Ipso jure o de pleno derecho

En los textos jurídicos aparecen con frecuencia las expresiones «ipso jure» —o «ipso iure»— y «de pleno derecho», que significan lo mismo: que algo existe o produce efectos por ministerio de la ley, esto es, porque la ley así lo dispone, sin que deban cumplirse condiciones, agotarse procedimientos ni mediar la declaración de un juez o una autoridad. Veamos qué quieren decir estos términos, en qué se diferencian del «ipso facto» y cómo operan en la legislación colombiana.

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Qué significa ipso jure o ipso iure.

La locución latina ipso iure se traduce como «por el derecho mismo» o «por virtud del propio derecho». Cuando algo opera ipso iure, la consecuencia jurídica se produce por sí sola, porque la ley la ha dispuesto, sin necesidad de que alguien la pida o de que se cumpla un requisito adicional.

Es lo mismo que decir que algo ocurre por ministerio de la ley u ope legis. Si la ley dice que algo es de una manera, lo es sin más discusión.

Qué significa «de pleno derecho».

La expresión «de pleno derecho» es la versión en español de ipso iure. Indica que la consecuencia jurídica opera de forma automática, sin necesidad de declaración judicial ni de solicitud de parte.

De acuerdo con nuestro criterio, cuando un juez interviene en estos casos, no crea la consecuencia, sino que se limita a constatarla o reconocerla, pues esta ya se produjo por disposición de la ley. La decisión judicial es meramente declarativa, no constitutiva.

Diferencia entre ipso iure e ipso facto.

Suele confundirse el ipso iure con el ipso facto, pero no son lo mismo. Ipso iure significa «por el derecho mismo»; ipso facto significa «por el hecho mismo».

El ipso iure alude a que la consecuencia proviene de la ley; el ipso facto, a que la consecuencia se produce de manera inmediata como efecto de un hecho. En el lenguaje corriente, «ipso facto» se usa para decir «en el acto» o «inmediatamente». Con frecuencia ambos coinciden —una consecuencia que la ley impone y que, además, opera de inmediato—, pero conceptualmente uno mira a la fuente (la ley) y el otro, a la inmediatez (el hecho).

La nulidad o ineficacia de pleno derecho.

El campo donde más se emplea esta figura es el de la invalidez de los actos. Decir que algo es nulo o ineficaz de pleno derecho —nulo ipso jure— significa que no produce efectos por sí solo, sin que nadie tenga que demandarlo. Veamos tres ejemplos de la legislación colombiana.

La prueba nula de pleno derecho.

La Constitución Política, en su artículo 29, dispone:

«Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso.»

No hace falta que una parte demande esa nulidad: la prueba es nula porque la Constitución lo ordena, y el juez debe excluirla.

La ineficacia de pleno derecho en materia laboral.

En el derecho laboral, el artículo 13 del Código Sustantivo del Trabajo señala:

«Las disposiciones de este Código contienen el mínimo de derechos y garantías consagradas en favor de los trabajadores. No produce efecto alguno cualquiera estipulación que afecte o desconozca este mínimo.»

Por eso, si en el contrato de trabajo se pacta una cláusula que desconoce un derecho mínimo, se tiene por no escrita de pleno derecho, sin necesidad de discusión. En el mismo sentido, el artículo 43 del mismo código dispone que no producen ningún efecto las estipulaciones que desmejoren la situación del trabajador frente a la ley, los pactos o las convenciones.

La ineficacia de pleno derecho en materia comercial.

El derecho comercial consagra la figura de forma expresa. El artículo 897 del Código de Comercio establece:

«Cuando en este Código se exprese que un acto no produce efectos, se entenderá que es ineficaz de pleno derecho, sin necesidad de declaración judicial.»

Así, cada vez que el Código de Comercio dice que un acto «no produce efectos», ese acto es ineficaz por sí solo, ope legis, sin que un juez tenga que declararlo. Es el caso, por ejemplo, de la cláusula que pretenda eximir a los administradores de una sociedad de responsabilidad por su dolo o culpa grave: se tiene por ineficaz de pleno derecho.

Cuándo no opera de pleno derecho.

No todo lo que es contrario a la ley se invalida de pleno derecho. Por regla general, las leyes, los decretos, los conceptos y los actos administrativos, aun cuando violen la ley o la Constitución, conservan sus efectos mientras un ciudadano no interponga la respectiva demanda de nulidad o de inconstitucionalidad y esta prospere. En esos casos no opera el ipso iure.

Lo mismo ocurre con otras figuras que exigen intervención: la nulidad absoluta de un contrato civil, por ejemplo, debe ser declarada por un juez, y la prescripción, por regla general, debe ser alegada por quien quiere beneficiarse de ella, pues el juez no la declara de oficio. Conviene, por tanto, no confundir lo que opera de pleno derecho con lo que requiere declaración o solicitud de parte.

A continuación respondemos las preguntas frecuentes de nuestros lectores.