Arancel judicial – Qué es y cuando se paga

El arancel judicial no siempre se puede cobrar, puesto que la ley señala algunas condiciones en que no procede su cobro.

¿Qué es el arancel judicial?

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En algunos procesos judiciales se debe pagar una especie de peaje para poder acceder a la justicia, que se hace mediante el pago de llamado arancel judicial, que el artículo 1 de la ley 1394 de 2010 define así:

«El Arancel Judicial es una contribución parafiscal destinada a sufragar gastos de funcionamiento e inversión de la administración de justicia.»

Es un recaudo con destino al Consejo superior de la judicatura.

Casos en que se debe pagar el arancel judicial.

El arancel judicial se paga cuando el monto de las pretensiones de la demanda sea igual o superior a 200 salarios mínimos mensuales.

Para el año 2020 ese monto es de $175.560.600.

Valor o monto del arancel judicial.

La tarifa o porcentaje del arancel judicial está en el artículo 7 de la ley 1394 de 2010 y contiene dos tarifas:

  1. La tarifa del arancel judicial es del dos por ciento (2%) de la base gravable.
  2. En los casos de terminación anticipada de procesos ejecutivos, la tarifa será del uno por ciento (1%) de la base gravable.

Señala la norma que, si se hacen pagos parciales, por cada uno se hará la liquidación de forma independiente.

Casos en que no se cobra el arancel judicial.

El artículo 4 de la ley 1394 del 2010 señala que el arancel judicial no se cobra en los siguientes casos:

  • En los procedimientos de carácter penal, laboral, contencioso laboral, de familia, de menores, declarativos, ni en los conflictos de la seguridad social, así como tampoco procederá en los juicios de control constitucional o derivados del ejercicio de la tutela y demás acciones constitucionales.
  • A las personas de los niveles de Sisbén 1 y 2, condición que será acreditada con el respectivo carné.

Por supuesto no se debe cobrar el arancel en los procesos donde el monto de las pretensiones sea inferior a 200 salarios mínimos.

Arancel judicial relacionado con copias, desgloses, certificaciones y demás.

Aparte del arancel antes señalado, el artículo 362 del código general del proceso considera el siguiente arancel judicial:

«Cada dos (2) años el Consejo Superior de la Judicatura regulará el arancel judicial relacionado con copias, desgloses, certificaciones, autenticaciones, notificaciones y similares. El magistrado o juez que autorice o tolere el cobro de derechos por servicios no remunerables o en cuantía mayor a la autorizada en el arancel, y el empleado que lo cobre o reciba, incurrirán en causal de mala conducta.»

Este arancel es independiente del arancel como contribución parafiscal a que se refiere la ley 1394 de 2010, y se cobra en todos los procesos sin importar su monto.

Para el 2020 el arancel es el fijado en el acuerdo PCSJA18-11176 del 13 de diciembre de 2018, proferido por el Consejo superior de la judicatura, con vigencia desde el primero de enero de 2019, y considerando que de acuerdo al artículo 362 del código general del proceso, su vigencia es de dos años, estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2020.

Bien, los aranceles para el 2020 son los siguientes:

  • De las certificaciones: Seis mil ochocientos pesos ($6.800).
  • De las notificaciones personales:
    • Cuando el secretario envíe la comunicación: Ocho mil pesos ($8.000).
    • Cuando las notificaciones deban cumplirse en el área rural y se realicen directamente por personal del despacho o dependencia judicial, la tarifa podrá aumentarse hasta en un cincuenta por ciento (50%), a juicio del Magistrado Ponente Juez, teniendo en cuenta factores como la distancia y dificultades de acceso.
    • Para la eventualidad del literal anterior, en los procesos de alimentos, la tarifa base para determinar el incremento será: Dos mil trecientos pesos ($2.300).
  • De las notificaciones electrónicas: No tendrán costo.
  • De las copias simples: Ciento cincuenta pesos ($150).
  • De las copias auténticas: Doscientos cincuenta pesos ($250).
  • De los desgloses: El costo será el que resulte de sumar el valor de las fotocopias, más las autenticaciones, más las certificaciones.
  • Del desarchivo: Seis mil ochocientos pesos ($6.800).
  • De la digitalización de documentos: Doscientos cincuenta pesos ($250) por página, donde se cuente con las herramientas para ofrecer el servicio.
  • De las copias en CD: Mil doscientos pesos ($1.200) por cada CD que se requiera.
  • De las copias en DVD: Mil setecientos pesos ($ 1.700) por cada DVD que se requiera.

Estos son ingresos con destino a la rama judicial, en cabeza del Consejo Superior de la Judicatura.

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