Qué hacer cuando un juez civil no dicta sentencia dentro del término legal

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Cuando se presenta una demanda civil como una restitución de inmueble arrendado o un proceso de pertenencia, por ejemplo, el juez puede durar años sin dictar sentencia lo que somete a las partes a una incertidumbre que puede paralizar la toma de decisiones. ¿Qué pueden hacer las partes de proceso en ese evento?

Término legal para que los jueces dicten sentencia.

El artículo 121 del Código General del Proceso fija un plazo máximo de un (1) año para que el juez dicte sentencia de primera o única instancia, contado desde la notificación del auto admisorio de la demanda a la parte demandada.

Cuando ese año transcurre y el juez guarda silencio, pese a los impulsos procesales de la parte interesada, esta queda atrapada en un proceso que no avanza. ¿Qué puede hacer para forzar una decisión?

El término de un año para dictar sentencia según el artículo 121 del CGP.

El artículo 121 del Código General del Proceso establece un límite temporal para la duración del proceso. En su primer inciso señala:

«Salvo interrupción o suspensión del proceso por causa legal, no podrá transcurrir un lapso superior a un (1) año para dictar sentencia de primera o única instancia, contado a partir de la notificación del auto admisorio de la demanda o mandamiento ejecutivo a la parte demandada o ejecutada. Del mismo modo, el plazo para resolver la segunda instancia, no podrá ser superior a seis (6) meses, contados a partir de la recepción del expediente en la secretaría del juzgado o tribunal.»

Conviene precisar tres cosas sobre ese término, porque de ellas depende que se pueda invocar.

El punto de partida. El año no se cuenta desde la fecha del auto admisorio, sino desde la notificación de ese auto a la parte demandada. Es un error frecuente tomar como referencia la fecha del auto; lo correcto es la fecha en que se notificó al demandado.

La prórroga. El propio artículo 121 permite que, de manera excepcional, el juez prorrogue el plazo una sola vez, hasta por seis (6) meses más, mediante auto que no admite recurso y con explicación de la necesidad de hacerlo. Si el juez profirió esa prórroga, el término se extiende, pero incluso así no puede superar los dieciocho meses.

Lo que suspende o interrumpe el término. El plazo se detiene cuando el proceso se suspende o interrumpe por causa legal (artículos 159 y 161 del CGP): muerte o enfermedad grave de una parte o de su apoderado, prejudicialidad, solicitud conjunta de las partes, entre otras. Si en el proceso no ha operado ninguna de esas causales, el término corre sin pausa.

De modo que, si desde la notificación del auto admisorio al demandado ha transcurrido más de un año (o más de año y medio con prórroga) sin sentencia y sin causa legal de suspensión, el término del artículo 121 está vencido.

La pérdida de competencia ya no opera de pleno derecho: sentencia C-443 de 2019.

En su redacción original, el artículo 121 disponía que, vencido el término, el juez perdía automáticamente la competencia y que era «nula de pleno derecho» toda actuación posterior. Esa automaticidad fue el centro del debate constitucional.

La Corte Constitucional, en la sentencia C-443 de 2019, modificó ese esquema en dos frentes que hoy resultan decisivos.

Primero, declaró inexequible la expresión «de pleno derecho» del inciso que fulminaba las actuaciones posteriores. En consecuencia, la actuación tardía del juez no es nula por sí sola: la nulidad debe alegarse y declararse judicialmente, y puede sanearse.

Segundo, condicionó la constitucionalidad de la pérdida de competencia a que una de las partes la reclame. La Corte fue explícita:

«(…) la pérdida de la competencia sólo se configura cuando, una vez expirado el plazo legal sin que se haya proferido la providencia que pone fin a la instancia procesal, una de las partes alegue su configuración, sin perjuicio del deber de informar al Consejo Superior de la Judicatura sobre la circunstancia de haber transcurrido dicho término sin haberse proferido el auto o sentencia exigida en la ley.»

Teniendo claro lo anterior, la consecuencia práctica es clara: el simple vencimiento del término no produce ningún efecto por sí mismo. Si nadie alega la pérdida de competencia, el juez conserva la competencia y el proceso permanece en su despacho, exactamente como le ha ocurrido a quien lleva casi dos años esperando una sentencia que no llega.

Por eso, la inacción del juzgado no se rompe sola. Es la parte interesada (cualquiera de las dos) la que debe activar el mecanismo que corresponda.

Qué puede hacer la parte afectada por la falta de sentencia.

De acuerdo con nuestro criterio, la parte que sufre la mora tiene tres caminos, que no se excluyen entre sí y que conviene graduar según lo que se busque: mantener el proceso con el mismo juez y forzarlo a decidir, o desprenderlo de ese juzgado.

Requerir formalmente al juez para que dicte sentencia.

El primer paso, y el más elemental, es presentar un memorial solicitando expresamente que se profiera la sentencia, dejando constancia de que el término del artículo 121 se encuentra vencido.

Aunque parezca un trámite menor, este requerimiento cumple una función probatoria clave: acredita que la parte agotó la gestión ante el propio juzgado antes de acudir a otras vías, lo que resulta indispensable si más adelante se recurre a la acción de tutela.

Recordemos que quien pide sentencia anticipada, o insiste por escrito en que se falle, está construyendo la prueba de la diligencia propia y de la desidia del despacho.

Alegar la pérdida de competencia y pedir el traslado al juez siguiente.

Con fundamento en el artículo 121 y en la sentencia C-443 de 2019, la parte puede alegar la pérdida de competencia del juez por vencimiento del término. Al hacerlo, el funcionario pierde la competencia y debe remitir el expediente, sin reparto, al juez que le sigue en turno, quien asume el proceso y debe proferir la providencia dentro de un término máximo de seis (6) meses.

Este mecanismo es la herramienta que la ley previó justamente para estos casos. Sin embargo, conviene sopesar su conveniencia.

Su ventaja es que saca el proceso de un despacho inerte y lo entrega a otro que queda sujeto a un plazo perentorio de seis meses. Su desventaja es que el nuevo juez debe familiarizarse con un expediente ajeno, y en la práctica ese traslado puede tomar tiempo. En procesos donde ya se surtieron todas las etapas y solo falta la sentencia —como cuando ya se solicitó sentencia anticipada—, cambiar de juez puede significar volver a empezar buena parte de la sustanciación.

Por eso, alegar la pérdida de competencia es especialmente útil cuando el objetivo es desprenderse de un juez que no va a actuar; pero si el proceso está maduro para fallo, muchas veces resulta más eficaz forzar a ese mismo juez a decidir por vía de tutela.

Acción de tutela por mora judicial.

Cuando el requerimiento no surte efecto y se quiere que el mismo juez dicte la sentencia, el último recurso jurídico es la acción de tutela por mora judicial, por violación del derecho fundamental al debido proceso sin dilaciones injustificadas y del derecho de acceso a la administración de justicia, consagrados en los artículos 29 y 229 de la Constitución Política.

La Corte Constitucional ha admitido que la tardanza injustificada del juez vulnera derechos fundamentales y es susceptible de amparo. Ahora bien, no toda mora es amparable: debe tratarse de una dilación injustificada.

En la sentencia T-803 de 2012, la Corte precisó que el incumplimiento de los plazos puede justificarse, entre otros eventos, cuando la tardanza obedece a la complejidad del asunto y el juez actuó con diligencia razonable, cuando existen problemas estructurales de congestión que el juez no puede enfrentar individualmente, o cuando median circunstancias imprevisibles o ineludibles.

Fuera de esos supuestos, la mora es injustificada. Y difícilmente puede alegarse justificación cuando, como en el caso que motiva este artículo, el juzgado no ha proferido ninguna actuación distinta del auto admisorio pese a los reiterados impulsos de la parte y a una solicitud de sentencia anticipada, estando próximo a cumplirse dos años.

En estos casos, el juez de tutela suele ordenar al despacho que profiera la sentencia dentro de un término breve (normalmente entre 48 horas y 30 días), con lo que la parte obtiene, por fin, una decisión de fondo del mismo juez que conoce el proceso.

Queja disciplinaria ante la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

De manera complementaria a cualquiera de las vías anteriores, la parte puede presentar queja disciplinaria contra el juez ante la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, que es hoy la autoridad competente para investigar la conducta de los funcionarios judiciales.

El propio artículo 121 dispone que el vencimiento de los términos «deberá ser tenido en cuenta como criterio obligatorio de calificación de desempeño de los distintos funcionarios judiciales».

No obstante, la Corte Constitucional, en la misma sentencia C-443 de 2019, condicionó ese inciso: el vencimiento del plazo no implica una descalificación automática del juez, pues la consecuencia adversa solo procede cuando la tardanza es atribuible a su negligencia o a la desatención de sus deberes funcionales.

Debe quedar claro que la queja disciplinaria no produce la sentencia: sanciona la conducta del juez, pero no resuelve el proceso. Por eso es una vía de refuerzo, no la solución para obtener el fallo.

Modelo de solicitud de pérdida de competencia por vencimiento del término.

Quien opte por el mecanismo del artículo 121 puede presentar un memorial como el siguiente:

A continuación respondemos las preguntas frecuentes que nos plantean nuestros lectores.