Casos en que no se podrá cobrar el arancel judicial

El arancel judicial o más conocido como peaje es una contribución parafiscal que generalmente está a cargo del demandante  o todo aquel que ejerza una pretensión dineraria, quien deberá pagar antes de la presentación de la demanda el 1,5% de todas las pretensiones incluido los frutos, intereses, multas, perjuicios, sanciones, mejoras o similares, sin superar los 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes - SMLMV; es decir, si en calidad de demandante mis pretensiones suman $100 millones tendré que pagar un arancel judicial de $1.500.000[1] (100.000.000 X 1,5%) para acceder la administración de justicia.

Convirtiéndose en una carga tributaria que compromete el garantizado derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia como servicio público esencial señalado en el artículo 229 de nuestra Constitución,  desconociendo el principio de gratuidad en la activación del aparato jurisdiccional del Estado Social de Derecho, aunque la Corte Constitucional lo considere una excepción a la aplicación del principio[2].

Ante esa evidente carga que desestimula la solución de conflictos en instancias judiciales, el legislador señaló taxativamente las excepciones al hecho generador “El arancel judicial se genera en todos los procesos judiciales con pretensiones dinerarias, con las excepciones previstas en la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia y en la presente ley”.

El artículo 6 de la Ley 270 de 1996 (Estatuto de la Administración de Justicia) modificado por el artículo 2 de la Ley 1285 de 2009 estableció en su inciso 2 “No podrá cobrarse arancel en los procedimientos de carácter penal, laboral, contencioso laboral, de familia, de menores, ni en los juicios de control constitucional o derivados del ejercicio de la tutela y demás acciones constitucionales. Tampoco podrá cobrarse aranceles a las personas de escasos recursos cuando se decrete el amparo de pobreza o en aquellos procesos o actuaciones judiciales que determinen la ley”, en aplicación a éste precepto el artículo 5 de la Ley 1653 del 15 de julio de 2013 exceptuó del arancel a los siguientes procesos y personas:

  • Los procedimientos arbitrales, de carácter penal, laboral, contencioso laboral, de familia, de menores, procesos liquidatorios, de insolvencia, de jurisdicción voluntaria.
  • Los juicios de control constitucional o derivados del ejercicio de acciones de tutela, populares, de grupo, de cumplimiento y demás acciones constitucionales.
  • Las personas jurídicas de derecho público, salvo las que pertenezcan al sector financiero o que sean vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, sin importar su naturaleza jurídica.
  • Los colectores de activos públicos señalados como tales en la ley cuando sean causahabientes de obligaciones dinerarias de alguna entidad del sector financiero.
  • Personas naturales que en el año inmediatamente anterior a la presentación de la demanda no hubieren estado legalmente obligadas a declarar renta.
  • Personas naturales que cuenten con amparo de pobreza.
  • En los procesos de reparación directa siempre que sumariamente se le demuestre al juez que el daño antijurídico cuya indemnización se reclama lo ha dejado en situación de indefensión.
  • Las víctimas en los procesos judiciales de reparación de que trata la Ley 1448 de 2011.

[1] No podrá superar los $117.900.000 para el año 2013 (200 X 589.500)

[2] Sentencia C-368 del 11 de mayo de 2011

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