Interdicción judicial

La interdicción judicial era el proceso mediante el cual un juez declaraba que una persona con discapacidad mental no podía ejercer por sí misma sus derechos civiles, y le designaba un curador que decidía por ella. En Colombia ya no existe: la Ley 1996 de 2019 prohibió iniciar procesos de interdicción, reconoció que todas las personas mayores de edad con discapacidad tienen capacidad legal, y reemplazó la interdicción por un sistema de apoyos, que se formalizan mediante acuerdos de apoyo, directivas anticipadas o, excepcionalmente, una adjudicación judicial de apoyos.

Qué es la interdicción.

Interdecir significa prohibir o vedar. En el derecho civil, la interdicción era la privación judicial de la capacidad de una persona para ejercer sus derechos por sí misma: no podía firmar contratos, vender sus bienes, aceptar una herencia ni reclamar una pensión sin la intervención de un tercero.

La declaraba un juez de familia mediante sentencia, a petición de los parientes o de oficio, con base en un dictamen médico, y la decisión se inscribía en el registro civil de la persona.

Qué es un interdicto.

Un interdicto, o una persona interdicta, es la persona que fue declarada en interdicción por un juez. Quedaba sometida a un curador, que la representaba y tomaba por ella las decisiones sobre sus bienes y negocios.

La palabra también se usa en otro sentido, sin relación con la discapacidad: en la tradición del derecho civil se habla de «interdictos posesorios» para referirse a las acciones posesorias con las que el poseedor protege su posesión frente a perturbaciones, como se explica en el artículo sobre qué es la posesión.

Cómo funcionaba el proceso de interdicción.

Antes de la Ley 1996 de 2019, el proceso de interdicción por discapacidad mental absoluta se tramitaba por el artículo 586 del Código General del Proceso (CGP), en su texto original, y por la Ley 1306 de 2009. En términos generales:

• La demanda debía acompañarse de un certificado de un médico psiquiatra o neurólogo sobre el estado de la persona.
• El juez ordenaba un dictamen médico que debía describir el estado de la persona, el diagnóstico, el pronóstico y sus consecuencias en la capacidad de administrar sus bienes.
• Se citaba a quienes podían ejercer la guarda, y en la sentencia se designaba un curador.
• La sentencia se inscribía en el registro civil de la persona.

Ese procedimiento ya no se aplica. El artículo 586 del CGP fue modificado por la Ley 1996 y hoy regula otra cosa: la adjudicación de apoyos que pide la propia persona.

La Ley 1996 de 2019 eliminó la interdicción.

La Ley 1996 de 2019 cambió el enfoque: la discapacidad dejó de ser una causa para quitarle a una persona su capacidad legal. Sus reglas principales son:

• Presunción de capacidad (artículo 6). Todas las personas con discapacidad son sujetos de derechos y obligaciones, y tienen capacidad legal en igualdad de condiciones. En ningún caso la existencia de una discapacidad puede ser motivo para restringir la capacidad de ejercicio.
• Prohibición de la interdicción (artículo 53). Quedó prohibido iniciar procesos de interdicción o inhabilitación, o solicitar la sentencia de interdicción.
• Procesos en curso (artículo 55). Los procesos de interdicción que estaban en trámite debían suspenderse de inmediato.
• Reforma del Código Civil. El artículo 1504 del Código Civil ya no incluye a las personas con discapacidad entre los incapaces.

La Corte Constitucional declaró exequible la ley en la sentencia C-022 de 2021, y en la sentencia C-025 de 2021 declaró exequibles la presunción de capacidad y la prohibición de iniciar procesos de interdicción.

También quedó sin piso la inhabilitación, que se aplicaba, entre otros, a los pródigos: la Ley 1996 derogó los artículos de la Ley 1306 de 2009 que la regulaban. De acuerdo con nuestro criterio, hoy no existe en Colombia ninguna forma de interdicción ni de inhabilitación de una persona mayor de edad.

Qué reemplazó a la interdicción: los apoyos.

En lugar de un curador que decide por la persona, la Ley 1996 prevé apoyos: personas o mecanismos que ayudan a quien tiene una discapacidad a tomar sus propias decisiones y a expresar su voluntad. Se formalizan de tres maneras:

1. Acuerdos de apoyo. La persona con discapacidad celebra un acuerdo con una o más personas de su confianza, que la apoyarán en determinados actos jurídicos. Se firma ante notario o ante un conciliador.
2. Directivas anticipadas. Cualquier persona mayor de edad puede dejar establecidas, para el futuro, decisiones sobre su salud, sus bienes u otros asuntos, previendo que más adelante no pueda expresarlas. Es lo que explicamos en el artículo sobre cómo proteger su patrimonio y su dignidad si pierde la lucidez mental.
3. Adjudicación judicial de apoyos. Un juez de familia designa los apoyos formales. Si lo pide la propia persona, se tramita como proceso de jurisdicción voluntaria. Si lo pide un tercero, procede de forma excepcional por el proceso verbal sumario, solo cuando la persona está absolutamente imposibilitada para expresar su voluntad por cualquier medio, la adjudicación es en su beneficio exclusivo y hay una vulneración o amenaza de sus derechos (artículo 396 del CGP, modificado por la Ley 1996). En todo caso se exige una valoración de apoyos, y la participación de la persona es indispensable.

Así, en el caso de un padre con Alzheimer avanzado que ya no puede expresar su voluntad, la vía no es la interdicción sino la adjudicación judicial de apoyos promovida por un familiar. Y si la persona todavía puede expresarse, lo indicado es un acuerdo de apoyo.

Qué pasa con las personas que ya estaban en interdicción.

Las personas declaradas en interdicción antes de la Ley 1996 no recuperaron su capacidad de forma automática: según el parágrafo del artículo 6, la presunción de capacidad se les aplica una vez se haya surtido el proceso de revisión. El artículo 56 ordenó a los jueces de familia revisar, de oficio o a petición de la persona, todas esas sentencias, para determinar si la persona requería apoyos, dentro de los treinta y seis (36) meses siguientes a la entrada en vigencia de las normas sobre adjudicación de apoyos, que comenzaron a regir el 26 de agosto de 2021. Ese plazo venció el 26 de agosto de 2024.

De acuerdo con nuestro criterio, la persona interdicta cuya sentencia no fue revisada, o sus familiares, pueden pedir la revisión al juez de familia que conoció del proceso, y conviene hacerlo cuanto antes, porque mientras la situación no se defina pueden presentarse dificultades ante bancos, notarías o fondos de pensiones.

A continuación respondemos las preguntas frecuentes de nuestros lectores.