De pleno derecho o Ipso jure

Por   01/11/2017

Cuando consultamos textos o lecturas jurídicas nos encontramos con los términos “de pleno derecho” o “ipso jure”, términos que de forma muy general trataremos de explicar.

Si consultamos lo que dice Wikipedia sobre el significado Ipso jure encontramos lo siguiente:

Ipso iure o Ipso jure es una expresión latina que puede traducirse como "por virtud del Derecho" o "de pleno Derecho". Se considera opuesta a la expresión ipso facto que se puede traducir como "por virtud del hecho".

En el ámbito jurídico, la expresión ipso iure sirve para referirse a una consecuencia jurídica que se produce sin necesidad de que ocurra un hecho o acto, sino por el mismo Derecho.

Por ello, esta expresión sirve para describir a aquellos efectos que se producen sin requerimiento o instancia de parte, y que los produce la misma norma jurídica.

La legislación colombiana contempla también algunos casos excepcionales donde se aplica este principio.

Por ejemplo dice el artículo 13 del código sustantivo del trabajo:

Mínimo de derechos y garantías. Las disposiciones de este Código contienen el mínimo de derechos y garantías consagradas en favor de los trabajadores. No produce efecto alguno cualquiera estipulación que afecte o desconozca este mínimo.

Lo que la norma transcrita quiere significar es que todo pacto o acuerdo entre trabajador y empleador que esté por debajo de los derechos y garantías mínimas contempladas por la ley, simplemente no se tendrán por escritas, es decir, equivale a decir que son nulas o ineficaces de pleno de derecho, de manera   no hace falta que un juez o una autoridad administrativa se pronuncie para que proceda la nulidad, ineficacia o invalidez.

La misma constitución política en el artículo 29 dice:

(…)  Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con  violación del debido proceso.

En este caso, no hace falta que una de las partes demande la nulidad, pues esta ya ha sido supuesta legalmente.

Contrario sucede con los decretos o conceptos jurídicos expedidos por las diferentes autoridades administrativas, o con las leyes promulgadas por el congreso de la república, que aun en los casos en que violen la ley o la constitución, es necesario que un ciudadano interponga una demanda de nulidad o inconstitucionalidad, ya que en esos casos no opera el principio Ipso jure.

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