Tratamiento tributario de las indemnizaciones laborales

La indemnización que recibe el trabajador por un despido injusto es un ingreso gravado con el impuesto de renta, pero el numeral 10 del artículo 206 del estatuto tributario permite tratar como exenta una parte de ella, al considerarla un pago laboral. Ahora bien, esa exención tiene límites que se acumulan y que en la práctica la reducen bastante. ¿Cómo se declara y cuánto queda gravado?

La indemnización es un ingreso gravado.

Conviene partir de ahí, porque genera sorpresa: que la indemnización no sea salario para efectos laborales no la excluye del impuesto de renta.

El presupuesto para gravar un ingreso es que incremente el patrimonio del contribuyente, y la indemnización lo hace. De modo que debe declararse.

Lo que ocurre es que, al tratarse de un pago originado en la relación laboral, se clasifica como renta de trabajo y accede a la exención que la ley reconoce a esa clase de ingresos.

La Dian lo confirmó en el concepto unificado 0912 de 2018, es en numeral 1.15 sobre rentas exentas de personas naturales:

«Se ha interpretado por parte de este despacho que los ingresos por indemnización por despido injustificado o bonificación por retiro son ingresos por naturaleza salariales, gravados con el impuesto sobre la renta, frente a los cuales aplica lo dispuesto en el numeral 10 del artículo 206 del E.T., esto es, el 25% de estos ingresos se considerarán renta de trabajo exenta, en consideración a que esta norma se refiere al «valor total de los pagos laborales».»

El razonamiento es literal: la norma habla del «valor total de los pagos laborales» sin distinguir el tipo de pago, de modo que cualquier pago laboral queda cubierto por la exención.

La exención del 25% y sus límites.

La exención que le aplica está en el numeral 10 del artículo 206 del estatuto tributario, en la redacción que le dio la ley 2277 de 2022:

«El veinticinco por ciento (25%) del valor total de los pagos laborales, limitada anualmente a setecientos noventa (790) UVT. El cálculo de esta renta exenta se efectuará una vez se detraiga del valor total de los pagos laborales recibidos por el trabajador, los ingresos no constitutivos de renta, las deducciones y las demás rentas exentas diferentes a la establecida en el presente numeral.»

De ahí salen dos límites, y ambos operan a la vez:

El límite general de la cédula.

Y hay un tercer límite que suele pasarse por alto y que en la práctica es el que más recorta la exención.

El numeral 3 del artículo 336 del estatuto tributario impone un tope general a la suma de todas las rentas exentas y deducciones especiales de la cédula general: el 40% de la cédula, con un máximo de 1.340 UVT anuales.

La consecuencia es que la exención de la indemnización no se calcula de forma aislada: se suma con las demás rentas exentas y deducciones especiales del trabajador, y el conjunto se contrasta contra ese tope. El detalle de cómo opera está en el artículo sobre las limitaciones a las rentas exentas de trabajo.

De modo que un trabajador que ya venía usando buena parte de su cupo con aportes voluntarios, intereses de vivienda o dependientes puede encontrarse con que la exención de su indemnización queda en poco o en nada.

La indemnización no se anualiza.

Es una precisión importante y con frecuencia se entiende al revés.

La indemnización es un pago único, y aunque corresponda a varios años de trabajo no puede distribuirse entre esos años: se suma íntegra a los pagos laborales del año gravable en que se recibió.

De acuerdo con nuestro criterio, ese es el punto que más encarece fiscalmente una indemnización alta. Concentrar en un solo año un pago que compensa varios lleva al trabajador a tarifas marginales superiores y agota de una vez los topes anuales de la exención.

Un ejemplo del cálculo.

Supongamos que un trabajador recibió en el año gravable $60.000.000 en salarios y una indemnización de $30.000.000, y que no tiene otras deducciones ni rentas exentas.

El cálculo no termina en el 25%. Ese valor debe contrastarse primero con el tope de 790 UVT del numeral 10 y después con el límite general del artículo 336, y prevalece siempre el menor.

Como los topes se expresan en UVT, el resultado depende del valor de esa unidad en el año gravable correspondiente. El valor vigente y su histórico están en el artículo sobre la UVT.

Qué indemnizaciones laborales están exentas y cuáles no.

No todas reciben el mismo tratamiento, y conviene distinguirlas porque la diferencia es sustancial.

La diferencia es de finalidad. Las exenciones de los numerales 1 y 2 reparan un daño a la persona y la ley las exime por completo del cálculo del 25%, mientras que la indemnización por despido y la bonificación por retiro compensan la pérdida del empleo y se tratan como cualquier otro pago laboral.

La exención del numeral 1 también queda sujeta al límite general.

Es una pregunta que nos han hecho varios lectores y conviene responderla con precisión, porque la respuesta no es la que suele esperarse.

Que la indemnización por accidente de trabajo o enfermedad sea exenta en su totalidad significa que no se le aplica el cálculo del 25% ni el tope de 790 UVT, pero no significa que escape al límite general de la cédula.

El parágrafo 4 del artículo 206 del estatuto tributario enumera las rentas exentas que quedan por fuera de ese límite:

«Las rentas exentas establecidas en los numerales 6, 7, 8 y 9 de este artículo, no estarán sujetas a las limitaciones previstas en el numeral 3 del artículo 336 de este Estatuto.»

El numeral 1 no aparece en esa lista, de modo que la exención por accidente de trabajo o enfermedad sí se suma con las demás rentas exentas del trabajador y el conjunto se contrasta contra el 40% de la cédula y el tope de 1.340 UVT.

Dicho de otro modo, un trabajador que reciba una indemnización alta por accidente de trabajo puede terminar tributando sobre buena parte de ella, no porque la ley se la grave, sino porque el límite general de la cédula le impide restarla completa.

Las condenas judiciales de origen laboral.

Cuando el trabajador gana un proceso ordinario laboral, la sentencia suele reconocer varios conceptos a la vez, y cada uno conserva su naturaleza para efectos tributarios.

Estos son los que con más frecuencia aparecen en un fallo laboral.

• Salarios, prestaciones sociales y vacaciones adeudados. Son pagos laborales y se declaran como renta de trabajo, con la exención del 25%.
• Reliquidación de cesantías, primas o aportes. Mismo tratamiento, con la salvedad de las cesantías, que tienen su propia regla de exención.
• Indemnización moratoria del artículo 65 del código sustantivo del trabajo. Es un pago laboral gravado, sujeto a la exención del 25%.
• Indemnización por despido injusto. Tratamiento explicado a lo largo de este artículo.
• Intereses e indexación reconocidos en el fallo. Los intereses son ingreso gravado; la indexación sigue la naturaleza del concepto que actualiza.

Lo determinante es que el pago provenga de la relación laboral, porque eso es lo que lo mantiene dentro de las rentas de trabajo. Cuando la condena no tiene origen laboral sino de responsabilidad civil, el tratamiento cambia por completo y es el que explicamos en el artículo sobre los impuestos en las indemnizaciones por sentencia judicial.

Recordemos además que el ingreso se declara en el año en que efectivamente se recibe el pago, no en el de la sentencia, cuando el trabajador no está obligado a llevar contabilidad.

Cómo se declara.

La mecánica es más sencilla de lo que suele creerse.

La indemnización se declara como renta de trabajo, dentro de la cédula general, y se suma al resto de ingresos originados en la relación laboral. No se desglosa ni se identifica por separado.

Conviene tener presente que el empleador debe practicar retención en la fuente sobre este pago cuando el trabajador supera cierto nivel de ingresos, y que lo retenido se descuenta del impuesto que resulte en la declaración. La retención no es el impuesto definitivo sino un anticipo.

De acuerdo con nuestro criterio, conviene solicitar al empleador el certificado de ingresos y retenciones antes de declarar, porque es el documento que acredita cuánto se recibió y cuánto se retuvo, y sin él es fácil omitir el ingreso o perder el descuento de la retención.

Del lado del empleador el tratamiento es otro.

Es la otra cara de la misma operación y sigue una lógica opuesta respecto de la indemnización por despido injusto.

El tratamiento del empleador lo desarrollamos en el artículo sobre si las indemnizaciones laborales son deducibles de renta, y el tratamiento laboral, que es distinto de ambos, en el que trata si la indemnización paga seguridad social.

A continuación respondemos las preguntas frecuentes de nuestros lectores.