Término para impugnar una sucesión intestada

Una sucesión ya terminada, sea por escritura en notaría o por sentencia de un juez, se puede impugnar pidiendo su nulidad, y el término para hacerlo es de diez años cuando se trata de nulidad absoluta, según el artículo 2536 del Código Civil, como lo precisó la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia SC13021-2017. Pero no es la única vía, ni todas tienen el mismo plazo. ¿Cuál corresponde a cada caso y quién ya no puede reclamar?

Qué es lo que se impugna.

La sucesión intestada, que es la de quien murió sin testamento, termina con un acto de partición: el reparto de los bienes entre los herederos. Ese acto consta en uno de dos documentos.

• La escritura pública de partición y adjudicación, cuando se hizo por notaría.
• La sentencia que aprueba la partición, cuando se hizo por juzgado.

Ambos pueden ser atacados. Las razones más frecuentes son que se dejó por fuera a un heredero, que se incluyó a quien no lo era, que se ocultaron o se inventaron bienes o deudas, que un heredero firmó engañado o que el reparto fue gravemente desigual.

La regla de fondo está en el artículo 1405 del Código Civil:

«Las particiones se anulan o se rescinden de la misma manera y según las mismas reglas que los contratos. La rescisión por causa de lesión se concede al que ha sido perjudicado en más de la mitad de su cuota.»

Esto quiere decir que la partición se trata como un contrato: es nula absolutamente si le falta un requisito esencial o tiene objeto o causa ilícitos, y es rescindible, o relativamente nula, si hubo error, fuerza o dolo, o si causó una lesión grave a un heredero.

• Liquidador de intereses judiciales y comerciales
• Calculadora de retención en la fuente por salarios
• Liquidador de pensiones en Colpensiones

Primero, las oportunidades dentro del trámite.

Antes de hablar de nulidades conviene recordar que la ley da oportunidades para reclamar mientras la sucesión está en curso, y que quien las deja pasar ve reducidas sus opciones.

En el juzgado, presentado el trabajo de partición, el artículo 509 del Código General del Proceso ordena dar traslado por cinco días para que cualquier interesado lo objete. Si la objeción prospera, el juez ordena rehacer la partición.

En la notaría, el decreto 902 de 1988 ordena publicar un edicto, y si antes de firmarse la escritura se presenta otro interesado o surge un desacuerdo, el notario debe terminar la actuación.

Hay además una regla severa para el heredero que fue citado y no se presentó. El artículo 492 del Código General del Proceso presume que repudió la herencia y agrega:

«En ningún caso, estos adjudicatarios podrán impugnar la partición con posterioridad a la ejecutoria de la sentencia que la aprueba.»

De modo que el heredero que recibió la notificación del juzgado y la ignoró no puede después pedir la nulidad de la partición. La impugnación está pensada para quien no tuvo oportunidad de defenderse, no para quien la desaprovechó.

Vías para impugnar la sucesión y sus términos.

Terminada la sucesión, el camino depende de cuál sea el defecto. El siguiente cuadro resume las vías y sus plazos:

Como se puede observar, no todo desacuerdo con una sucesión se resuelve con la misma acción, y escoger la equivocada puede llevar a que el juez la niegue. Veamos cada una.

Nulidad absoluta: diez años.

Es la vía para los defectos más graves. En cuanto a su término, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia resolvió en la sentencia SC13021-2017 la duda que suele plantearse entre los cuatro años de la rescisión y los diez de la prescripción ordinaria:

«Como se desprende del aludido mandato, allí se previó el término de caducidad de la acción de rescisión, no el de la nulidad absoluta deprecada. En consecuencia, el lapso aplicable sería el de prescripción plasmado en el artículo 2536 de la misma obra, esto es, veinte años, reducido a una década con la Ley 791 de 2002 […].»

La Corte precisa que el artículo 1750 del Código Civil, con sus cuatro años, gobierna únicamente la rescisión, y que para la nulidad absoluta rige la prescripción general del artículo 2536, que es de diez años desde la ley 791 de 2002.

Se cuentan desde que el acto queda en firme: la fecha de la escritura o la ejecutoria de la sentencia. Y la prescripción no opera sola: debe alegarla el demandado, porque el juez no puede declararla de oficio. En el caso que decidió la Corte, justamente, los demandados no la propusieron a tiempo y por eso su alegato fue desechado.

Rescisión: cuatro años.

Procede cuando el consentimiento del heredero estuvo viciado, por ejemplo porque firmó el poder o la partición engañado sobre el valor o la existencia de los bienes, o cuando la partición lo perjudicó en más de la mitad de lo que le correspondía.

Supongamos que a un heredero le tocaban bienes por $100.000.000 y en la partición recibió un lote avaluado en ese valor que en realidad vale $40.000.000. Fue perjudicado en más de la mitad de su cuota y puede pedir la rescisión por lesión.

El término es de cuatro años, que el artículo 1750 del Código Civil cuenta, en caso de error o dolo, desde el día de la partición, y en caso de fuerza, desde que esta cesa. Probar el engaño no es sencillo cuando el heredero otorgó poder y el reparto se hizo conforme a él.

Petición de herencia: diez años.

Cuando el problema es que un heredero no fue tenido en cuenta, la vía natural no es la nulidad sino la acción de petición de herencia del artículo 1321 del Código Civil, con la que el excluido pide que se le reconozca su calidad y se le entregue su cuota.

Su término es de diez años según el artículo 1326 del Código Civil. Sobre cómo se cuenta y sus matices tratamos en el artículo sobre el plazo para hacer una sucesión en Colombia.

En la sucesión notarial hay además una salida más simple si los demás colaboran. El numeral 6 del artículo 3 del decreto 902 de 1988 permite al interesado que aparece después de la escritura pedir al mismo notario, junto con quienes intervinieron, que la liquidación se rehaga.

Recurso de revisión: dos años.

Solo aplica a la sucesión judicial. Es un recurso extraordinario contra sentencias en firme, por causales taxativas del artículo 355 del Código General del Proceso, entre ellas haberse fundado en documentos falsos, haber existido colusión o maniobra fraudulenta, o no haberse notificado o emplazado debidamente a quien debía serlo.

Por regla general debe interponerse dentro de los dos años siguientes a la ejecutoria de la sentencia.

Bienes que quedaron por fuera.

Si lo que se reprocha es que no se incluyeron todos los bienes, no hay que anular nada. Lo repartido se mantiene y los bienes omitidos se reparten con una partición adicional, como explicamos al responder si se puede hacer sucesión sobre un solo bien.

La misma sentencia SC13021-2017 marca la frontera: la partición adicional sirve para bienes nuevos, no para volver a repartir los mismos. Quien quiere cambiar lo ya adjudicado necesita la nulidad o la rescisión.

Cuando el perjuicio está en el poder que se firmó.

Hay un escenario que se repite con frecuencia: el heredero o el cónyuge no intervino personalmente en la sucesión. Firmó un poder a un hijo, a un hermano o a un abogado, confió en que se encargarían de todo, y mucho después se enteró de que en ese documento había un renglón que no esperaba, como una renuncia a los gananciales, la aceptación lisa y llana de la herencia o la aprobación de un reparto desigual.

En estos casos la pregunta no es solamente si la partición se puede anular, sino algo previo: si el apoderado estaba facultado para hacer lo que hizo. La respuesta cambia por completo la acción que se debe ejercer y el plazo que se tiene.

Lo que un poder no autoriza por sí solo.

El poder es un mandato, y el mandato no habilita para todo. El artículo 2158 del Código Civil enumera los actos de simple administración que el mandatario puede realizar sin autorización adicional, y cierra con una regla que conviene tener presente:

«Para todos los actos que salgan de estos límites, necesitará de poder especial.»

Y el artículo 2186 del mismo código fija el efecto de esos límites frente al poderdante:

«El mandante cumplirá las obligaciones que a su nombre ha contraído el mandatario dentro de los límites del mandato.»

Leídas juntas, las dos normas significan que lo que el apoderado hizo por fuera de sus facultades no obliga a quien dio el poder: le es inoponible. Y esa es una discusión distinta de la nulidad o la rescisión de la partición, porque no se alega un vicio del consentimiento, sino que nunca hubo consentimiento sobre ese punto.

Por eso, al redactar o al revisar un poder para una sucesión, hay que mirar si contiene facultad expresa para los actos que no son de simple administración. Entre ellos:

• Renunciar a los gananciales de la sociedad conyugal.
• Repudiar la herencia o renunciar a la porción conyugal.
• Aceptar la herencia sin beneficio de inventario.
• Reconocer deudas de la sucesión o incluirlas en la hijuela de deudas.
• Transigir, desistir, o aprobar un trabajo de partición que no respete las cuotas.

De acuerdo con nuestro criterio, un poder que solo autoriza a «representarme en el proceso de sucesión» no cubre ninguno de esos actos, porque todos ellos implican disponer del derecho, no administrarlo.

La renuncia a los gananciales incluida en el poder.

Es el caso más frecuente y el que más daño causa. Recordemos que los gananciales son la mitad que le corresponde al cónyuge sobreviviente al liquidar la sociedad conyugal, y no son herencia: son suyos a título propio, de manera que renunciar a ellos equivale a entregar la mitad del patrimonio.

La ley permite esa renuncia. Dice el artículo 1775 del Código Civil:

«Cualquiera de los cónyuges siempre que sea capaz, podrá renunciar a los gananciales que resulten a la disolución de la sociedad conyugal, sin perjuicio de terceros.»

La renuncia, entonces, es válida, pero exige dos cosas: que sea del cónyuge y que sea expresa. De acuerdo con nuestro criterio, un renglón genérico incrustado en un poder cuyo objeto es tramitar la sucesión no satisface ninguna de las dos, porque ni el cónyuge manifestó su voluntad de renunciar ni el apoderado tenía facultad expresa para hacerlo por él.

Hecha válidamente, en cambio, la renuncia no tiene reversa por simple arrepentimiento. Así lo establece el artículo 1838 del Código Civil:

«Hecha una vez la renuncia, no podrá rescindirse, a menos de probarse que la mujer o sus herederos han sido inducidos a renunciar por engaño o por un justificable error acerca del verdadero estado de los negocios sociales. Esta acción rescisoria prescribirá en cuatro años contados desde la disolución de la sociedad.»

De esa norma se desprenden dos consecuencias prácticas. La primera es que el engaño o el error deben probarse. La segunda, y la más dura, es que los cuatro años se cuentan desde la disolución de la sociedad conyugal, es decir, desde el fallecimiento del cónyuge, y no desde el día en que el afectado se enteró de lo que había firmado.

Esa forma de contar deja por fuera a muchas personas que descubren el problema años después. Por eso, cuando los cuatro años ya pasaron, la discusión útil rara vez es la rescisión de la renuncia: es la falta de facultad en el poder, que no se rige por ese término sino por la prescripción ordinaria de diez años del artículo 2536 del Código Civil.

Conviene añadir que si el cónyuge era incapaz, la renuncia solo podía hacerse con autorización judicial, conforme al artículo 1837 del Código Civil, y que la edad avanzada, por sí sola, no implica incapacidad.

Otros renglones que suelen pasar inadvertidos.

La renuncia a gananciales no es lo único que aparece en los poderes y termina perjudicando a quien los firmó. Estos son los que vemos con más frecuencia:

Aceptación sin beneficio de inventario. El heredero queda respondiendo por las deudas de la sucesión más allá de lo que recibió. La aceptación con beneficio de inventario limita esa responsabilidad al valor de los bienes heredados.

Repudio de la herencia. Un poder puede terminar renunciando a la herencia en nombre del heredero, con lo cual su cuota pasa a los demás. Es un acto de disposición y requiere facultad expresa.

Reconocimiento de deudas. Admitir pasivos que nunca existieron reduce la masa a repartir. Las deudas se llevan a la hijuela de deudas, y deben estar probadas.

Aprobación del trabajo de partición. Si el apoderado aceptó un reparto que perjudica al poderdante en más de la mitad de su cuota, además de la falta de facultad hay lesión, y procede la rescisión de la partición.

En todos los casos el documento que hay que leer primero no es la escritura, sino el poder, porque allí está la prueba de hasta dónde podía llegar el apoderado.

Qué se puede reclamar y en cuánto tiempo.

Reunidos los elementos anteriores, el afectado por lo que se firmó en un poder tiene estas alternativas, que no se excluyen entre sí y suelen plantearse de forma conjunta:

De acuerdo con nuestro criterio, el primer paso en estos casos no es demandar, sino pedir en la notaría o en el juzgado copia del poder y de la escritura o la sentencia, y confrontarlos. Si el poder no tenía la facultad expresa, la acción que se escoja será la de inoponibilidad y no la de rescisión, y el plazo deja de ser el obstáculo.

Oposición a una sucesión notarial en curso.

Distinto es oponerse a tiempo. Quien se entera de que en una notaría se está tramitando una sucesión que lo desconoce o con la que no está de acuerdo tiene dos herramientas, ambas del decreto 902 de 1988:

1. Presentarse a la notaría antes de que se firme la escritura, acreditando su calidad. Según los numerales 5 y 7 del artículo 3, si no se llega a un acuerdo que lo incluya, el notario debe dar por terminada la actuación.
2. Iniciar el proceso judicial de sucesión y llevar la prueba a la notaría. El artículo 10 ordena al notario terminar su actuación y enviarla al juez.

Oponerse es siempre más fácil que anular. Por eso conviene estar atento a los edictos y consultar el Registro Nacional de Apertura de Procesos de Sucesión. El trámite notarial lo explicamos en el artículo sobre la sucesión por notaría.

A continuación respondemos las preguntas frecuentes de nuestros lectores.

• Liquidador de renta personas naturales
• Liquidador de intereses propiedad horizontal
• Guía de propiedad horizontal
• Proyección y planeación pensional
• Guía Laboral 2026
• Guía de arrendamiento sin riesgo