Secuestre: funciones, obligaciones, honorarios y responsabilidades

El secuestre es el auxiliar de la justicia que designa el juez para que custodie y administre los bienes embargados y secuestrados mientras se decide el proceso. Sus funciones están en el artículo 52 del Código General del Proceso, que le da la custodia de los bienes como depositario y, si producen renta, las atribuciones de un mandatario. ¿Quién puede ser secuestre, cuánto cobra, qué obligaciones tiene y qué pueden hacer las partes si administra mal los bienes o se queda con el dinero?

Qué es un secuestre.

El secuestre es una persona natural o jurídica que actúa como auxiliar de la justicia, es decir, como colaborador del juez en una tarea que el juez no puede hacer directamente. Su tarea es recibir los bienes sobre los que se practicó la medida de secuestro, conservarlos y, si generan ingresos, administrarlos, hasta que el juez decida a quién deben entregarse.

Cuando se secuestra un bien, el propietario pierde su tenencia y administración, que pasan al secuestre. Por ejemplo, si se secuestra un apartamento arrendado, el secuestre es quien recibe el canon, paga los gastos necesarios y consigna el saldo a órdenes del juzgado.

El secuestre no es dueño ni poseedor de los bienes: es un mero tenedor que los tiene a nombre de quien resulte titular según la decisión judicial, como lo dispone el artículo 775 del Código Civil. Sobre la medida en sí, sus clases y la diligencia en que se practica, puede consultar nuestro artículo sobre el secuestro de bienes, y sobre la relación entre el embargo y el secuestro, el artículo sobre las medidas cautelares de embargo y secuestro.

Funciones del secuestre según el artículo 52 del Código General del Proceso.

El artículo 52 del Código General del Proceso fija las funciones y facultades del secuestre. Sus dos primeros incisos disponen:

«El secuestre tendrá, como depositario, la custodia de los bienes que se le entreguen, y si se trata de empresa o de bienes productivos de renta, las atribuciones previstas para el mandatario en el Código Civil, sin perjuicio de las facultades y deberes de su cargo. Bajo su responsabilidad y con previa autorización judicial, podrá designar los dependientes que requiera para el buen desempeño del cargo y asignarles funciones. La retribución deberá ser autorizada por el juez.

Cuando los bienes secuestrados sean consumibles y se hallen expuestos a deteriorarse o perderse, y cuando se trate de muebles cuya depreciación por el paso del tiempo sea inevitable, el secuestre los enajenará en las condiciones normales del mercado, constituirá certificado de depósito a órdenes del juzgado con el dinero producto de la venta, y rendirá inmediatamente informe al juez.»

De esta norma se desprenden tres funciones:

• Como depositario, el secuestre debe guardar y conservar los bienes, según las reglas del contrato de depósito que el artículo 2274 del Código Civil hace aplicables al secuestro.
• Administración. Si se trata de una empresa o de bienes que producen renta, como un local arrendado o una finca productiva, el secuestre tiene las facultades de un mandatario: puede cobrar los arriendos, pagar las deudas propias de la administración, contratar reparaciones e interrumpir prescripciones, según los artículos 2158 y 2279 del Código Civil. Para actos que excedan la administración ordinaria necesita autorización del juez.
• Enajenación de bienes perecederos. Si los bienes se pueden dañar o perder valor con el tiempo, como alimentos o ciertos muebles, el secuestre debe venderlos en condiciones normales de mercado y consignar el dinero.

Las reglas del mandato aplicables al secuestre se explican en nuestro artículo sobre el contrato de mandato.

Quién puede ser secuestre y quién lo designa.

Puede ser secuestre la persona natural o jurídica que esté inscrita en la lista oficial de auxiliares de la justicia y cumpla los requisitos que fija el Consejo Superior de la Judicatura en el acuerdo PSAA15-10448 de 2015. Ese acuerdo establece tres categorías de secuestres, cada una con requisitos de experiencia, infraestructura y garantías distintos, entre ellos la constitución de una póliza que respalde su gestión.

Según el artículo 48 del Código General del Proceso, el secuestre lo designa el magistrado sustanciador o el juez de conocimiento, de la lista oficial de auxiliares de la justicia. Las listas las elaboran las direcciones seccionales de administración judicial mediante convocatorias.

Hay dos excepciones a la designación de la lista, previstas en el artículo 595 del Código General del Proceso:

• Las partes, de común acuerdo, pueden designar el secuestre o pedir que los bienes se dejen al ejecutado como secuestre.
• Si el inmueble está ocupado exclusivamente como vivienda de la persona contra quien se decretó la medida, el juez se lo deja a ella como secuestre, salvo que el interesado en la medida pida que se entregue al secuestre designado.

Obligaciones del secuestre.

El secuestre debe cumplir las obligaciones de un depositario y, si administra bienes productivos, las de un mandatario. Las principales son las siguientes.

Consignar los dineros a órdenes del juzgado.

El secuestre no puede manejar los dineros que recibe como si fueran suyos. El artículo 51 del Código General del Proceso le impone constituir depósito judicial con ellos y rendir informe mensual:

«Los auxiliares de la justicia que como depositarios, secuestres o administradores de bienes perciban sus productos en dinero, o reciban en dinero el resultado de la enajenación de los bienes o de sus frutos, constituirán inmediatamente certificado de depósito a órdenes del juzgado.

El juez podrá autorizar el pago de impuestos y expensas con los dineros depositados; igualmente cuando se trate de empresas industriales, comerciales o agropecuarias, podrá facultar al administrador para que, bajo su responsabilidad, lleve los dineros a una cuenta bancaria que tenga la denominación del cargo que desempeña. El banco respectivo enviará al despacho judicial copia de los extractos mensuales.

En todo caso, el depositario o administrador dará al juzgado informe mensual de su gestión, sin perjuicio del deber de rendir cuentas.»

Es decir, el secuestre debe consignar de inmediato lo que recaude, y solo puede pagar impuestos o gastos con esos dineros si el juez lo autoriza.

No usar los bienes en provecho propio.

El secuestre no puede usar los bienes para sí ni para terceros. Si recibe un vehículo, no puede usarlo para sus desplazamientos personales; si recibe un apartamento, no puede vivir en él ni prestarlo. Solo excepcionalmente, con autorización del juez, podría hacerse algún uso que sea necesario para la conservación del bien.

Conservar y mantener los bienes.

El secuestre responde por la conservación de los bienes. Debe tomar las medidas necesarias para evitar su deterioro, como guardar los muebles en bodega segura, hacer el mantenimiento del inmueble o atender los riesgos que el bien represente para terceros.

Una lectora nos preguntó si el secuestre responde cuando no administra un predio, no cobra el arriendo y no corta unos árboles que amenazan con caer. De acuerdo con nuestro criterio, sí: si el daño se produce por no haber tomado las medidas de conservación a su cargo, el secuestre puede responder, y por eso es importante informar de inmediato al juez la omisión, por escrito, para que lo requiera o lo releve.

Rendir informes y cuentas.

Además del informe mensual del artículo 51, el secuestre debe rendir cuentas de su administración cuando el juez lo ordene y al terminar el encargo. Las cuentas deben mostrar lo recibido, lo gastado y el saldo, con los soportes.

Tanto el demandante como el demandado pueden pedir al juez que exija los informes y las cuentas, porque ambos tienen interés en los bienes: el demandado es su dueño y el demandante espera pagarse con ellos. Y el juez está obligado a vigilar la gestión del secuestre, como se explica más adelante.

Restituir los bienes.

Al terminar el encargo, el secuestre debe entregar los bienes a quien el juez indique, en el estado en que los recibió, salvo el deterioro natural por el uso legítimo. El acta de la diligencia de secuestro, en la que se relacionan los bienes y su estado según el numeral 4 del artículo 595 del Código General del Proceso, sirve de referencia para la entrega.

Honorarios del secuestre.

El secuestre tiene derecho a una remuneración por su labor. El inciso segundo del artículo 47 del Código General del Proceso establece que los honorarios de los auxiliares de la justicia «constituyen una equitativa retribución del servicio y no podrán gravar en exceso a quienes acceden a la administración de justicia».

El artículo 363 del mismo código dispone que el juez los fija según los parámetros del Consejo Superior de la Judicatura, una vez el auxiliar termine su labor o, si debe rendir cuentas, una vez estas sean aprobadas, y en el mismo auto determina quién debe pagarlos.

Los parámetros que fija el Consejo Superior de la Judicatura para los secuestres son los siguientes:

La remuneración adicional a la de la diligencia se causa una vez cumplido el encargo, aprobada la cuenta de administración y restituidos los bienes. El juez puede fijar remuneraciones parciales y sucesivas mientras dura la administración, a solicitud del secuestre y con traslado a las partes.

Supongamos que un secuestre administra durante un año un local urbano que produce un arriendo neto de $24.000.000 en el período. Si el juez fija la remuneración en el 5 %, el secuestre tendrá derecho a $1.200.000 por la administración ($24.000.000 × 5 %), además de los honorarios por la diligencia.

Sanciones al secuestre.

El secuestre que incumple sus deberes se expone a ser excluido de la lista de auxiliares de la justicia y a multas. El numeral 7 del artículo 50 del Código General del Proceso ordena excluir de la lista:

«A quienes como secuestres, liquidadores o administradores de bienes, no hayan rendido oportunamente cuenta de su gestión, o depositado los dineros habidos a órdenes del despacho judicial, o cubierto el saldo a su cargo, o reintegrado los bienes que se le confiaron, o los hayan utilizado en provecho propio o de terceros, o se les halle responsables de administración negligente.»

Además, establecido el hecho que da lugar a la exclusión, el juez lo comunica al Consejo Superior de la Judicatura, que puede imponer sanciones de hasta 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes, según el inciso tercero del mismo artículo.

El parágrafo del artículo 50 añade una consecuencia práctica:

«Siempre que un secuestre sea excluido de la lista se entenderá relevado del cargo en todos los procesos en que haya sido designado y deberá proceder inmediatamente a hacer entrega de los bienes que se le hayan confiado. El incumplimiento de este deber se sancionará con multa de cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes (smlmv) en cada proceso. Esta regla también se aplicará cuando habiendo terminado las funciones del secuestre, este se abstenga de entregar los bienes que se le hubieren confiado.»

En otras palabras, la exclusión no es solo una sanción para el futuro: el secuestre queda relevado en todos los procesos y debe entregar de inmediato todos los bienes que tenga.

Qué hacer si el secuestre se queda con el dinero o deja perder los bienes.

En la práctica ocurre que el secuestre no consigna los arriendos que recauda, los consigna solo en parte o descuida los bienes hasta que se deterioran o se pierden. Frente a eso, las partes tienen varias herramientas, que conviene usar cuanto antes.

Pedir al juez que requiera, sancione y releve al secuestre.

El primer paso es informar al juez, por escrito, el incumplimiento, y pedirle que requiera al secuestre para que rinda cuentas y consigne los dineros, que le imponga multas y que lo releve del cargo. El juez tiene el poder de hacerlo: el numeral 3 del artículo 44 del Código General del Proceso le permite sancionar con multas a los particulares que incumplan sus órdenes:

«Sancionar con multas hasta por diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes (smlmv) a sus empleados, a los demás empleados públicos y a los particulares que sin justa causa incumplan las órdenes que les imparta en ejercicio de sus funciones o demoren su ejecución.»

Además, el relevo del secuestre y la designación de uno nuevo permiten recuperar los bienes, y la póliza que el secuestre constituyó para inscribirse en la lista puede hacerse efectiva para cubrir el saldo a su cargo.

Una lectora nos preguntó qué entidad controla al secuestre que no administra el bien y no responde los derechos de petición. El control lo ejerce el juez del proceso, no una entidad administrativa. Por eso, el reclamo debe presentarse en el proceso, mediante memorial dirigido al juez, y no mediante derecho de petición al secuestre.

Exigir la rendición de cuentas.

Las partes pueden pedir que el secuestre rinda cuentas de su gestión. Si no lo hace o las cuentas no son satisfactorias, puede acudirse al trámite de la rendición provocada de cuentas para que se determine el saldo a su cargo y se le condene a pagarlo.

Denunciar penalmente.

Si el secuestre se apropia del dinero o de los bienes, puede haber un delito. De acuerdo con nuestro criterio, como el secuestre es un particular que ejerce transitoriamente una función pública, la apropiación de los bienes cuya custodia se le confió por razón de ese cargo puede encuadrarse en el peculado por apropiación del artículo 397 del Código Penal, en concordancia con el artículo 20 del mismo código, que considera servidores públicos, para efectos penales, a los particulares que ejercen funciones públicas. En su defecto, podría configurarse el abuso de confianza del artículo 249. La calificación concreta le corresponde a la Fiscalía y al juez penal.

Demandar al Estado por reparación directa.

Cuando el daño se produce porque el juez no vigiló al secuestre, la víctima puede demandar a la Nación, representada por la Rama Judicial, por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia. El artículo 69 de la ley 270 de 1996, estatutaria de la administración de justicia, dispone:

«Fuera de los casos previstos en los artículos 66 y 68 de esta ley, quien haya sufrido un daño antijurídico, a consecuencia de la función jurisdiccional tendrá derecho a obtener la consiguiente reparación.»

La demanda se presenta ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo mediante el medio de control de reparación directa, que explicamos en el artículo sobre la reparación directa, su caducidad y cómo demandar al Estado. El plazo para demandar es de 2 años, y antes debe agotarse la conciliación extrajudicial.

El Consejo de Estado ha condenado a la Nación en casos de este tipo. En la sentencia 42796 del 10 de mayo de 2017, la Sección Tercera reprochó al juez su pasividad frente al secuestre:

«No obstante lo anterior, no obra prueba de que, previo a las solicitudes de los interesados, el juzgado haya requerido por iniciativa propia al secuestre para ese efecto durante toda su gestión, la cual inició el 2 de mayo de 2007, fecha en la que éste se posesionó en las diligencias de secuestro de los bienes inmuebles, lo que quiere decir que el juez permaneció indiferente a la actividad del secuestre durante 18 meses –del 2 de mayo de 2007 al 10 de noviembre de 2008-, pues en esta última fecha el juzgado requirió por primera vez al secuestre de los inmuebles embargados y secuestrados en el proceso de sucesión, para que rindiera cuentas de su administración.»

Y concluyó que la omisión del juez causó el daño:

«De haber desarrollado sus funciones a cabalidad, el juzgado hubiera detectado la negligencia y la actuación irregular del secuestre, le hubiera solicitado oportunamente la rendición de cuentas y hubiera tomado las medidas tendientes a relevarlo de ese cargo desde antes, con lo que se hubiera evitado, por casi 18 meses, el daño por el que aquí se demandó.»

En la sentencia 45581 del 29 de noviembre de 2019, la misma Sección Tercera declaró responsable a la Nación en un caso en que el secuestre dejó a la intemperie una maquinaria secuestrada sin rendir informes:

«En este caso está demostrado que en el proceso ejecutivo singular en el que se ejecutó la medida de secuestro de la maquinaria y al que se acumularon las medidas cautelares decretadas en el proceso ejecutivo laboral iniciado por los aquí demandantes, el secuestre encargado de la custodia y administración de la maquinaria secuestrada no cumplió con los deberes a su cargo porque no presentó informes de administración durante el tiempo de vigencia de la medida cautelar y porque permitió que los bienes permanecieran a la intemperie y expuestos al deterioro que finalmente padecieron.

A su vez, el funcionario judicial director proceso ejecutivo no ejerció los poderes correccionales para lograr el cumplimiento de las funciones a cargo del secuestre durante el tiempo que estuvo vigente la medida cautelar pues, a pesar de que el auxiliar judicial no rindió informe oportuno sobre las condiciones de custodia y de administración de los bienes, no requirió la presentación de estos y tampoco acudió a medidas sancionatorias como la imposición de multas o la exclusión de la lista de auxiliares de la justicia.»

De estas sentencias se desprende que la responsabilidad del Estado se funda en la omisión del juez, que tiene el deber de vigilar al auxiliar que designó. Por eso es importante que las partes dejen constancia escrita, en el proceso, de sus solicitudes de requerimiento y relevo: esas constancias son la prueba de que el juez conocía el problema.

Queja disciplinaria contra el juez.

Si el juez fue negligente en la vigilancia del secuestre, también puede presentarse queja disciplinaria ante la Comisión Seccional de Disciplina Judicial. El inciso del artículo 7 del Código General del Proceso recuerda que los jueces «son responsables de cualquier demora que ocurra en ellos si es ocasionada por negligencia suya».

Recomendaciones para las partes.

Los procesos pueden durar años, y un secuestre negligente puede causar un perjuicio que afecta tanto al demandado, que es el dueño del bien, como al demandante, que espera pagarse con él. Por eso, recomendamos:

1. Revisar el acta de la diligencia de secuestro y verificar que describa con detalle los bienes y su estado.
2. Pedir al juez copia de los informes mensuales del secuestre y de los depósitos judiciales que haya constituido.
3. Informar por escrito al juez cualquier irregularidad apenas se conozca, y pedir el requerimiento, la multa y el relevo.
4. Cuando sea posible, acordar con la contraparte la designación de un secuestre de confianza o que el bien quede en poder del ejecutado como secuestre, según el artículo 595 del Código General del Proceso.
5. Evaluar si conviene levantar la medida prestando caución, según el artículo 597 del mismo código, o llegar a un acuerdo de pago que haga innecesario el secuestro.

Un acuerdo entre las partes muchas veces evita el riesgo de que los bienes se deterioren durante el proceso, y por eso conviene explorarlo antes de que el secuestre tome el control de un negocio o de un inmueble.

A continuación respondemos las preguntas frecuentes de nuestros lectores sobre el secuestre.