Insolvencia de persona natural en Colombia: quién puede acogerse y cómo funciona

Una persona natural que no puede pagar sus deudas puede acogerse a un procedimiento de insolvencia para negociarlas con todos sus acreedores a la vez y, si no lo logra, liquidar su patrimonio y quedar liberada de los saldos. Desde la ley 2445 de 2025, el procedimiento del Código General del Proceso cubre a las personas naturales no comerciantes y a los pequeños comerciantes; los demás comerciantes acuden a la ley 1116 de 2006. ¿Quién puede acogerse, qué requisitos hay y qué efectos tiene?

Qué es la insolvencia.

La insolvencia es la situación de quien no puede atender sus obligaciones porque sus ingresos o su patrimonio no alcanzan. La ley no la mide por el monto de las deudas, sino por el incumplimiento: se presume cuando la persona entra en cesación de pagos, es decir, cuando deja de pagar varias obligaciones durante cierto tiempo.

El régimen de insolvencia no es un perdón de deudas. Es un procedimiento ordenado para que el deudor negocie con todos sus acreedores al mismo tiempo, en condiciones de igualdad, y para que los acreedores recuperen lo que razonablemente se pueda, en lugar de competir entre ellos con embargos.

Qué régimen se aplica a cada persona natural.

La ley distingue según la persona sea o no comerciante y según el tamaño de sus activos:

Para calcular el tope de los pequeños comerciantes no se cuentan el valor de la vivienda familiar ni el del vehículo que sirve de instrumento de trabajo. Además, el pequeño comerciante puede acogerse aunque no haya cumplido las obligaciones mercantiles del artículo 19 del Código de Comercio, como la matrícula o la contabilidad.

Insolvencia de persona natural no comerciante y pequeño comerciante.

El procedimiento del Código General del Proceso, reformado por la ley 2445 de 2025, tiene tres vías: la negociación de deudas, la convalidación de un acuerdo privado y la liquidación patrimonial.

Requisito: estar en cesación de pagos.

Según el artículo 538 del Código General del Proceso, modificado por la ley 2445 de 2025, está en cesación de pagos la persona natural que, como deudora o garante:

• incumpla dos o más obligaciones a favor de dos o más acreedores por más de 90 días, o
• tenga en su contra dos o más procesos de cobro o ejecución.

En cualquier caso, esas obligaciones deben representar no menos del 30 % de su pasivo total. No se cuentan las deudas que se pagan por libranza o descuento de nómina, salvo que se dejen de pagar. Para acreditar la situación basta la declaración del deudor, que se entiende hecha bajo la gravedad del juramento.

Supongamos que una persona tiene deudas por $100.000.000, de las cuales una tarjeta de crédito de $20.000.000 y un crédito de libre inversión de $15.000.000, con dos bancos distintos, llevan cuatro meses sin pagarse. Esas dos deudas suman $35.000.000, el 35 % de su pasivo: está en cesación de pagos y puede acogerse.

La negociación de deudas.

El deudor presenta su solicitud ante un centro de conciliación autorizado o una notaría de su domicilio. La solicitud debe incluir, en términos generales, las causas de la cesación de pagos, una propuesta de pago, la relación completa de acreedores y de bienes, los procesos en curso, sus ingresos, los recursos disponibles para pagar después de sus gastos de subsistencia, la información sobre su sociedad conyugal y sus obligaciones alimentarias.

El conciliador verifica los requisitos, acepta la solicitud y cita a los acreedores. La negociación tiene un plazo de 60 días desde que queda en firme la aceptación, prorrogable por 30 días más. Si se alcanza un acuerdo con la mayoría exigida, obliga a todos los acreedores, incluidos los que votaron en contra, y debe dar igual trato a los acreedores de una misma clase.

Efectos de la aceptación de la solicitud.

Desde que el conciliador acepta la solicitud, el deudor queda protegido. El artículo 545 del Código General del Proceso, modificado por la ley 2445 de 2025, dispone, entre otros efectos:

• No pueden iniciarse nuevos procesos ejecutivos o de cobro, y se suspenden los que estén en curso, incluidas las medidas cautelares no practicadas totalmente.
• Se suspenden los descuentos de nómina, los de productos financieros y las libranzas, salvo los de obligaciones alimentarias.
• No puede suspenderse el servicio público domiciliario de la vivienda o del lugar de trabajo por mora anterior a la aceptación, regla que se extiende a contratos de tracto sucesivo como el arrendamiento y los de salud.
• Se interrumpe la prescripción de los créditos y el deudor no puede iniciar otro procedimiento de insolvencia hasta que transcurra el término legal.

Las obligaciones alimentarias no se negocian: el deudor debe seguir pagándolas.

La liquidación patrimonial.

Si la negociación fracasa, o si el acuerdo se incumple y no se corrige, se abre la liquidación patrimonial ante el juez civil. En ella se venden o adjudican los bienes del deudor para pagar a los acreedores según el orden de prelación.

El efecto más importante está en el artículo 571 del Código General del Proceso, modificado por la ley 2445 de 2025: los saldos de las obligaciones incluidas en la liquidación que no alcancen a pagarse se convierten en obligaciones naturales, es decir, deudas que ya no pueden cobrarse judicialmente. La ley aclara que esa conversión no genera impuesto de ganancia ocasional. No se liberan los saldos de obligaciones alimentarias, ni los de quien haya ocultado información, simulado deudas o deteriorado sus bienes de mala fe.

Insolvencia de la persona natural comerciante bajo la ley 1116 de 2006.

La persona natural comerciante cuyos activos igualan o superan 1.000 salarios mínimos se rige por la ley 1116 de 2006, que regula el proceso de reorganización y la liquidación judicial. Según el parágrafo del artículo 9 de esa ley, la persona natural comerciante solo puede acudir a la reorganización cuando está en cesación de pagos, y no por incapacidad de pago inminente.

Hay cesación de pagos cuando el deudor incumple por más de 90 días dos o más obligaciones a favor de dos o más acreedores, contraídas en desarrollo de su actividad, o tiene por lo menos dos demandas ejecutivas de dos o más acreedores, siempre que esas obligaciones representen no menos del 10 % de su pasivo total. Debe además llevar contabilidad regular de sus negocios.

El efecto central es el del artículo 20 de la ley 1116 de 2006:

«A partir de la fecha de inicio del proceso de reorganización no podrá admitirse ni continuarse demanda de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra del deudor.»

Los procesos que estaban en curso se remiten al juez del concurso, y el acuerdo de reorganización se aprueba por mayoría de votos de los acreedores, de modo que obliga también a los que no lo votaron.

La importancia de la negociación.

En los dos regímenes, el corazón del procedimiento es el acuerdo. Para el acreedor, un deudor insolvente es un riesgo de perder todo; por eso suele aceptar plazos más largos, rebajas de intereses o incluso quitas de capital a cambio de recuperar una parte cierta. El acreedor con garantía real, que puede cobrarse con el bien, tiene menos incentivos para negociar, y la ley le da un tratamiento especial.

Si el acuerdo incluye condonación de deudas, el deudor debe analizar su efecto en la declaración de renta, como explicamos en el artículo sobre la condonación de pasivos.

A continuación, damos respuesta a las preguntas frecuentes realizadas por nuestros lectores.