Venta de bienes y propiedades del interdicto

Un interdicto es una persona considerada judicialmente incapaz por lo que no pueden por sí misma celebrar contratos ni asumir obligaciones, lo que impide que pueda vender sus propios bienes.

Procedimiento para vender el inmueble de un interdicto.

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Como ya lo señalamos, cuando una persona es declarada interdicta jurídicamente se considera incapaz, por lo cual no podrá celebrar actos jurídicos tales como los contratos pues estos carecerán de eficacia, es decir, que un interdicto no se encuentra habilitado por la ley para celebrar contratos, en cuyo caso estos podrán ser celebrados por su guardador o curador, el cual le debió ser nombrado por el juez de familia cuando se le declaró interdicto.

El guardador o curador puede ser algún familiar suyo o incluso un tercero, que es definido por el juez de familia en la misma sentencia que decreta la interdicción.

Teniendo en cuenta lo anterior, cuando se deba realizar la venta de un bien de una persona interdicta, esta podrá ser realizada por el guardador de sus bienes, sin embargo, como primera medida, se debe señalar que para poder vender un bien de una persona incapaz es necesario obtener autorización judicial o autorización notarial, dada la protección especial que le da la ley a este tipo de bienes, por no encontrarse sus propietarios en la capacidad legal para administrarlos por sí mismos.

Sea ante juez o notario la autorización debe contener la justificación de la venta y se debe determinar en que se invertirá el producto de la misma. Este es el requisito fundamental en el cual el juez o notario sustentará la autorización de la venta o la negatoria, en caso de que no considere justiciada la solicitud, el funcionario es la persona encargada de velar que la venta no afecte los intereses de la persona incapaz.

La competencia de los procesos para obtener autorización para vender bienes de un incapaz, se encuentra a cargo de los jueces de familia en única instancia, de acuerdo a lo señalado por el artículo 21 numeral 13 del código general del proceso.

De igual forma esta competencia fue otorgada a los notarios por el decreto 1664 de 2015.

El decreto que otorga la competencia en estos asuntos a los notarios busca que estas autorizaciones tengan un poco más de celeridad, dada la congestión judicial que afronta la justicia en nuestro país.

El solicitante podrá escoger presentar la solicitud ante la autoridad judicial o ante el notario a su elección.

Autorización notarial para enajenar propiedades del interdicto.

Al respecto el artículo 2.2.6.15.2.1.1 del decreto 1664 de 2015, señala lo siguiente:

«Sin perjuicio de la competencia judicial, la solicitud y trámite correspondiente de autorización para enajenar bienes o cuotas partes de estos, cuya propiedad sea de menores de edad o de incapaces mayores de edad podrá hacerse por escritura pública, ante notario. La solicitud la suscribirán los padres del menor o los guardadores según el caso.»

Señala el parágrafo de este artículo que la autorización notarial no puede utilizare para enajenar una universalidad de bienes, caso en el cual se debe recurrir a la autorización judicial.

Contenido de la solicitud de autorización notarial.

La solicitud que se presente ante el notario para la autorización de venta o enajenación de una propiedad de una persona interdicto, debe contener lo señalado en el artículo 2.2.6.15.2.1.2 del decreto 1664 de 2015:

  1. La designación del notario a quien se dirija. Será competente para tramitar la solicitud el notario del domicilio del incapaz.
  2. Nombres, apellidos, identificación, edad, nacionalidad, domicilio y residencia de los solicitantes a que se refiere el artículo anterior, quienes afirmarán y acreditarán la calidad en que hacen la solicitud.
  3. Nombres, apellidos, edad, domicilio, residencia del menor o del mayor incapaz, cédula de ciudadanía de este último, fecha y lugar de nacimiento, número del registro civil de nacimiento y número de la tarjeta de identidad, si fuere mayor de 7 y menor de 18 años.
  4. Lo que se pretende, identificando el bien o los bienes objeto de la enajenación, con precisión y claridad, y si se trata de bien o bienes inmuebles identificándolos por su ubicación, dirección, número de matrícula inmobiliaria y cédula catastral; en este caso no se exigirá transcripción de linderos cuando estos se encuentren contenidos en alguno de los documentos anexos a la solicitud. Los demás bienes se determinarán por su cantidad, calidad, peso o medida, o serán identificados según fuere el caso.
  5. Declaración expresa del valor catastral del bien o de los bienes que se pretenden enajenar. Si versa sobre bienes muebles, el valor estimado de los bienes para cuya enajenación se da inicio al trámite.
  6. Las razones por las cuales se justifica la necesidad de enajenar el bien o los bienes o una cuota parte de los mismos. Los interesados manifestarán en forma expresa cuál ha de ser la destinación del producto de la enajenación, a la que se comprometen.
  7. El contenido de la solicitud se formulará bajo la gravedad del juramento, el que se entenderá prestado con la presentación de la misma.

Es muy importante que le solicitante justifique las razones por las que pretende vender el bien, y además debe indicar el destino o uno que dará al dinero producto de la enajenación.

Procedimiento que debe seguir el notario al recibir la solicitud de autorización.

El notario no tiene autonomía para autorizar o desautorizar la solicitud de autorización para le venta de bienes del interdicto, sino que es autorización la extiende el defensor de familia.

Señala el artículo 2.2.6.15.2.1.3 del decreto 1664 de 2015 sobre el trámite que debe seguir el notario:

  • Recibida la solicitud, el notario verificará, en primer término, su competencia y, luego, si los requisitos y anexos establecidos en este decreto están completos y ajustados a la ley.
  • Recibida la solicitud de autorización de enajenación, el notario comunicará a la Defensoría de Familia del domicilio del menor o a la Personería Distrital o Municipal del domicilio del mayor incapaz, para que en el término de quince (15) días hábiles contados a partir del tercer día hábil siguiente al envío por correo certificado de la comunicación, el defensor o el personero se pronuncie aprobando, negando o condicionando la enajenación del bien o de los bienes objeto de la solicitud. Si transcurrido dicho término, no se pronuncian, el notario continuará con el trámite, dejando constancia de lo ocurrido en la escritura pública correspondiente.
  • Cuando el concepto del Defensor de Familia o del Personero Distrital o Municipal sea desfavorable, el notario remitirá la documentación al juez competente de lo cual informará a los solicitantes y a dichas autoridades, según corresponda.

Quien autoriza o niega la solicitud es el defensor de familia, y ante el silencio de este, la autorización la extiende el notario.

Es decir que el llamado a velar por los derechos del interdicto es el defensor de familia, a fin de evitar que el guardador o curador defraude o malverse los bienes del interdicto.

Autorización judicial para la venta de bienes del interdicto.

La autorización judicial para le venta de propiedades de un interdicto, se debe presentar ante un juez de familia, sujeto al trámite de jurisdicción voluntaria en términos del artículo 577 del código general del proceso.

La demanda que debe cumplir con los requisitos señalados en los artículos 82 y 83 del código general del proceso según dispone el artículo 578 del CGP, debiéndose acreditar el interés del demandante.

La Corte constitucional en sentencia C-716/06 se refirió en los siguientes términos frente a este tipo de procesos:

  • El trámite judicial que deben adelantar los representantes legales de los incapaces para obtener la licencia judicial para enajenar bienes inmuebles de su representados es un procedimiento ágil, en el cual los términos son cortos.
  • Dentro de ese trámite, el representante legal del incapaz tiene que demostrar ante el juez el interés que existe en el acto de enajenación, es decir la utilidad o necesidad concreta de tal acto.
  • Dentro del trámite interviene un agente del Ministerio público, lo que representa una garantía adicional para los intereses del menor.

Tanto notarial como judicialmente el guardador, curador o representante legal del interdicto, deben justificar la venta del bien o bienes, y explicar o indicar el destino de los recursos obtenidos con la venta.

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