Administración de los bienes de los menores de edad

Los bienes de un menor de edad los administran sus padres en ejercicio de la patria potestad, pero administrar no es disponer: los padres no pueden vender ni hipotecar los inmuebles del hijo sin autorización judicial o notarial, según el artículo 303 del Código Civil, y responden por los daños que le causen a su patrimonio. ¿Qué pueden hacer los padres con los bienes del hijo, qué bienes administra el propio menor y qué pasa si los padres los malgastan?

Quién representa al menor y administra sus bienes.

Un menor de edad puede ser dueño de bienes, porque tiene capacidad de goce desde que nace. Lo que no tiene es capacidad de ejercicio, de modo que no puede administrarlos ni disponer de ellos por sí mismo, como explicamos en el artículo sobre la capacidad jurídica.

Esa función corresponde a sus padres. El artículo 288 del Código Civil define la patria potestad como el conjunto de derechos que la ley reconoce a los padres sobre sus hijos no emancipados, para facilitarles el cumplimiento de sus deberes. Comprende tres derechos:

• La representación judicial y extrajudicial del hijo.
• La administración de sus bienes.
• El usufructo legal sobre la mayor parte de ellos.

La patria potestad la ejercen los dos padres conjuntamente. Si uno falta, la ejerce el otro, y si faltan ambos, el menor queda emancipado y el juez le designa un guardador, como explicamos en el artículo sobre la emancipación. Los alcances generales de la figura se explican en el artículo sobre qué es la patria potestad.

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El usufructo legal de los padres.

Los padres no solo administran los bienes del hijo: también reciben sus frutos, como los arriendos o los intereses, por virtud del usufructo legal del artículo 291 del Código Civil. Ese usufructo no es absoluto, porque la norma excluye tres clases de bienes:

1. Los que el hijo adquiere con su trabajo o industria, que forman su peculio profesional o industrial.
2. Los que recibe por donación, herencia o legado cuando el donante o testador dispuso expresamente que el usufructo fuera del hijo y no de los padres.
3. Las herencias y legados que llegan al hijo por indignidad o desheredamiento de uno de sus padres, cuyo usufructo corresponde solo al otro.

El usufructo permite gozar de los bienes y de sus frutos, pero no disponer de ellos. El régimen de esta figura se explica en el artículo sobre el usufructo legal.

El menor administra su peculio profesional.

Los bienes que el hijo gana con su trabajo no los administran los padres. El artículo 294 del Código Civil dispone que el hijo se mira como emancipado y habilitado de edad para la administración y goce de su peculio profesional o industrial.

Así, el adolescente que trabaja con autorización legal administra su salario y lo que compre con él, sin que los padres puedan apropiarse de esos frutos. Pero incluso en este caso, los inmuebles que adquiera no pueden enajenarse ni hipotecarse sin autorización judicial, como veremos enseguida.

Lo que los padres no pueden hacer.

La regla es que los padres administran, pero no disponen. El artículo 303 del Código Civil lo dice de forma tajante:

«No se podrán enajenar ni hipotecar en caso alguno los bienes raíces del hijo, aun pertenecientes a su peculio profesional, sin autorización del juez, con conocimiento de causa.»

Vender, hipotecar o donar un inmueble del hijo exige, entonces, una autorización previa. Hoy esa autorización puede obtenerse de dos maneras:

• Ante el juez de familia, mediante el proceso de jurisdicción voluntaria de licencia para enajenar o gravar bienes de incapaces, en el que hay que justificar la necesidad y la destinación del dinero, según el artículo 581 del Código General del Proceso.
• Ante notario, con intervención del defensor de familia, conforme al artículo 2.6.15.2.1.1 del decreto 1069 de 2015, adicionado por el decreto 1664 de 2015.

El paso a paso de ambos trámites se explica en el artículo sobre la venta de bienes de menores y de personas con discapacidad.

La venta hecha sin esa autorización es nula, y el menor, al cumplir la mayoría de edad, o su representante, pueden pedir que así se declare.

Responsabilidad de los padres.

Los padres responden por la forma en que administran. Según el artículo 298 del Código Civil, responden de toda disminución o deterioro que se deba a su culpa, incluso la culpa leve, es decir, la falta de la diligencia que una persona emplea ordinariamente en sus propios negocios.

Cuando la administración de los padres pone en peligro el patrimonio del hijo, la ley ofrece remedios:

• Suspensión de la patria potestad. El artículo 310 del Código Civil permite suspenderla, entre otras causas, cuando el padre está en imposibilidad de administrar.
• Intervención del defensor de familia. El numeral 11 del artículo 82 de la ley 1098 de 2006 le atribuye la función de promover los procesos judiciales en defensa de los derechos de los niños, lo que incluye pedir que se prive a los padres de la administración y que reparen los perjuicios.
• Rendición de cuentas. Al terminar la patria potestad, el hijo puede exigir cuentas de la administración, como explicamos en el artículo sobre la acción de rendición provocada de cuentas.

De acuerdo con nuestro criterio, quien administra bienes de un hijo menor debería guardar los soportes de los ingresos y gastos, aunque la ley no le exija rendir cuentas periódicas, porque es la única forma de defenderse si después se le reclama.

Delegación entre los padres.

Uno de los padres puede delegar en el otro, total o parcialmente, la administración de los bienes del hijo, según el artículo 307 del Código Civil. Es una opción útil cuando uno de ellos vive en el exterior o no tiene tiempo para ocuparse de los bienes.

El arrendamiento de los bienes del menor.

Arrendar un inmueble del hijo es un acto de administración, de modo que, en principio, los padres pueden hacerlo sin autorización judicial.

De acuerdo con nuestro criterio, el contrato no debería pactarse por un término que vaya más allá de la fecha en que el hijo cumpla 18 años, porque desde entonces el padre pierde la facultad de administrar, y un arrendamiento de largo plazo compromete el bien en términos que el hijo, ya mayor, no decidió. Si se requiere un plazo mayor, lo prudente es pedir autorización judicial.

El menor como socio de una empresa.

Un menor de edad puede ser socio de una sociedad. El artículo 103 del Código de Comercio permite a los incapaces ser socios por medio de sus representantes o con su autorización, según el caso.

Los padres actúan por él en la constitución de la sociedad, en las asambleas y en la venta de las acciones o cuotas. Si los aportes son inmuebles del menor, se aplica la regla del artículo 303 y se requiere autorización previa.

A continuación respondemos las preguntas frecuentes de nuestros lectores.

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