Nadie puede alegar a su favor su propia culpa

«Nadie puede alegar a su favor su propia culpa» es un principio general del derecho, conocido con el aforismo latino nemo auditur propriam turpitudinem allegans, según el cual quien actuó con culpa, negligencia o dolo no puede invocar esa conducta para obtener un beneficio o liberarse de sus consecuencias. En Colombia se funda en la buena fe del artículo 83 de la Constitución, y la ley lo aplica en casos concretos, como los artículos 1525 y 1744 del Código Civil y el artículo 135 del Código General del Proceso (CGP).

Qué significa el principio.

El aforismo nemo auditur propriam turpitudinem allegans se traduce como «no se oye a quien alega su propia torpeza». Significa que una persona no puede pedir a un juez, o a cualquier autoridad, que la proteja o le reconozca un derecho cuando su pretensión se basa en su propia conducta culpable, negligente o dolosa.

Se expresa también de otras formas: nadie puede beneficiarse de su propia culpa, nadie puede aprovecharse de su propio dolo, o nadie puede alegar su propia torpeza.

Fundamento en el derecho colombiano.

La Corte Constitucional, en la sentencia C-083 de 1995, explicó que el principio hace parte de las reglas generales del derecho a las que el juez puede acudir según el artículo 8 de la Ley 153 de 1887, y que se funda en la buena fe:

«No hay duda de que quien alega su propia culpa para derivar de ella algún beneficio, falta a la buena fé entendida como la ausencia de dolo, la conciencia de que el comportamiento que se observa es conforme al derecho, y los fines que persigue están amparados por éste.»

En la sentencia T-122 de 2017, la Corte reiteró que el principio es compatible con la Constitución, «en la medida que tiene por fin imposibilitar el acceso a ventajas que se consideran indebidas o inmerecidas jurídicamente».

Aplicaciones en la ley.

Aunque no existe una norma que lo enuncie de forma general, el legislador lo aplica en varios casos:

• Objeto o causa ilícita. «No podrá repetirse lo que se haya dado o pagado por un objeto o causa ilícita a sabiendas» (artículo 1525 del Código Civil). Quien pagó a sabiendas por algo ilícito no puede luego pedir que se le devuelva.
• Dolo del incapaz. «Si de parte del incapaz ha habido dolo para inducir al acto o contrato, ni él ni sus herederos o cesionarios podrán alegar nulidad» (artículo 1744 del Código Civil). Sin embargo, la sola afirmación de ser mayor de edad no le impide pedir la nulidad.
• Culpa de la víctima. Si quien sufrió un daño se expuso a él imprudentemente, la indemnización se reduce (artículo 2357 del Código Civil).
• Nulidades procesales. «No podrá alegar la nulidad quien haya dado lugar al hecho que la origina» (artículo 135 del CGP), como se explica en el artículo sobre las nulidades procesales.

Supongamos que un peatón cruza una avenida por un lugar prohibido y sin mirar, y es atropellado por un conductor que iba con exceso de velocidad. Si los perjuicios se estiman en $5.000.000, el juez puede reducir la indemnización en proporción a la imprudencia del peatón. La culpa de la víctima no siempre la deja sin indemnización, pero no puede ignorarse a su favor.

Aplicaciones en la jurisprudencia.

La Corte Constitucional ha aplicado el principio en casos como estos:

• Pensión de sobrevivientes. En la sentencia T-122 de 2017, la Corte ordenó pagar la totalidad de la pensión de sobrevivientes a los hijos de la causante, incluida la cuota que el fondo había reservado para el cónyuge que le causó la muerte, porque este no puede beneficiarse de su propia conducta dolosa.
• Actuaciones de los apoderados. En la sentencia T-213 de 2008, señaló que «nadie puede presentarse a la justicia para pedir protección si ella tiene como fundamento la negligencia, mala fe o dolo que ha cometido», en un caso en que una entidad financiera alegaba la falta de facultades de su propio apoderado, que había interpuesto una apelación.

Un ejemplo frecuente es el de la acción de tutela: quien dejó vencer por su descuido los recursos que tenía en un proceso no puede, por regla general, acudir a la tutela para remediar esa omisión, porque la tutela es subsidiaria y no sustituye los medios ordinarios que no se usaron.

Límites del principio.

El principio no significa que toda culpa impida reclamar algo. La culpa debe ser la que origina el beneficio que se pretende; si el derecho que se reclama tiene otra fuente, la culpa no lo excluye. Por eso, de acuerdo con nuestro criterio, su aplicación exige analizar cada caso, y el juez no puede negar un derecho solo porque quien lo reclama cometió algún error.

Además, la ley a veces se aparta del principio. Por ejemplo, la nulidad absoluta puede alegarla «todo el que tenga interés en ello» (artículo 1742 del Código Civil). Antes de la Ley 50 de 1936, esa norma excluía a quien celebró el contrato sabiendo o debiendo saber el vicio que lo invalidaba; esa exclusión ya no está en el texto vigente.

A continuación respondemos las preguntas frecuentes de nuestros lectores.