Prescripción de la acción ejecutiva derivada de una sentencia judicial

Por   10/02/2018

Una sentencia judicial ejecutoriada, que se encuentre en firme, y que contenga una obligación clara y expresa, presta mérito ejecutivo o se constituye en título ejecutivo, que por su puesto puede ser afectado por el fenómeno de la prescripción si el derecho en ella consignado no se ejerce, así que importa saber cuándo prescribe la sentencia judicial.

Por regla general y de conformidad con el artículo 2536 del código civil, la acción ejecutiva que se deriva de una sentencia judicial, prescribe en 5 años contados a partir de la ejecutoria de la misma, es decir, que transcurrido este tiempo no podrá ejecutarse al deudor por medio de un proceso en el que se pretenda hacer valer  como titulo la sentencia que reconoce cierto derecho; ahora bien, como se mencionó, esta es una regla general que no aplica en todos los casos, ya que ciertos  ejecutivos por ley manejan una prescripción diferente.

En los procesos laborales, cuando se dicta una sentencia que reconoce salarios o prestaciones sociales a favor del trabajador, el proceso ejecutivo podrá interponerse dentro de los cinco años siguientes a la ejecutoria de la sentencia.

Por otro lado, cuando se trata de un proceso ejecutivo, en el cual el titulo valor por el que se pretende ejecutar al deudor es una letra de cambio, esta acción prescribe en tres años; sin embargo en caso de la letra de cambio se deben tener en cuenta la reglas establecidas por el artículo 790 y 791 del Código de comercio que establecen unas prescripciones especiales.

En materia contenciosa administrativa en cuanto se trata de las prescripción de la acción ejecutiva, el tema es un poco más complejo en el sentido de que la ley 1437 de 2011, le da cierto plazo a la entidad condenada para que pague y una vez vencido este plazo es que empieza a correr el termino para poder interponer el proceso ejecutivo, el cual es de 5 años contados desde la exigibilidad de la obligación, de conformidad con lo señalado en el artículo 164 literal k, el cual señala:

«cuando se pretenda la ejecución con títulos derivados del contrato, de decisiones judiciales proferidas por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en cualquier materia y de laudos arbitrales contractuales estatales, el término para solicitar su ejecución será de cinco (5) años contados a partir de la exigibilidad de la obligación en ellos contenida;»

La finalidad del proceso ejecutivo es lograr obtener el cumplimiento de las obligaciones que se encuentren a  nuestro favor contenidas en documentos que contengan dicha obligación de una manera clara, expresa y que además tenga fundamentalmente la característica de ser exigible, llámese letra de cambio, pagaré o  sentencia; lo fundamental es exigir con la mayor brevedad el cumplimiento de la obligación para que no prescriba  el termino concedido para ello.

Ahora bien, no es solo interponer el proceso ejecutivo y ya, es necesario solicitar todas las medidas cautelares procedentes para que se garantice el cumplimiento, y ejercer todos los actos que como ejecutantes nos exige el procesos para que este se lleve a  término y no sea archivado.

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Una opinión
  1. Gloria Rios Dice:

    Buenas tardes, considero pertinente aclarar que si bien en los procesos ejecutivos de origen civil la prescripción es de cinco años, en los ejecutivos laborales la prescripción es de tres (03) años, término reglado para los procesos laborales en general.

    Es así como el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, tiene una reglamentación limitada en relación con el proceso ejecutivo, son solo los artículos 100 al 111, en los que se plantean los presupuestos de la acción, pero para el trámite debe acudirse, por expresa remisión del artículo 145 ibidem, al procedimiento civil, en el cual, son válidas las excepciones expresamente consagradas en el artículo 509, y entre ellas se encuentra la de prescripción.

    Entonces, en el trámite de un proceso ejecutivo laboral, hay que decirse que la acción prescribe en tres (3) años conforme a lo establecido en las normas propias del código sustantivo y procesal del trabajo, mismos que empiezan a contarse desde que la obligación se haya hecho exigible, y que para el caso en el que el título ejecutivo es una sentencia judicial en firme, es desde la fecha de ejecutoria de
    dicha providencia.

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