Aplicación del principio de Non Reformatio In Pejus admite excepciones

Existe en el derecho procesal (incluido el laboral) un principio que se denomina Non Reformatio In Pejus (que literalmente podría traducir no reformar para empeorar), que consiste en que cuando solo una de las partes del proceso (demandante o demandado) apela una providencia, el juez de segunda instancia al resolver sobre el recurso interpuesto no puede hacer más gravosa la situación de ese apelante único, por cuanto se supone que el recurso lo interpuso respecto de lo desfavorable.

Antes de continuar vale la pena hacer un paréntesis para recordar que tanto el Consejo de Estado como la Corte Constitucional han señalado que el principio de non reformatio in pejus no es un derecho fundamental absoluto o ilimitado.

Avanzando en nuestro tema de hoy, traemos a continuación un caso en el cual el juez de segundo grado resolvió sobre un punto que no había sido objeto de apelación, lo cual dio lugar a que el asunto fuera al Consejo de Estado, vía acción de tutela, bajo el cargo de que el juez de segundo grado había incurrido en violación de dicho principio.

En la demanda de tutela el señor Francisco Javier Isaza Vélez relató los siguientes hechos:

-  Que la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en aplicación del Acuerdo No. 24 de 1989, reconoció y ordenó pagar a su favor una mesada pensional en cuantía del 85% de lo devengado durante el último año de servicio, la cual posteriormente fue objeto de reliquidación.

-  Que la mencionada Universidad pidió la nulidad de las resoluciones que reconocieron y reliquidaron su mesada pensional, aduciendo que la prestación había sido reconocida con un régimen que no era aplicable.

-  Que el Juzgado Doce Administrativo de Descongestión de Bogotá, en sentencia del 29 de junio de 2012, declaró la nulidad de los actos administrativos demandados y, en su lugar, dispuso que se reconociera una pensión por aportes a su  favor de conformidad con la Ley 71 de 1988, que se liquidaría con el sueldo básico, la prima técnica, la prima de navidad, la prima de vacaciones, la prima semestral y el quinquenio.

-  Que ambas partes apelaron la decisión.

- Que la apelación de la Universidad se contrajo a los siguientes dos puntos: que en la liquidación de la pensión se incluyeron factores extralegales,   y  que no se dispuso la devolución a favor de la Universidad de los dineros que  ésta había pagado en exceso.

-  Que la apelación del demandante se limitó a los siguientes dos aspectos:

a) Que se computara, como tiempo de servicio oficial, el periodo que laboró mediante contratos de prestación de servicios docentes y, como consecuencia de eso, se reconociera la pensión de conformidad con la Ley 33 de 1985, y

b) Que se reconociera el sobresueldo como factor salarial en la liquidación de la pensión.

- Que debido a que la persona que acudió a la audiencia de conciliación (Art. 70 de la Ley 1395 de 2010) en nombre de la Universidad no estaba debidamente autorizada, pues el poder no fue otorgado para representar a la universidad en ese proceso ni para actuar en esa diligencia de conciliación, el juzgado declaró que la parte demandante no asistió a la audiencia y, en consecuencia, concedió únicamente el recurso de apelación del hoy accionante. Así, el demandante quedó como apelante único.

-  Que al resolverse la apelación el Tribunal Administrativo de Cundinamarca confirmó la sentencia del a quo, pues concluyó que la pensión de jubilación sí debía reconocerse de conformidad con la Ley 71 de 1988, pero aclaró que los factores salariales a tener en cuenta eran: sueldo básico, prima técnica, sobresueldo, y las doceavas partes de las primas semestral, de vacaciones y de navidad. O sea que excluyó el quinquenio de la base de liquidación.

Esa decisión del Tribunal de excluir el quinquenio le dio argumentos al accionante para acusar al Tribunal de haber desbordado su competencia como juez de segunda instancia, al desconocer el principio de la non reformatio in peius, toda vez que era apelante único y que el recurso se limitaba al reconocimiento de la pensión de acuerdo con la Ley 33 de 1985 y a la inclusión del sobresueldo como factor salarial en la liquidación pensional.

Agregó que la autoridad judicial demandada vulneró el derecho al debido proceso, toda vez que el procedimiento establecido le imponía resolver únicamente el motivo de la apelación y, por ende, no podía pronunciarse sobre el quinquenio.

Y concluyó que la sentencia acusada desconoció el principio de la non reformatio in peius, pues al excluir el quinquenio como factor salarial de la liquidación pensional, que sí fue reconocido en primera instancia, agravó la situación del apelante único. 

Con base en lo anterior, el accionante formuló las siguientes pretensiones: 

“(…) 

Que se declarara que el quinquenio forma parte de los factores salariales fijados en la Sentencia de Primera instancia, porque no fue motivo de apelación.

Que se ordenara al Tribunal incluir en la Sentencia, el Quinquenio como factor salarial para fijar la mesada pensional, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de la sentencia. 

El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, obrando como juez constitucional, en sentencia de 22 de octubre de 2015, amparó el derecho fundamental al debido proceso del señor Isaza Vélez y, en consecuencia, dejó sin efectos la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y le ordenó que profiriera una nueva sentencia atendiendo el principio de la non reformatio in peius.

Que, en virtud de lo establecido en los artículos 31 de la Constitución y 357 del Código de Procedimiento Civil, el juez de segunda instancia no puede abordar el análisis de aspectos no propuestos en el recurso de apelación y tampoco puede desmejorar la situación jurídica del apelante único.

En relación de la non reformatio in peius, indicó que el juez de segunda instancia debía preservar la sentencia en los aspectos que resultaron favorables al apelante, por tanto, «no podía desconocer la decisión del Juez de Primera Instancia de ordenar el reconocimiento de la pensión de jubilación del señor (…) Isaza Vélez con la inclusión de todos los factores salariales que devengó durante el último año de servicios, entre ellos, el quinquenio».

Sostuvo que a pesar de las razones expuestas para excluir el quinquenio como factor salarial, el Tribunal no podía pronunciarse sobre aspectos que no fueron objeto de apelación.

La sentencia fue impugnada por el Tribunal, mediante el magistrado ponente de la providencia cuestionada, quien solicitó que se revocara con sustento en lo siguiente:

Adujo que el principio de la non reformatio in peius no es un valor absoluto y que el reconocimiento equivocado del quinquenio no lo convertía en un derecho adquirido.

Añadió que la exclusión del quinquenio tenía como finalidad corregir un yerro del juez de primera instancia, sin que eso implique el desconocimiento de principios constitucionales.

Al estudiar de la impugnación de la sentencia de tutela, la Sección Cuarta del Consejo de Estado compartió los argumentos del impugnante y en tal virtud resolvió revocar la sentencia acusada y negar el amparo solicitado por el trabajador. (Ver sentencia Radicación número: 11001-03-15-000-2015-02281-01(AC) – del 19 de enero /2017 C.P. Dra. Stella Jeannette Carvajal Basto).

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