¿Qué hacer ante una demanda ejecutiva?

Una demanda ejecutiva es la que presenta un acreedor para cobrar una obligación que consta en un título ejecutivo, como una letra de cambio, un pagaré o un contrato de arrendamiento. Quien la recibe tiene plazos cortos desde la notificación del mandamiento de pago: cinco días para pagar, tres para interponer recurso de reposición y diez para proponer excepciones. Si no tiene defensa, sus opciones son pagar, negociar con el acreedor, prestar caución para levantar los embargos o acogerse a la insolvencia; si no hace nada, el proceso sigue hasta el remate de sus bienes.

Qué es una demanda ejecutiva.

La demanda ejecutiva es la que inicia el proceso ejecutivo, en el que el acreedor no pide al juez que declare si existe la deuda, sino que ordene pagarla, porque la obligación ya consta en un documento que la prueba: un título ejecutivo. Por eso el juez, al recibir la demanda, no cita primero al deudor para discutir, sino que dicta de entrada el mandamiento de pago y, por lo general, decreta los embargos que pide el acreedor.

El proceso completo, sus requisitos y etapas se explican en el artículo sobre el proceso ejecutivo. Aquí nos ocupamos de lo que debe hacer quien es demandado.

Cómo se entera el deudor.

El deudor se entera cuando le notifican el mandamiento de pago, sea personalmente en el juzgado, por aviso o por mensaje de datos al correo o canal digital que el acreedor informó. Para entonces es probable que ya le hayan embargado cuentas, salario o bienes, porque las medidas cautelares se practican antes de notificar al demandado (artículo 298 del Código General del Proceso, CGP).

La fecha de la notificación es la más importante del proceso para el deudor, porque desde ella corren los plazos para defenderse.

Los plazos que corren desde la notificación.

Si el título es una sentencia, una conciliación o una transacción aprobada, solo pueden proponerse ciertas excepciones, como el pago, la compensación, la novación, la remisión, la prescripción o la transacción, basadas en hechos posteriores al título (numeral 2 del artículo 442).

Paso 1: revisar la deuda y el título con un abogado.

Lo primero es entregar a un abogado la notificación, la demanda y el título, para revisar con honestidad si la deuda existe y en qué monto, y si hay algo que discutir:

• ¿El título cumple los requisitos de ley? ¿Contiene una obligación clara, expresa y exigible?
• ¿La deuda está prescrita? La acción cambiaria directa de una letra o un pagaré prescribe en tres años desde el vencimiento, como se explica en el artículo sobre la prescripción de la acción ejecutiva.
• ¿Ya se pagó total o parcialmente? ¿Los intereses cobrados exceden los límites legales?
• ¿El demandante es realmente el acreedor, o el título fue cedido o endosado irregularmente?

Las respuestas a estas preguntas determinan si conviene defenderse o, por el contrario, buscar un acuerdo de pago.

Paso 2: defenderse si hay con qué.

Si la revisión muestra que hay defensa, debe ejercerse dentro de los plazos: la reposición contra el mandamiento de pago para los defectos formales del título, y las excepciones de mérito para todo lo demás. Si prosperan, el proceso termina y se levantan los embargos. El detalle de cada defensa está en el artículo sobre las excepciones en el proceso ejecutivo.

Una excepción que no se propone a tiempo se pierde: si el deudor deja pasar los diez días, ya no podrá alegar, por ejemplo, la prescripción, porque el juez no puede declararla de oficio.

Paso 3: si no hay defensa, decidir cómo terminar el proceso.

Si la deuda es real y exigible, la ejecución va a prosperar, y lo que corresponde es decidir cómo salir de ella con el menor costo:

• Si se paga la obligación con sus intereses y las costas antes del remate, el juez declara terminado el proceso y ordena levantar los embargos (artículo 461 del CGP).
• Negociar con el acreedor. Un acuerdo de pago puede llevar a que el acreedor pida la suspensión del proceso o el levantamiento de las medidas, y suele salir más barato que esperar el remate.
• Prestar caución. Si el deudor necesita liberar sus bienes mientras se discute el proceso, puede prestar caución por el valor de la ejecución más un cincuenta por ciento (50 %) (artículo 602 del CGP).
• Acogerse a la insolvencia de persona natural, si tiene varias deudas en mora con distintos acreedores: la aceptación suspende los procesos ejecutivos en curso.

Las alternativas para levantar los embargos, incluidos los límites de inembargabilidad del salario y las cuentas, se explican en el artículo sobre cómo detener un embargo.

Qué pasa si no hago nada.

Si el deudor no paga ni propone excepciones, el juez dicta un auto que ordena seguir adelante la ejecución, practicar la liquidación del crédito y el avalúo y remate de los bienes embargados, y condena en costas al ejecutado (artículo 440 del CGP). Contra ese auto no procede recurso.

Después, cualquiera de las partes presenta la liquidación del crédito con capital e intereses (artículo 446), y se remata lo embargado para pagar al acreedor. Si el deudor no tiene bienes, el proceso queda vigente a la espera de que los tenga, como se explica en el artículo sobre si me pueden embargar si no tengo nada a mi nombre.

Traspasar los bienes a terceros en ese momento no es una salida: el acreedor puede demandar la simulación o la acción pauliana, y el fraude puede ser delito de alzamiento de bienes, como se explica en el artículo sobre qué puede hacer el acreedor si el deudor se insolventa.

El amparo de pobreza no condona la deuda.

Quien no puede pagar los gastos del proceso sin afectar su subsistencia y la de quienes dependen de él puede pedir amparo de pobreza (artículo 151 del CGP). Si se concede, no tendrá que prestar cauciones ni pagar honorarios de auxiliares de la justicia, no será condenado en costas y se le designará un apoderado (artículo 154).

Pero el amparo solo alivia los costos del proceso: no extingue ni reduce la deuda, que se sigue cobrando.

A continuación respondemos las preguntas frecuentes de nuestros lectores.