Arancel judicial – Qué es y cuando se paga

El arancel judicial no siempre se puede cobrar, puesto que la ley señala algunas condiciones en que no procede su cobro.

¿Qué es el arancel judicial?

En algunos procesos judiciales se debía pagar una especie de peaje para poder acceder a la justicia, que se hace mediante el pago de llamado arancel judicial, que el artículo 2 de la ley 1653 de 2013 define así:

«El arancel judicial es una contribución parafiscal destinada a sufragar gastos de inversión de la Administración de Justicia.»

Como nos lo recuerda un lector, esta ley fue declarad inexequible por la Corte constitucional en sentencia C-169 de 2014.

Arancel judicial relacionado con copias, desgloses, certificaciones y demás.

Aparte del arancel antes señalado declarado inexequible, el artículo 362 del código general del proceso considera el siguiente arancel judicial:

«Cada dos (2) años el Consejo Superior de la Judicatura regulará el arancel judicial relacionado con copias, desgloses, certificaciones, autenticaciones, notificaciones y similares. El magistrado o juez que autorice o tolere el cobro de derechos por servicios no remunerables o en cuantía mayor a la autorizada en el arancel, y el empleado que lo cobre o reciba, incurrirán en causal de mala conducta.»

Este arancel es independiente del arancel como contribución parafiscal a que se refería la ley 1653 y se cobra en todos los procesos sin importar su monto.

Para el 2020 el arancel es el fijado en el acuerdo PCSJA18-11176 del 13 de diciembre de 2018, proferido por el Consejo superior de la judicatura, con vigencia desde el primero de enero de 2019, y considerando que de acuerdo al artículo 362 del código general del proceso, su vigencia es de dos años, estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2020.

Bien, los aranceles para el 2020 son los siguientes:

  • De las certificaciones: Seis mil ochocientos pesos ($6.800).
  • De las notificaciones personales:
    • Cuando el secretario envíe la comunicación: Ocho mil pesos ($8.000).
    • Cuando las notificaciones deban cumplirse en el área rural y se realicen directamente por personal del despacho o dependencia judicial, la tarifa podrá aumentarse hasta en un cincuenta por ciento (50%), a juicio del Magistrado Ponente Juez, teniendo en cuenta factores como la distancia y dificultades de acceso.
    • Para la eventualidad del literal anterior, en los procesos de alimentos, la tarifa base para determinar el incremento será: Dos mil trecientos pesos ($2.300).
  • De las notificaciones electrónicas: No tendrán costo.
  • De las copias simples: Ciento cincuenta pesos ($150).
  • De las copias auténticas: Doscientos cincuenta pesos ($250).
  • De los desgloses: El costo será el que resulte de sumar el valor de las fotocopias, más las autenticaciones, más las certificaciones.
  • Del desarchivo: Seis mil ochocientos pesos ($6.800).
  • De la digitalización de documentos: Doscientos cincuenta pesos ($250) por página, donde se cuente con las herramientas para ofrecer el servicio.
  • De las copias en CD: Mil doscientos pesos ($1.200) por cada CD que se requiera.
  • De las copias en DVD: Mil setecientos pesos ($ 1.700) por cada DVD que se requiera.

Estos son ingresos con destino a la rama judicial, en cabeza del Consejo Superior de la Judicatura.

Recomendados.

Compártalo en Facebook Compártalo en Twitter Compártalo en Whatsapp

Déjenos su opinión

3 Opiniones
  1. jorge nieto Dice:

    muy importante la labor que estan haciendo

    Responder
  2. Jabuc Dice:

    Buenas tardes. Entiendo que la Ley 1394 fue derogada en su totalidad por la Ley 1653 de 2013, Ley que a su vez fue declarada inexequible. No obstante, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 153 de 1887, ¿el cobro de ese arancel de que trata el artículo 3 de la Ley 1394 continuaría vigente?
    Muchas gracias.

    Responder
  3. kcalto Dice:

    Me parece que están desorientando a la ciudadanía o usuarios de justicia, el arancel de la Ley 1394 de 2010 fue derogado por la Ley 1653 de 2013, y ante la declaratoria de inexequibilidad de esta última, no es posible considerar revivida la norma derogada, conforme el art. 14 de la Ley 153/1887. Creo que estos artículos deben tener mayor revisión en cuanto a la vigencia, porque lo han publicado en julio de 2020, y carece de soporte jurídico vigente.

    Responder
En Gerencie.com está permitido opinar, criticar, discutir, controvertir, disentir, etc., pero debe hacerlo con respeto, sin insultar y sin ofender a otros.

Información legal aplicable para Colombia.

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para ofrecer un mejor servicio. Al seguir navegando acepta su uso.