Criterios que ha decantado la Corte Constitucional para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes en los casos de familias de crianza

Jhoan Antonio Madrid Agudelo es un joven de 22 años de edad a quien la vida ha tratado de manera muy particular. Cuando tenía 2 años Jhoan perdió a sus padres y a su único hermano en un accidente de tránsito,  y la única familia que le quedó fueron sus abuelos maternos quienes para esa época ya tenían una edad avanzada, estaban enfermos y  su situación económica era muy precaria.

En vista de lo anterior, una amiga de sus padres, la señora Marta Nidia Pérez Osorio, se hizo cargo del  cuidado de Jhoan cumpliendo “las funciones naturales y legales de una madre”, para lo cual sus abuelos maternos le otorgaron, mediante escritura pública, un poder general para que ella fuera la encargada de su representación legal.

Doña Martha Nidia nunca se casó ni hizo marital con nadie, por tanto su hogar lo integraban ella y el menor Jhoan Antonio. Como era de esperar, Martha Nidia volcó todo su amor  hacía el niño a quien le prodigaba todo lo necesario para llevar un vida digna y holgada.  Así, Jhoan Antonio pudo cursar sus estudios en buenos colegios e ingresar a la  universidad a estudiar ingeniería.

Pero la fatalidad volvió a atravesársele en el camino al joven Jhoan Antonio: el 15 de enero de 2015 falleció doña Martha Nidia.

Profundamente abatido, pero no derrotado, el joven quiso seguir adelante con su vida, valiéndose para ello de un pequeña pensión (de un salario mínimo) que le había sido reconocida a raíz de la muerte de su padre. Pero el destino le tenía preparada otra mala pasada: la casa de propiedad de la señora Pérez Osorio, en la que vivieron juntos durante años, fue rematada y adjudicada por el Juzgado Cuarto de Ejecución Civil Municipal de Medellín, en desarrollo del proceso ejecutivo hipotecario promovido por la Titulizadora Bancolombia.

Con la pérdida de la vivienda la situación económica de Jhoan tocó fondo, a tal punto que se vio obligado a abandonar los estudios de ingeniería ambiental que cursaba en la universidad de  Medellín.

Pero como  la mala suerte se empeñaba en no abandonar al joven, sus efectos se dejaron ver seguidamente en su corazón que comenzó a presentar deficiencias preocupantes.

Tomando como base todo lo narrado, Jhoan se asesoró de un abogado y solicitó a Colpensiones que le reconociera la pensión de sobrevivientes derivada de la muerte de su madre de crianza, solicitud que le fue negada por esa Administradora  con fundamento en que no se aportó sentencia judicial que otorgara la adopción del accionante a la señora Marta Nidia Pérez Osorio, decisión que fue apelada por el solicitante y confirmada por Colpensiones mediante Resolución del  19 de febrero de 2016.

Como consecuencia de esa negativa, Johan acudió a la acción de tutela en procura de que se le ampararan sus derechos fundamentales  al debido proceso, a la vida digna, a la igualdad, al mínimo vital, a la seguridad social y a la educación, los cuales estimó vulnerados por la determinación adoptada por Colpensiones, consistente en no haber reconocido su derecho a la pensión de sobrevivientes, sin tener en cuenta que en su solicitud se alegó la condición de hijo de crianza de la señora Marta Nidia Pérez Osorio.

La acción emprendida por el demandante no tuvo éxito en los estrados constitucionales, pues fue negada en ambas instancias con la explicación de que no era procedente toda vez que el joven recibía una pensión de salario mínimo con el cual podría sostenerse mientras tramitaba ante la justicia ordinaria el respectivo proceso de reconocimiento de la pensión.

La Corte Constitucional revisó la sentencia del Tribunal Superior de Medellín y si bien consideró que la acción impetrada por el demandante era improcedente a la luz de las razones expuestas por los jueces de las instancias, accedió a amparar el derecho fundamental de petición invocado por el accionante por cuanto la respuesta que éste había recibido de Colpensiones se refería a las normas que regulan la patria potestad, la custodia y la adopción, mientras que la solicitud radicada por el accionante nunca estuvo encaminada a su reconocimiento como beneficiario de la prestación en calidad de hijo adoptivo, sino de hijo de crianza, y en tal virtud le ordenó a Colpensiones que en el término máximo de 3 días hábiles contados a partir de la notificación de esa providencia, dé respuesta de fondo y congruente a la solicitud de reconocimiento pensional presentada por el señor Jhoan Antonio Madrid Agudelo, teniendo en cuenta que ella se fundamenta en la condición alegada de hijo de crianza de la señora Marta Nidia Pérez Osorio, a partir de la jurisprudencia que sobre la materia ha sido proferida por esta Corporación, en los términos explicados en el numeral 4.6.3 de esta providencia (…)”.  (texto original sin subrayas ni negrillas)

Es de anotar que la Corte aprovechó la ocasión para reiterar una vez más los criterios que ha decantado esa Corporación para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes en los casos de familias de crianza, y que han sido los siguientes:

  • La solidaridad, que consiste en evaluar la causa que motivó al padre o madre de crianza con el hijo que deciden hacer parte del hogar;
  • El reemplazo de los vínculos consanguíneos o civiles entre padres e hijos, por las relaciones de facto;
  • La dependencia económica entre padres e hijos de crianza que hace que los últimos no puedan tener un adecuado desarrollo y condiciones de vida digna, sin las personas que ejercen el rol de padres;
  • Los vínculos de afecto, respeto, compresión y protección que se generan entre las familias de crianza;
  • El reconocimiento de la relación entre padres de crianza y el hijo, la cual puede ser observada por agentes externos del hogar y
  • La existencia de un término razonable de relación afectiva entre padres e hijo, lo que implica acreditar una relación estable que permita inferir la existencia de una comunidad de vida.

(Ver sentencia T-138/17 del 2 de marzo de 2017)

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