El principio de legalidad somete el ejercicio del poder público al ordenamiento jurídico: las autoridades solo pueden hacer lo que la ley les permite, y sus decisiones deben estar subordinadas a lo previsto de antemano en la Constitución y en la ley. Es, además, una garantía del debido proceso: donde se desconoce el principio de legalidad se vulnera el debido proceso. ¿En qué se concreta y cómo se invoca?
Qué significa.
El principio tiene dos caras que conviene distinguir.
Desde el punto de vista objetivo, es uno de los fundamentos bajo los cuales está organizado constitucionalmente el ejercicio del poder en un Estado social de derecho. Define cómo se ejerce el poder.
Desde el punto de vista subjetivo, es una garantía fundamental del derecho al debido proceso, que vincula a todas las autoridades del Estado y que se concreta en el respeto de los derechos adquiridos, de los procedimientos y del derecho de defensa. Define qué puede exigir el ciudadano.
En términos sencillos: el principio de legalidad limita y somete el ejercicio del poder público a la ley. Las decisiones de las autoridades y las gestiones que realizan deben estar en todo momento subordinadas a lo previsto de antemano en la Constitución y en la ley.
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Los dos elementos que lo concretan.
La Corte Constitucional ha precisado que el principio se concreta en dos exigencias:
- Que exista una ley previa que prevea la hipótesis o situación de que se trate.
- Que esa tipificación sea precisa en la determinación de la situación y de su consecuencia, con lo cual se busca limitar al máximo la facultad discrecional de la administración.
Los dos elementos operan juntos. No basta con que exista una norma: debe ser precisa, porque una regulación vaga devuelve a la autoridad la discrecionalidad que el principio pretende acotar.
De acuerdo con nuestro criterio, el segundo elemento es el que suele olvidarse al invocar el principio. La discusión no siempre es si existe la norma, sino si la norma permite lo que la autoridad hizo con ella.
Su relación con el debido proceso.
El respeto al principio de legalidad es condición del debido proceso que consagra el artículo 29 de la Constitución Política. Si se desconoce el principio de legalidad, se vulnera el debido proceso.
Esa relación es la que le da utilidad práctica: el ciudadano rara vez invoca el principio de legalidad por sí solo, sino como fundamento de una vulneración del debido proceso que puede alegarse en vía gubernativa, en lo contencioso administrativo o en tutela.
Un ejemplo: los requisitos que la ley no previó.
El supuesto más claro de violación es que la autoridad exija requisitos adicionales a los que la ley establece.
Durante mucho tiempo, el ISS les exigió a los beneficiarios del régimen de transición que pretendían sumar tiempos cotizados al Estado con tiempos cotizados al ISS, para completar los veinte años de servicios de la ley 71 de 1988, acreditar que antes del 1 de abril de 1994 habían cotizado al ISS. Si la persona solo había aportado a Cajanal antes de esa fecha, le negaban la pensión aunque hubiera cotizado al ISS después de la ley 100 de 1993.
La ley 71 de 1988 no contempla esa exigencia. Y una norma no puede adicionarse con requisitos que no previó: hacerlo vulnera el debido proceso por desconocimiento del principio de legalidad.
Es el mismo razonamiento que opera cuando una entidad exige documentos no previstos en un trámite, o cuando un empleador aplica una sanción que el reglamento no contempla, como tratamos en quién determina la gravedad de las faltas.
El principio de legalidad en materia sancionatoria.
Donde el principio opera con mayor rigor es en el derecho sancionatorio, porque allí se restringen derechos.
Se expresa en dos reglas clásicas:
- Nullum crimen sine lege. No hay infracción sin norma previa que la describa.
- Nulla poena sine lege. No hay sanción sin norma previa que la establezca.
Esas reglas no son exclusivas del derecho penal. Rigen también en el derecho disciplinario, en el administrativo sancionatorio y, con matices, en el disciplinario laboral: el empleador no puede sancionar una conducta que el reglamento no tipifica, ni imponer una sanción que no está prevista.
De ahí que el reglamento interno de trabajo deba describir las faltas y las sanciones correspondientes, y que el artículo 115 del Código Sustantivo del Trabajo, reformado por la ley 2466 de 2025, haya incorporado expresamente el principio de legalidad entre los que rigen la actuación disciplinaria.
Preguntas frecuentes.
A continuación respondemos las preguntas frecuentes de nuestros lectores.
¿Qué es el principio de legalidad?
El principio según el cual el ejercicio del poder público está sometido al ordenamiento jurídico: las autoridades solo pueden actuar conforme a lo previsto de antemano en la Constitución y en la ley.
¿En qué se concreta?
En dos exigencias: que exista una ley previa que prevea la situación, y que esa tipificación sea precisa en cuanto a la situación y su consecuencia.
¿Qué relación tiene con el debido proceso?
Es una condición del debido proceso. Si se desconoce el principio de legalidad, se vulnera el debido proceso del artículo 29 de la Constitución.
¿Qué es una violación del principio de legalidad?
Exigir requisitos que la ley no previó, imponer sanciones no contempladas o adoptar decisiones sin fundamento normativo previo, entre otras.
¿Aplica entre particulares?
Con matices. En el ámbito laboral se expresa en que el empleador no puede sancionar una conducta que el reglamento no tipifica ni imponer una sanción no prevista.
¿Cómo se invoca?
Por lo general como fundamento de una vulneración del debido proceso, en vía gubernativa, ante la jurisdicción contencioso administrativa o mediante acción de tutela.
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