Recurso de casación laboral

La casación es el último recurso que tienen el trabajador y el empleador para que la justicia revise su caso, y lo resuelve la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia. El nuevo Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social lo rediseñó por completo en los artículos 239 a 250 de la ley 2452 de 2025: subió la cuantía a ciento cincuenta salarios mínimos, redujo a cinco días el término para interponerlo y creó la selección de sentencias. ¿Cuándo procede hoy, cómo se sustenta y qué se puede pedir?

Cómo se llega a la casación laboral.

El proceso empieza con la demanda ante el juez laboral, que decide en primera instancia. La parte vencida apela y el tribunal superior resuelve en segunda instancia.

Contra esa sentencia del tribunal procede la casación ante la Corte Suprema de Justicia, que puede casarla, es decir, dejarla sin efectos, y dictar en su lugar la sentencia que corresponda.

Conviene advertir desde ya que la casación no es una tercera instancia. No se vuelve a discutir si el trabajador tenía o no derecho, sino si el tribunal aplicó bien la ley al decidir.

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Finalidad del recurso de casación laboral.

El nuevo código definió expresamente para qué sirve el recurso, cosa que el anterior no hacía. Señala el inciso primero del artículo 239 de la ley 2452 de 2025:

«El recurso extraordinario de casación tiene como fin defender la unidad e integridad del ordenamiento jurídico, lograr la eficacia de los instrumentos internacionales suscritos por Colombia en el derecho interno, proteger los derechos constitucionales, controlar la legalidad de los fallos, unificar la jurisprudencia nacional y reparar los agravios irrogados a las partes con ocasión de la providencia recurrida.»

Los fines están en ese orden por una razón: el interés del recurrente es el último de ellos. La Corte está para unificar la jurisprudencia y controlar la legalidad de los fallos, y de paso repara el agravio de quien recurre.

Entender esa finalidad es lo que marca la diferencia entre un recurso bien planteado y uno que fracasa por técnica, que es como fracasan la mayoría.

Al respecto, señaló la sala laboral de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia 36764 del 7 de febrero de 2012, con ponencia del magistrado Rigoberto Echeverri Bueno:

«No se olvide que el recurso extraordinario de casación no otorga a la Corte competencia para revisar el juicio, en la perspectiva de resolver a cuál de los contendientes judiciales le acompaña la razón, desde luego que su misión, a condición de que el recurrente sepa plantear bien la acusación, se circunscribe a enjuiciar la sentencia gravada a los efectos de establecer si el juez, al pronunciarla, observó las normas jurídicas que debía aplicar para definir rectamente la controversia jurídica llevada a su examen.»

Lo que se enjuicia es la sentencia, no el pleito. De ahí que el recurrente deba demostrar que el tribunal violó la ley, no que la contraparte no tenía la razón.

Cuándo procede el recurso de casación laboral.

El inciso segundo del artículo 239 fija la regla general:

«A partir de la vigencia de la presente ley, y sin perjuicio de los recursos ya interpuestos en ese momento, sólo serán susceptibles del recurso de casación las sentencias proferidas en segunda instancia por los tribunales en los procesos declarativos – ordinarios y especiales – cuando el valor actual de la decisión desfavorable del recurrente exceda de ciento cincuenta (150) veces el salario mínimo legal mensual vigente (SMLMV).»

De ahí se desprenden tres requisitos que deben cumplirse todos:

• Que se trate de una sentencia de segunda instancia dictada por un tribunal superior.
• Que el proceso sea declarativo, ordinario o especial, lo que hoy incluye los procesos especiales de fuero y los de acoso laboral.
• Que el valor actual de la decisión desfavorable para quien recurre exceda de ciento cincuenta salarios mínimos.

Para 2026, ese interés equivale a $262.635.750.

Lo que se mide no es la cuantía de la demanda ni el valor de la condena, sino el agravio: lo que el recurrente perdió con la sentencia del tribunal. Si el trabajador pidió cien millones, el tribunal le reconoció treinta y él recurre, su interés son los setenta que le negaron.

Cuando el interés no resulta claro, el artículo 246 permite establecerlo con los elementos que obran en el expediente, y el recurrente puede aportar un dictamen pericial. El tribunal decide de plano sobre la concesión.

Qué pasa con los procesos iniciados antes del nuevo código.

En esos procesos la cuantía sigue siendo de ciento veinte salarios mínimos y el término para interponer el recurso de quince días, porque el artículo 330 dispone que los procesos iniciados antes del 2 de abril de 2026 se continúan tramitando por las normas procesales anteriores.

Por eso conviene verificar siempre la fecha de radicación de la demanda antes de calcular el interés para recurrir y los términos.

La selección de sentencias que no alcanzan la cuantía.

Esta es la novedad más importante del nuevo código y abre una puerta que antes estaba cerrada para los procesos de menor valor.

Aunque la sentencia no alcance los ciento cincuenta salarios mínimos, la Corte puede seleccionarla para unificar la jurisprudencia, proteger derechos constitucionales o controlar la legalidad del fallo. La selección puede ser oficiosa o por remisión del tribunal, y se tramita conforme al artículo 240.

El tribunal debe elevar la solicitud dentro de los quince días siguientes a la ejecutoria de la sentencia, motivándola en un criterio objetivo, que es la unificación de jurisprudencia, o en uno subjetivo, que es la necesidad de garantizar un enfoque diferencial. La Sala decide por mayoría dentro de los veinte días siguientes y contra esa decisión no procede recurso.

Cuando la Corte asume el caso por esta vía no se requiere demanda de casación, según el parágrafo del artículo 249.

De acuerdo con nuestro criterio, esta figura es la que mayor beneficio le reporta al trabajador de salario bajo, cuyos pleitos nunca alcanzaban el interés para recurrir y quedaban por fuera del control de la Corte.

La inadmisión por jurisprudencia reiterada.

La selección también opera en sentido contrario. El artículo 242 permite a la Sala inadmitir la demanda de casación, aunque cumpla los requisitos formales, cuando el caso sea esencialmente idéntico a uno ya resuelto en jurisprudencia reiterada, salvo que el recurrente demuestre la necesidad de variar ese criterio.

De modo que no basta con tener la cuantía: hay que mostrarle a la Corte que el asunto no está resuelto o que la postura vigente debe cambiar.

Términos para interponer y sustentar el recurso.

Aquí se produjo el cambio que más errores puede causar en la práctica. Señala el artículo 243 de la ley 2452 de 2025:

«El recurso de casación deberá interponerse dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de la sentencia de segunda instancia. El tribunal concederá el recurso en el efecto devolutivo y correrá traslado por el término de veinte (20) días para que lo sustente.»

En resumen, los términos son estos:

Los días son hábiles y se cuentan desde el día siguiente a la notificación. Si el recurso no se sustenta oportunamente, el tribunal lo declara desierto y devuelve la actuación al juzgado de origen.

El recurso se concede en el efecto devolutivo, lo que significa que la sentencia del tribunal se puede ejecutar mientras la Corte decide.

Suspensión del cumplimiento de la sentencia.

Quien recurre puede pedir que se suspenda el cumplimiento de la sentencia del tribunal, ofreciendo caución suficiente para garantizar los perjuicios que la demora le cause a la contraparte.

En el auto que concede el recurso se fija el monto y la naturaleza de la caución, que debe constituirse dentro de los diez días siguientes. Si no se constituye, o es insuficiente, la sentencia se puede ejecutar.

Y si el recurrente limita la impugnación a algunas condenas, la parte no recurrente puede pedir el cumplimiento de las que quedaron por fuera de la discusión.

Causales de casación laboral.

Las causales son taxativas y están en el artículo 241 de la ley 2452 de 2025:

• Ser la sentencia violatoria en forma directa de una norma de derecho sustancial, por infracción directa, interpretación errónea o aplicación indebida.
• Ser la sentencia violatoria en forma indirecta de una norma de derecho sustancial, por error de hecho manifiesto proveniente de la apreciación de la demanda, de la contestación o de las pruebas, o de su falta de apreciación.
• Ser la sentencia violatoria de la norma sustancial que contiene el derecho pretendido, por violación de medio a través de la transgresión de normas procesales.
• Contener la sentencia decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló la de primera instancia, o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta.
• Haberse dado por establecido un hecho con un medio probatorio no autorizado por la ley cuando esta exige una solemnidad determinada, o haberse dejado de apreciar una prueba de esa naturaleza.

Dos de ellas son nuevas y amplían el campo de ataque. La tercera recoge la violación de medio, es decir, la transgresión de normas procesales que termina violando la norma sustancial, que antes era una construcción jurisprudencial. Y la cuarta eleva a causal autónoma el desconocimiento del non reformatio in peius, tema que desarrollamos en el artículo sobre ese principio.

La Corte no puede tener en cuenta causales distintas de las alegadas. Sin embargo, el nuevo código le permite casar la sentencia de oficio cuando sea manifiesto que transgrede derechos fundamentales, facultad que antes no tenía.

Vías de ataque: directa e indirecta.

Cada error exige una vía distinta, y confundirlas es la causa más común del fracaso del recurso.

Ataque por la vía directa.

El ataque por la vía directa procede cuando el recurrente acepta los hechos y las pruebas tal como los encontró el tribunal, y solo discute el derecho aplicado.

El error jurídico se presenta de tres formas, que la sala laboral de la Corte Suprema de Justicia explicó en la sentencia 33682 del 17 de marzo de 2010:

«La primera de ellas: falta de aplicación, opera cuando el juzgador no utiliza la disposición que se ajusta al asunto sometido a examen; la segunda: aplicación indebida, se acredita siempre que el sentenciador escoge erradamente el precepto que regula el caso, con la consecuente inaplicación de la norma que recoge de forma correcta el supuesto fáctico y; la tercera: interpretación errónea, se manifiesta en el evento que si bien el fallador selecciona adecuadamente la norma aplicable al asunto debatido, le otorga un entendimiento equivocado, haciéndole producir efectos jurídicos que no emanan de su contenido normativo.»

En esta vía no caben cuestionamientos probatorios. Basta con que el recurrente deslice un reproche sobre la valoración de una prueba para que el cargo se venga abajo.

Ataque por la vía indirecta.

Cuando el reproche es probatorio, el camino es la vía indirecta. El recurrente debe singularizar con precisión las pruebas omitidas o mal valoradas, demostrar el error y señalar su incidencia en la decisión.

La Corte Suprema de Justicia, en la sentencia 68947 del 22 de enero de 2020, recordó por qué las dos vías son excluyentes:

«En efecto, cuando se acude a la vía directa, la sustentación de la demanda de casación debe ser estrictamente jurídica, en la medida que se parte de la plena conformidad de la recurrente con las conclusiones fácticas y probatorias a las que arribó el Tribunal.»

Hay además un límite que el nuevo código hizo expreso en el parágrafo del artículo 244: la demanda de casación no puede sustentarse únicamente en pruebas testimoniales. El testimonio sirve de apoyo, pero el error debe demostrarse con documento auténtico, confesión o inspección judicial.

Combinación de las dos vías.

Que las vías sean excluyentes no impide alegar los dos errores, porque el tribunal pudo equivocarse en el derecho y en las pruebas. Lo que no se puede es mezclarlas en un mismo cargo.

Así lo recordó la sala laboral de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia 40550 del 22 de enero de 2013:

«Si el recurrente no comparte el razonamiento de orden jurídico del fallador de instancia, entonces deberá optar por la vía directa; pero, si en lo que no esta de acuerdo es con relación a las inferencias de orden fáctico, la vía de la acusación ha de ser la indirecta. Y si es el caso de que no se comparten ni los razonamientos de orden jurídico ni los de orden fáctico, el ataque se podrá hacer, pero en cargos separados.»

De modo que cada vía va en un cargo propio, nunca las dos en el mismo.

Requisitos de la demanda de casación.

La demanda de casación es el escrito con el que se sustenta el recurso, y sus requisitos están en el artículo 244:

• La designación de las partes, una síntesis de los hechos, las pretensiones y las decisiones de instancia.
• La indicación de la sentencia impugnada.
• La declaración del alcance de la impugnación, es decir, qué se le pide a la Corte.
• Las causales invocadas y las normas de derecho sustancial que se estiman violadas.
• Los cargos, formulados por separado, con sus razones expuestas de forma clara, precisa y sucinta.

Una exigencia que desapareció vale la pena destacarla: ya no es necesario integrar una proposición jurídica completa. Basta señalar cualquier norma de derecho sustancial que, debiendo ser la base esencial del fallo, se considere transgredida.

El artículo 245 agrega una recomendación que es casi una advertencia: el recurrente debe plantear su demanda sucintamente, sin extenderse en consideraciones propias de los alegatos de instancia.

Lo que se puede pedir y lo que no en casación.

El alcance de la impugnación es donde más recursos naufragan, porque el recurrente pide lo que la Corte no puede conceder.

Lo ilustra la sentencia 42963 del 21 de agosto de 2013, de la sala laboral de la Corte Suprema de Justicia:

«Es bien sabido que, si se casa la sentencia de forma total, como lo está solicitando el censor, esta desaparece y, en instancia, no habría providencia de tribunal que revocar por sustracción de materia. En este evento, lo que seguiría es resolver lo pertinente frente a la decisión de primera instancia.»

Dicho de otro modo: se le pide a la Corte que case la sentencia del tribunal y que, en sede de instancia, revoque o confirme la del juzgado. Pedir que se revoque la sentencia de segunda instancia después de casarla es un contrasentido.

Tampoco se puede atacar lo decidido en primera instancia, porque el recurso se dirige exclusivamente contra la sentencia del tribunal.

Y hay que atacar todos los pilares del fallo. El soporte que quede sin crítica mantiene la sentencia en pie, por más fundados que sean los demás cargos.

Trámite del recurso en la Corte.

Remitido el expediente, la Sala verifica los requisitos y en el mismo auto admite el recurso, califica la demanda y corre traslado al opositor por quince días, según el artículo 247. Si los opositores son varios, el traslado es común.

Contra el auto que califica la demanda solo procede reposición. Si la demanda no reúne los requisitos, se declara desierto el recurso.

Al decidir, conforme al artículo 249, la Corte puede integrar de oficio los cargos mal separados o separar los que debieron formularse aparte. También puede abstenerse de casar la sentencia cuando, aun siendo fundados los cargos, en sede de instancia llegaría a la misma decisión por razones distintas, caso en el cual debe explicarlas.

Si no prospera ninguna causal, se condena en costas al recurrente, salvo que no haya habido oposición. La sentencia de casación se notifica por estados.

La ley no fija plazo para que la Corte falle. Existen términos para actuaciones puntuales, pero no para dictar la sentencia, de modo que la duración depende de la carga de la Sala.

La casación per saltum desapareció.

El código anterior permitía saltarse la segunda instancia y acudir directamente a la Corte con el consentimiento escrito de la contraparte. Era la llamada casación per saltum del artículo 89 del decreto 2158 de 1948.

La ley 2452 de 2025 no la reprodujo. Los artículos 239 a 250 regulan la casación únicamente contra las sentencias de segunda instancia de los tribunales, de modo que en los procesos iniciados a partir del 2 de abril de 2026 no hay forma de llegar a la Corte sin pasar por la apelación.

De acuerdo con nuestro criterio, la figura que la sustituye en la práctica es la selección de sentencias del artículo 239, que permite a la Corte conocer de asuntos que de otro modo no llegarían a ella, aunque por decisión suya y no por acuerdo de las partes.

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