Una cosa es la interrupción de la prescripción y otra la suspensión de la prescripción

Todos tenemos claro que cuando se causa un derecho en favor del trabajador y el mismo se hace exigible, el empleador debe proceder de inmediato a su pago. Y que si no lo hace así, incurre en mora, lo que a la larga le puede ocasionar graves  perjuicios.

También está claro que tan pronto se hace exigible un derecho laboral empieza a correr, en perjuicio del trabajador, el término de prescripción de la acción que le otorga la ley  al trabajador para reclamar el pago de ese derecho, y que es de tres años, al cabo de los cuales se configura el fenómeno de la prescripción.

O sea que el tiempo corre en contra de ambos: del empleador y del trabajador. Del empleador, porque aumenta la mora y con ella el valor de la indemnización o de los intereses según el caso. Y del trabajador, porque corre la prescripción.

Ahora, si bien es cierto, la ley le concede tres años de plazo al trabajador para que recame sus derechos, si transcurre ese lapso sin que se produzca el reclamo en cuestión, el trabajador ya no puede forzar al empleador a que le satisfaga la obligación, pues aunque el derecho no se extingue, sí se hace inexigible por efectos de la prescripción.

Ahora bien, la ley también ha previsto que si estando corriendo el término de los tres años el trabajador le reclama al empleador –por escrito- el cumplimiento de la obligación, se interrumpe la prescripción que venía corriendo, y empiezan a contarse de nuevo los tres años, pero esa concesión generosa de la ley solo aplica una sola vez. O sea, que una segunda reclamación del trabajador ya no interrumpirá el curso de la prescripción.

Con lo dicho hasta aquí queda ilustrado (pero no agotado) el tema de la prescripción.

Ahora bien, vamos a referirnos al fenómeno de  la suspensión de la prescripción.

A diferencia de lo que ocurre con los particulares, a quienes se puede demandar directamente, para poder demandar a las entidades del Estado (de cualquier nivel) es menester reclamarles previamente a éstas el cumplimiento de la obligación. En lenguaje técnico eso se llama agotar la reclamación administrativa. Y mientras no se surta ese trámite, la justicia ordinaria o contenciosa, según corresponda el caso, no adquiere competencia para conocer del asunto.

Para ilustrar cómo opera la suspensión de la prescripción sigamos el siguiente ejercicio:

Supongamos que está corriendo la prescripción de una obligación cuyo complimiento le corresponde a una entidad del Estado, y el trabajador presenta la respectiva reclamación, pues su intención última es demandar a la entidad pública.

Ahora bien, al presentar la reclamación, ésta interrumpe y  suspende la prescripción, es decir, frena la prescripción que estaba corriendo, la cual queda detenida hasta cuando la administración resuelva la reclamación y le notifique al reclamante la respectiva respuesta, o hasta que se resuelvan los recursos formulados contra la decisión de la administración si hubo lugar a ellos.

Pero la anterior no es la única opción que tiene el ciudadano para poder demandar ante la justicia el cumplimiento de la obligación reclamada, pues la ley tiene previsto además que si el ciudadano desea emprender rápidamente la acción, puede  proceder a ello luego de transcurrido un mes de presentada la reclamación, caso en el cual el silencio de la entidad pública obliga a entender que la solicitud fue negada. O sea que el ciudadano puede escoger uno de los dos eventos reseñados, es decir, puede esperar a que la Administración se pronuncie, recurrir esa decisión cuando ello sea posible y esperar que los recursos sean resueltos definitivamente, o bien, esperar que transcurra un mes y proceder a demandar a la entidad oficial.

Lo anterior tiene fundamento en el artículo 4º de la Ley 712 de 2001, el cual señala como requisito de procedibilidad para las acciones contenciosas contra La Nación, las entidades territoriales y cualquiera otra entidad de la administración pública, la previa reclamación administrativa consistente en el simple reclamo escrito del pretendiente sobre el derecho, la cual se entiende agotada cuando se haya decidido o cuando transcurrido un mes desde su presentación no haya sido resuelta.

Es necesario no confundir las dos figuras, pues una equivocación en tal sentido podría traerle graves perjuicios al intérprete.

En la interrupción la operación es instantánea: la prescripción deja de correr, y al día siguiente empiezan a correr y a contarse nuevamente los tres años.

En la suspensión, la prescripción se detiene por un tiempo relativamente largo (un mes o más) y luego reanuda su marcha.

Guía Laboral 2020

Conozca sus derechos y obligaciones como trabajador o empleador. Ver más.

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2 Opiniones
  1. Nancy M. Tapiero Acosta Dice:

    Hola muy agradecida con esta información valiosa para mi trabajo,
    que el todopoderoso les de sabiduría y muchas bendiciones.
    Gracias

    Responder
  2. Jose R hincapie P Dice:

    SÍNTESIS
    Trabaje con una Empresa Industrial y Comercial del Estado por el periodo comprendido entre el 11 de enero de 1974 y el 4 de mayo de 2004. El noviembre del 2004 solicite a la empresa el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación, por haber cumplido los requisitos de edad y tiempo de servicios. Nací el 29 de octubre de 1949 y cumplí 55 años el 29 de octubre del 2004.
    De acuerdo a lo preceptuado en el artículo 75 del Decreto 1848 de 1069, el derecho a pensión plena de jubilación, por parte de los trabajadores oficiales afiliados al ISS que al tiempo de su retiro cumplan los requisitos de tiempo de servicios y edad señalados para el goce de la pensión debe reconocerse y pagarse por la última entidad empleadora.
    Mediante resolución No. 045 del 6 de abril de 2005 se decretó el reconocimiento y pago de la pensión mensual de jubilación a partir del 29 de octubre de 2004.
    En el artículo 4 de la citada resolución se resolvió lo siguiente:
    Desde la fecha en que el Instituto de Seguros Sociales decrete y ordene el pago de la pensión de vejez a mi favor, la compañía asumirá únicamente el mayor valor si lo hubiere, entre la pensión otorgada por el Instituto de Seguros Sociales y la que este pagando para la fecha.
    El 29 de octubre de 2009 adquirí el status de pensionado y la empresa con la que trabajé continúo realizado el pago. El 27 de diciembre de 2019 solicité a la Administradora Colombiana de Pensiones “Colpensiones”, el reconocimiento y pago de la pensión de vejez.
    Mediante resolución No. SUB 42739 de 14 de febrero de 2020 la administradora Colombiana de Pensiones “Colpensiones”, me reconoció la pensión de vejez de carácter compartida, a partir del 27 de Diciembre de 2016, esto en aplicación al fenómeno de la PRESCRIPCIÓN, teniendo en cuenta que entre la fecha que el asegurado adquirió el status de pensionado esto es, 29 de octubre de 2009, y la fecha de presentación de la solicitud de pensión de vejez esto es, 27 de diciembre de 2019 transcurrieron más de tres (3) años, esto en atención a lo consagrado en los articulo 499 y 489 del Código Sustantivo del Trabajo y 151 del Código Procesal del Trabajo y el Concepto BZ 2014_10461165 emitido por la ]]Gerencia Nacional de Doctrina junto con la Vicepresidencia Jurídica y Secretaria General de la Administradora Colombiana de Pensiones “Colpensiones”
    Las personas a su servicio tienen la calidad de trabajadores oficiales y que el régimen laboral aplicable es el contenido en la ley 6 de 1945, el decreto 2127 de 1945, el decreto reglamentario 1848 de 1969, la ley 33 de 1985 y la ley 100 de 1993 y demás normas que los adicionan y reforman.
    De acuerdo a la información anterior, que posibilidad existe de efectuar la reclamación del periodo 2009 al 2015 correspondiente al retroactivo, teniendo en cuenta que ni la empresa ni la Administradora de Pensiones “Colpensiones” me notificaron para que presentará la solicitud de reconocimiento y pago de la pensión de vejez.
    Les agradezco su valiosa colaboración,

    Responder
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