban en su poder, porque es él quien tiene la información para esclarecer los hechos.

Medios para cumplir la carga de la prueba.

La carga de la prueba se cumple con los medios de prueba que admite la ley. El artículo 165 del Código General del Proceso enumera, entre otros, la declaración de parte, la confesión, el juramento, el testimonio, el dictamen pericial, la inspección judicial, los documentos y los indicios. Sobre el dictamen puede consultarse nuestro artículo sobre el dictamen pericial, y sobre la prueba que aún no ha sido controvertida, el artículo sobre la prueba sumaria.

La recomendación práctica es reunir las pruebas antes de demandar o contestar. Quien pretende el reconocimiento de un derecho debe asegurarse de poder probar los hechos en que lo funda, porque si no lo hace, el juez fallará en su contra.

A continuación respondemos las preguntas frecuentes de nuestros lectores sobre la carga de la prueba.