Pago de salarios durante el secuestro del trabajador – ¿Hasta cuándo?

Según la Corte Constitucional, es acertada la norma que dispone que al empleador le corresponde pagar el salario del trabajador secuestrado hasta el vencimiento del término del contrato de trabajo. Y si el secuestro continúa, dicha obligación debe asumirla el Fondo Nacional para la Defensa de la Libertad Personal. 

Aunque todo parece indicar que Colombia por fin alcanzará la paz  y que el secuestro pasará a ser cosa del pasado, de todas maneras vale la pena mantenernos actualizados sobre el tratamiento que le da la ley laboral al tema de los salarios de los trabajadores secuestrados.

Como se recordará, mediante la ley 986 de 2005 el Estado colombiano adoptó un conjunto de medidas de protección a las víctimas del secuestro. En lo que corresponde al tema laboral, la ley previó, entre otras cosas,  las siguientes:

1. El empleador debe continuar pagando el salario y las prestaciones sociales a que tenga derecho el secuestrado al momento de la ocurrencia del secuestro, ajustados de acuerdo con los incrementos legalmente exigibles.

Lo anterior aplica también para los servidores públicos que en lugar de salarios devenguen honorarios.

2. El pago del salario y las prestaciones sociales se debe efectuar desde el día en que el trabajador particular o el servidor público, según sea el caso, haya sido privado de la libertad y hasta cuando se produzca una de las siguientes condiciones:

  1. En el caso de trabajador vinculado por contrato laboral a término indefinido, hasta cuando se produzca su libertad, o se compruebe la muerte, o se declare la muerte presunta.
  2. En el caso de trabajador con contrato laboral a término fijo, hasta el vencimiento del contrato, o hasta cuando se produzca su libertad o se compruebe la muerte o se declare la muerte presunta si alguno de estos hechos se produce con anterioridad a la fecha de terminación del contrato.
  3. En el caso de servidor público hasta cuando se produzca su libertad, o alguna de las siguientes circunstancias: Que se compruebe su muerte o se declare la muerte presunta o el cumplimiento del período constitucional o legal, del cargo.
  4. El cumplimiento de la edad y los requisitos para obtener la pensión, caso en el cual corresponde al curador iniciar los trámites para solicitar su pago.

3. El empleador deberá continuar pagando las prestaciones sociales del secuestrado, así como también los aportes al sistema de seguridad social integral. 

4. En el caso de secuestro de trabajador con contrato de trabajo a término fijo, al igual que en el de cumplimiento del período constitucional o legal del cargo en el caso de servidores públicos, el fiscal o el juez competente podrán –en ciertos casos- determinar la continuidad en el pago de los salarios u honorarios más allá del vencimiento del contrato o del período correspondiente, y hasta tanto se produzca la libertad, o se compruebe la muerte, o se declare la muerte presunta del secuestrado.

De todo lo que se viene de anotar llama particularmente la atención la diferencia de trato que establece la ley en cuanto a la continuación en el pago de los salarios y prestaciones sociales cuando el trabajador secuestrado está vinculado por contrato de trabajo a término indefinido y cuando dicha vinculación se establece a través de un contrato de trabajo a término fijo. En efecto, mientras que a los trabajadores vinculados por contrato de trabajo a término indefinido el pago del salario y las prestaciones sociales a cargo del empleador debe darse hasta cuando  se produzca su libertad, o se compruebe la muerte, o se declare la muerte presunta;  cuando se trata de contrato de trabajo a término fijo dicho pago sólo irá  hasta el vencimiento del término del contrato, o hasta cuando se produzca su libertad o se compruebe la muerte o se declare la muerte presunta si alguno de estos hechos se produce con anterioridad a la fecha de terminación del contrato.

Pues bien, esa situación dio lugar a que demandara la inconstitucionalidad de la expresión hasta el vencimiento del contrato o” que hace parte del numeral 2º del artículo 15 de la ley 986 de 2005, bajo el cargo de que la diferencia de trato que establece la ley respecto de la continuación del pago de salarios y prestaciones sociales, según se trate de trabajadores vinculados por contrato de trabajo celebrado a término indefinido o a término fijo, representa un déficit de protección para éstos últimos y vulnera la dignidad humana, el principio de solidaridad, el derecho a la igualdad, la protección a la familia, al trabajo y a la seguridad social, el principio de solidaridad y normas de pactos internacionales que conforman el bloque de constitucionalidad.

Al ocuparse de la demanda, la Corte Constitucional, a la vez que reafirmó “los fundamentos constitucionales del deber de especial protección a los derechos fundamentales de las personas víctimas de secuestro, particularmente, en lo que se refiere a la continuidad del pago de salarios u honorarios y prestaciones sociales, que surge del principio de solidaridad, el cual obliga al empleador frente a una situación que pone en riesgo tales derechos”, consideró que dicha diferencia de trato es razonable y proporcionada, dado que el legislador no le puede imponer al empleador una carga excesiva que éste no tenía presupuestada al momento de celebrar el contrato laboral.

Y agregó que: “el principio de solidaridad no puede imponer una carga desproporcionada, habida cuenta que de conformidad con el artículo 13 de la Constitución es el Estado y no los particulares, a quien le corresponde adoptar las medidas de protección especial de las personas que se encuentren en situaciones de vulnerabilidad o debilidad manifiestas. Por tal motivo, a pesar de que las familias de las víctimas de secuestro quedan en una situación de vulnerabilidad y desamparo, no significa que el empleador deba tener a su cargo de manera indeterminada el pago de salarios y prestaciones al trabajador contratado a término fijo, sin tener en cuenta las limitaciones fijadas por expresa voluntad de las partes y que pueden obedecer a múltiples factores como la necesidad del servicio o la disponibilidad de recursos. Al mismo tiempo, en estas circunstancias surge para el Estado un deber específico de protección a las víctimas y a sus familias, el cual debe asumir la reparación y protección de la familia afectada, una vez concluya el término de duración del contrato laboral, a través de instrumentos de protección, como el Fondo Nacional para la Defensa de la Libertad Personal, que cuenta con la posibilidad de darle continuidad a dichos pagos por el tiempo que sea necesario.” 

Ver Comunicado No. 41. Corte Constitucional. Sept. 23 y 24 de 2015 – Expediente D-10666 – Sentencia C-613/15 (Sept. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva)

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