¿En qué consiste el proceso de expropiación?

El proceso de expropiación tiene su fundamento en la Constitución Política en el artículo 58 inciso cuarto que expresa que por motivos de utilidad pública o interés social definidos por el legislador, podrá haber expropiación mediante sentencia judicial e indemnización previa que se fijará consultando los intereses de la comunidad y del afectado.

Expropiación en Colombia.

El proceso de expropiación en Colombia se lleva ante la jurisdicción civil; es decir, se interpone una demanda de expropiación que debe reunir los requisitos de toda demanda, pero se debe anexar la resolución que decreta la expropiación, certificado de libertad y tradición del bien a expropiar.

Es decir, previamente se debe proferir un acto administrativo que decreta la expropiación, que debe estar motivado o justificado, y con el se inicia el proceso de expropiación ante un juez civil.

La Corte Constitucional en su sentencia C-358 del 14 de agosto de 1996 se refirió a la expropiación de la siguiente manera:

«La expropiación implica el ejercicio de una potestad, de la cual es titular el Estado Social de Derecho, que le permite, con el cumplimiento de los requisitos constitucionales, quitar la propiedad individual sobre un determinado bien del beneficio del interés colectivo.  De conformidad con los preceptos fundamentales, la expropiación común u ordinaria solo se aplica si el legislador, por vía general, ha señalado los motivos de utilidad pública o de interés social; si se ha adelantado un proceso judicial; si se ha pagado previamente la justa indemnización a la que tiene derecho el afectado.»

Entonces, el objetivo de este proceso es cumplir con la finalidad del principio de primacía del interés general sobre el particular, el cual se encuentra consagrado en la Constitución Política.

Por ejemplo, si una casa está construida en un lugar donde se dispuso se ampliaría la calzada de una carretera, el estado tiene la potestad de iniciar el proceso de expropiación de esta casa y así cumplir con la primacía del interés general que este caso también significa el desarrollo de dicho lugar.

Por último, el Estado como bien lo dice la constitución Política en su artículo 58 mencionado anteriormente, debe indemnizar previamente a las personas afectadas por la expropiación, y por supuesto pagar el precio del bien expropiado.

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