Facultades ultra y extra petita en el derecho laboral

En el derecho procesal laboral el juez puede conceder más de lo que el trabajador pidió, e incluso lo que no pidió, cuando encuentra probado que tiene derecho. Son las facultades ultra y extra petita, que el artículo 6 de la ley 2452 de 2025 convirtió en un deber del juez y extendió a la segunda instancia. ¿En qué consisten, qué requisitos exigen y qué cambió con el nuevo código?

Qué es fallar extra petita.

La facultad extra petita, que significa «por fuera de lo pedido», le permite al juez conceder al trabajador un derecho que no reclamó en la demanda, pero que resultó probado en el proceso.

Supongamos que el trabajador solicita el pago de la prima de servicios y no menciona el auxilio de cesantías. Si en el proceso queda probado que el empleador no pagó ninguno de los dos conceptos, el juez puede ordenar el pago de ambos.

Se llama extra petita porque el juez concede algo adicional a lo solicitado, un concepto que el trabajador no incluyó entre sus pretensiones.

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Qué es fallar ultra petita.

La facultad ultra petita, o «más allá de lo pedido», le permite al juez conceder más de lo que el trabajador solicitó por el mismo concepto.

Supongamos que el trabajador reclama tres meses de salario adeudados, pero en el proceso se prueba que el empleador le debe cinco. El juez puede condenar por los cinco meses, aunque solo le hayan pedido tres.

Aquí el trabajador sí reclamó el derecho, pero de forma incompleta, bien porque no sabía cuánto le correspondía o porque liquidó mal.

La diferencia entre las dos figuras es simple: en el fallo extra petita el concepto es nuevo; en el ultra petita el concepto es el mismo y lo que cambia es el monto.

Las facultades ultra y extra petita en el nuevo código.

La norma que las consagra es el artículo 6 de la ley 2452 de 2025, que reemplazó al artículo 50 del Código Procesal del Trabajo anterior:

«El juez de primera instancia ordenará el pago de salarios, prestaciones, indemnizaciones, y demás derechos laborales o de la seguridad social distintos de los pedidos, cuando los hechos que los originen hayan sido discutidos en el proceso y estén debidamente probados, o condenará al pago de sumas mayores que las demandadas por el mismo concepto, cuando aparezca que éstas son inferiores a las que corresponden al trabajador, afiliado, pensionado o beneficiario, siempre que no hayan sido pagadas. Este deber se extenderá al juez de segunda instancia, siempre y cuando se trate de derechos mínimos e irrenunciables y se cumplan las condiciones del inciso anterior.»

De esa redacción se desprenden tres cambios de fondo frente al código anterior.

De facultad discrecional a deber del juez.

El artículo 50 del código anterior decía que el juez «podrá» ordenar el pago. El artículo 6 dice que «ordenará».

Ese cambio de verbo lo transforma todo. Bajo el régimen anterior el juez podía abstenerse de usar la facultad sin que su decisión fuera reprochable, como lo recordó la sala laboral de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia 43673 del 21 de agosto de 2013, con ponencia del magistrado Rigoberto Echeverri Bueno:

«(…) el ejercicio de las facultades extra y ultra petita es discrecional, y no obligatorio, tal como expresamente se consagra en el artículo 50 del CPTSS: El juez…podrá…»

Hoy esa lectura ya no es posible. Si los hechos fueron discutidos en el proceso y están probados, el juez debe conceder el derecho, y no hacerlo es un error que se puede atacar en apelación.

De acuerdo con nuestro criterio, esta es la modificación más favorable al trabajador de todo el nuevo código, porque convierte en obligación lo que durante décadas dependió del talante del juez.

Se extiende a la segunda instancia.

El inciso segundo del artículo 6 extiende el deber al juez de segunda instancia, con una condición: que se trate de derechos mínimos e irrenunciables.

Antes la discusión era larga, porque el artículo 50 solo hablaba del juez de primera instancia y el tribunal se consideraba limitado por lo pedido en la apelación.

Esa regla hay que leerla junto con el artículo 228, que limita la segunda instancia a los puntos planteados por el recurrente, «a menos que se trate de derechos mínimos irrenunciables del trabajador, pensionado, afiliado, beneficiario o usuario del Sistema de Seguridad Social». Las dos normas apuntan en el mismo sentido: el principio de consonancia cede ante los derechos mínimos.

Y como el superior tampoco puede agravar la situación del apelante único salvo que se trate de esos mismos derechos, conviene leer también el artículo sobre el principio non reformatio in peius, que explica cómo juegan las dos reglas.

El problema de la única instancia quedó resuelto.

Bajo el código anterior se discutía si la facultad cobijaba también al juez de única instancia, porque el artículo 50 solo mencionaba al de primera. La Corte Constitucional, en la sentencia C-662 de 1998, concluyó que sí.

Esa discusión perdió objeto. Con la ley 2452 de 2025 todos los procesos son de primera instancia, de modo que el deber cobija a todos los jueces laborales, como explicamos en el artículo sobre las cuantías en los procesos laborales y el fin de la única instancia.

Requisitos para fallar ultra o extra petita.

El juez no concede estos derechos por simpatía con el trabajador. Debe cumplir unos requisitos precisos, que la sala laboral de la Corte Suprema de Justicia sintetizó en la sentencia SL3614-2020.

Para fallar extra petita:

1. Que los hechos que originan la decisión hayan sido discutidos en el proceso.
2. Que esos hechos estén debidamente acreditados.

Para fallar ultra petita:

1. Que lo pedido en la demanda sea inferior a lo que establece la norma laboral.
2. Que del proceso no resulte que el mayor valor ya fue pagado al trabajador.

El artículo 6 agrega una condición común que conviene subrayar: que los derechos no hayan sido pagados. El juez no puede condenar dos veces por lo mismo.

La razón de estos requisitos es proteger el debido proceso del empleador. Si el hecho nunca se discutió, el demandado no tuvo oportunidad de defenderse, y una condena sorpresiva violaría su derecho de defensa.

Por eso el juez puede conceder lo no pedido, pero no puede inventar hechos: debe partir de los que las partes debatieron y las pruebas acreditaron.

Qué puede hacer el trabajador con esta figura.

Lo primero es no confiarse. La facultad existe para corregir omisiones, no para suplir una demanda mal hecha.

Si el trabajador no menciona los hechos que originan el derecho, el juez no puede concederlo, por obligatoria que sea la norma. De ahí que lo prudente sea relacionar todos los hechos de la relación laboral, aunque no se pidan todos los conceptos.

Lo segundo es alegarla. Nada impide pedirle al juez en los alegatos de conclusión que haga uso del deber del artículo 6 respecto de un concepto que resultó probado y no se pidió.

Y lo tercero es usarla en la apelación. Si el juez de primera instancia omitió conceder un derecho mínimo probado, ese es un argumento de apelación, y si el tribunal también lo omite, el desconocimiento del artículo 6 se puede llevar en casación por la vía directa.

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