¿Las cesantías y las prestaciones sociales son embargables?

Por regla general, no. El artículo 344 del Código Sustantivo del Trabajo declara inembargables las prestaciones sociales, cualquiera que sea su monto, con dos excepciones: las deudas con cooperativas y las cuotas de alimentos, casos en los que puede embargarse hasta el 50 %. La regla protege tanto las cesantías que paga el empleador como las que están en el fondo. ¿Qué pasa con las deudas con bancos y cómo se ejecuta el embargo?

Las prestaciones sociales son inembargables.

La protección está en el artículo 344 del Código Sustantivo del Trabajo, que dispone en su numeral 1:

«Son inembargables las prestaciones sociales, cualquiera que sea su cuantía.»

La norma cobija todas las prestaciones sociales: la prima de servicios, el auxilio de cesantías y los intereses sobre las cesantías, estos últimos por ser accesorios de las cesantías.

La razón es la finalidad de estos pagos. Las cesantías protegen al trabajador cuando queda sin empleo, y la ley no quiso que un acreedor pudiera quitárselas. Por eso, a diferencia del salario, la protección no depende del monto: aunque las cesantías sean muy altas, siguen siendo inembargables.

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Las dos excepciones: cooperativas y alimentos.

El numeral 2 del mismo artículo 344 establece las únicas excepciones:

«Exceptúanse de lo dispuesto en el inciso anterior los créditos a favor de las cooperativas legalmente autorizadas y los provenientes de pensiones alimenticias a que se refieren los artículos 411 y concordantes del Código Civil, pero el monto del embargo o retención no puede exceder del cincuenta por ciento (50%) del valor de la prestación respectiva.»

En consecuencia, las prestaciones sociales solo pueden embargarse en dos casos:

• Deudas con cooperativas legalmente autorizadas.
• Cuotas alimentarias, como las que se deben a hijos menores, al cónyuge o a los padres.

En ambos casos el embargo tiene un tope: no puede superar el 50 % del valor de cada prestación. El otro 50 % queda siempre a salvo para el trabajador.

Las deudas con bancos no permiten embargar las prestaciones.

Fuera de las cooperativas y los alimentos, ningún acreedor puede embargar las prestaciones sociales. Esto incluye a los bancos, las entidades de tarjetas de crédito, los acreedores de letras de cambio o pagarés, los arrendadores y quien haya ganado una demanda de responsabilidad civil.

Si llega una orden de embargo sobre las cesantías por una deuda bancaria, el empleador o el fondo no deben aplicarla sobre las prestaciones. El parágrafo del artículo 594 del Código General del Proceso dispone que quien recibe una orden que afecta recursos inembargables, sin que en ella se indique el fundamento legal de la excepción, debe abstenerse de cumplirla e informarlo al juez. El trabajador, por su parte, puede pedir el levantamiento de la medida dentro del proceso.

El salario, en cambio, sí puede embargarse por cualquier deuda en la parte que excede el salario mínimo, con las reglas de los artículos 154 a 156 del Código Sustantivo del Trabajo, que explicamos en el artículo sobre el embargo de salarios y prestaciones sociales.

Las cesantías que están en el fondo también son inembargables.

Existe la creencia de que el saldo del fondo de cesantías no puede embargarse en ningún caso, y la contraria, de que al estar en una entidad financiera pierde la protección. Ninguna de las dos es correcta.

Las cesantías no cambian de naturaleza por estar consignadas en un fondo: siguen siendo una prestación social. De acuerdo con nuestro criterio, les aplica íntegramente el artículo 344, de modo que el saldo del fondo es inembargable por deudas comunes y embargable hasta el 50 % por deudas con cooperativas o por alimentos.

En la práctica, la orden de embargo puede dirigirse al empleador, respecto de las cesantías que aún no ha consignado, o directamente al fondo, respecto del saldo acumulado. El fondo retiene el valor ordenado y lo consigna a órdenes del juzgado.

La pignoración de las cesantías.

Cosa distinta del embargo es la pignoración. El artículo 104 de la ley 50 de 1990 permite que el trabajador garantice con su saldo de cesantías un préstamo de vivienda que le otorgue el empleador, sin que la garantía exceda el valor del préstamo.

En ese caso el saldo queda comprometido por voluntad del trabajador, no por orden judicial, y el fondo no lo entrega mientras la pignoración esté vigente. Quien quiera saber si sus cesantías están pignoradas debe consultarlo directamente con su fondo.

Cómo se hace el embargo de las prestaciones sociales.

Cuando procede, el embargo se aplica en el momento en que la prestación se paga:

• Prima de servicios: al pagar cada cuota, en junio y en diciembre, o en la liquidación final.
• Cesantías del año: al liquidarlas. El empleador retiene la parte embargada y consigna el resto en el fondo.
• Saldo en el fondo: el fondo aplica la orden sobre el saldo acumulado del trabajador.
• Liquidación final: el empleador aplica el embargo sobre las prestaciones que paga al terminar el contrato.

En todos los casos lo retenido se consigna en la cuenta de depósitos judiciales del juzgado que decretó la medida.

La orden debe mencionar expresamente las prestaciones.

El embargo de las prestaciones sociales debe estar ordenado de forma expresa. Si el oficio del juzgado solo ordena embargar el salario, el empleador no puede extenderlo a la prima ni a las cesantías.

La razón es que en el proceso ejecutivo el juez decreta las medidas que el acreedor solicita y en los términos en que las concede. Si el acreedor no pidió el embargo de las prestaciones, o el juez no lo concedió, la medida no las alcanza.

Las prestaciones extralegales y la compensación de vacaciones.

La protección del artículo 344 se refiere a las prestaciones sociales legales. Las primas y beneficios extralegales no gozan de esa inembargabilidad especial: si constituyen salario, se embargan con las reglas del embargo de salarios; si no, conviene revisar la orden judicial en cada caso. Lo explicamos en el artículo sobre las primas extralegales.

La compensación de vacaciones en dinero no es salario ni prestación social, y ninguna norma se ocupa expresamente de su embargo. En la práctica hay jueces que la incluyen en la medida, de modo que el resultado depende de la orden y de lo que decida cada despacho.

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